Anderson es editora sénior en Grist, donde trabaja desde 2019. Anteriormente trabajó como editora asociada en Slate y editora ejecutiva en Digg.

Economistas, sociólogos, psicólogos y políticos han demostrado una relación causal entre el cambio climático y el auge de actitudes autoritarias. Los Estados autoritarios, al no estar sujetos a restricciones de derechos humanos ni a mecanismos de supervisión democrática, ejercen mayor control al atender situaciones de impacto ambiental. Esto puede incluir el uso de trabajo forzoso o la represión de disidencias que obstaculicen proyectos verdes, como ocurre en China con la rápida instauración de energías renovables.

Este tipo de control plantea una pregunta central en los debates actuales: ¿son los regímenes autoritarios más eficaces para enfrentar el cambio climático debido a su falta de restricciones institucionales? Y más aún: ¿vale la pena sacrificar libertades fundamentales por resultados ambientales inmediatos?

El dilema no es menor. Si bien los gobiernos autoritarios pueden actuar con rapidez, lo hacen muchas veces a costa de los derechos humanos. El reto, entonces, recae en las democracias liberales: ¿pueden actuar con la misma eficacia sin traicionar sus valores fundamentales? Es decir, sin recurrir a la represión, la censura o la exclusión de minorías.

Incluso en democracias consolidadas persisten obstáculos estructurales que pueden limitar las acciones climáticas. En Estados Unidos, por ejemplo, mecanismos como el filibusterismo —una estrategia parlamentaria que permite retrasar o bloquear decisiones legislativas— han obstaculizado avances contra el cambio climático.

En la década de 2014 han emergido líderes autocráticos y regímenes con poder centralizado que han desdibujado los límites del discurso democrático. Han utilizado a minorías religiosas y étnicas como chivos expiatorios, desacreditado el periodismo al tildar de falsas las noticias, arrestado a opositores y desmantelado contrapesos institucionales. Casos como el de Narendra Modi en India, Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos muestran cómo el discurso autoritario puede reforzarse en contextos de crisis.

En este mismo orden de ideas, el agravamiento de fenómenos como tormentas, sequías, incendios forestales, cortes de luz y escasez de agua puede empujar a individuos y naciones hacia una dirección autoritaria. Los desastres climáticos generan miedo e incertidumbre, sobre todo cuando coinciden con procesos históricos de erosión democrática.

Asimismo, surgieron las llamadas “autocracias de tormenta”, término utilizado para describir a países insulares que han experimentado dictaduras persistentes y donde se ha predicho que la autocracia podría aumentar con el tiempo, a medida que el cambio climático incremente la probabilidad de catástrofes.

Una reacción común ante estos escenarios es buscar figuras fuertes que prometan soluciones rápidas, orden y estabilidad, evocando un pasado idealizado. Así ocurrió en Filipinas tras el supertifón Yolanda de 2013: el entonces alcalde Rodrigo Duterte capitalizó políticamente el desastre. Su presencia constante, la distribución de dinero en efectivo y su discurso agresivo lo catapultaron a la presidencia en 2016. Durante su mandato, aplicó políticas represivas, impulsó leyes marciales y ordenó miles de asesinatos extrajudiciales en nombre de una "guerra contra las drogas".

Un caso similar ocurrió en República Dominicana en 1930, cuando un huracán permitió al dictador Rafael Trujillo declarar la ley marcial, eliminar a la oposición y erigir un culto a su persona. Estas respuestas autoritarias no son simples coincidencias: son estrategias políticas que explotan el miedo colectivo y la necesidad de soluciones inmediatas.

Desde la psicología, se ha observado que el cambio climático intensifica emociones como la ansiedad, la frustración o la desesperanza, que pueden hacer más atractivas las narrativas autoritarias. Frente a esta amenaza, el texto original plantea una propuesta clave: fomentar una identificación grupal positiva. Esto significa que las personas se perciban como parte de una comunidad solidaria, comprometida con la justicia ambiental y la cooperación colectiva. Esta identidad compartida puede contrarrestar el impulso autoritario al ofrecer un sentido de pertenencia y agencia frente a la crisis climática.

En este marco, el activismo climático no solo representa una forma de protesta, sino también una herramienta de transformación emocional y política. Cuando se basa en valores de equidad, participación y bienestar común, puede generar beneficios tangibles para las comunidades y fortalecer el tejido democrático.

Además, se plantean soluciones estructurales como saldar deudas sociales, aumentar impuestos a los más ricos y reducir la desigualdad, con el fin de evitar que la inseguridad social derive en apoyo a líderes autoritarios. El activismo y la participación ciudadana son cruciales, siempre que se traduzcan en políticas públicas concretas y en una mejora visible en la vida cotidiana.

Finalmente, el texto rechaza la idea de que el autoritarismo sea un destino inevitable. Si bien existen tendencias preocupantes, el futuro político sigue abierto. La acción política colectiva y consciente puede redefinir el rumbo. Las decisiones que se tomen —o no se tomen— frente al cambio climático determinarán si las sociedades optan por reforzar sus valores democráticos o sucumben ante la tentación del autoritarismo.