A losing battle. Brazil is bashing its patron saint of the environment
The Economist [2025], "A losing battle. Brazil is bashing its patron saint of the environment", The Economist, London, 12 de julio, https://www.economist.com/the-americas/2025/07/09/brazil-is-bashing-its-...
El regreso de Marina Silva al Ministerio de Medio Ambiente en 2023, después de haber sido un referente global por reducir en 50% la deforestación amazónica durante su primera gestión, se da en un contexto de tensión política y retrocesos. A pesar de su trayectoria impecable, hoy es blanco de agresiones misóginas por parte del Congreso.
Lejos de cuestionar su trabajo, recurren a descalificaciones sustentadas en su género, utilizando un discurso machista que refleja un imaginario conservador profundamente arraigado en el catolicismo. En ella se personifica el desprecio institucional hacia el ambientalismo, pues no se le ataca por su gestión, sino por ser mujer y defensora de una causa incómoda para los poderes dominantes.
Este escenario revela un dilema profundo para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Cumplirá su promesa de liderazgo climático frente al mundo, especialmente como anfitrión de la COP30, o cederá ante el poder legislativo, actualmente controlado por lobbies del agronegocio, la minería y los combustibles fósiles, que impulsan una agenda donde la sostenibilidad ambiental deja de ser prioridad en favor de conservar el poder político?
Aunque Lula fortaleció al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), y logró reducir la deforestación a corto plazo, ahora se enfrenta a presiones económicas internas que lo empujan a negociar con los sectores que buscan desregular el territorio. Ha incrementado el gasto social, elevado el salario mínimo y propuesto una exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan menos de 5 mil reales al mes, equivalentes a unos 920 dólares.
Estas medidas, si bien responden a una visión social, han generado un vacío fiscal. Ante esta situación, el gobierno brasileño empieza a considerar más redituable permitir la venta fragmentada del Amazonas a los intereses empresariales que asegurar su conservación. Se estima que solo en concesiones petroleras podrían obtenerse alrededor de cuatro mil millones de dólares, lo cual intensifica la presión por abrir a la explotación zonas ambientalmente sensibles como el Margen Ecuatorial, donde actualmente el IBAMA prohíbe la perforación debido a su cercanía con la desembocadura del río Amazonas.
La propuesta legislativa impulsada por el Congreso eliminaría evaluaciones de impacto ambiental para proyectos catalogados como “de impacto medio o pequeño”. Incluso permitiría que los propios empresarios evalúen los riesgos de sus iniciativas, y otorgaría licencias exprés a proyectos que el gobierno declare “estratégicos”.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) calificó esta iniciativa como el mayor retroceso legal en materia ambiental en las últimas cuatro décadas. A ello se suma que algunos legisladores y gobernadores intentan reclasificar territorios amazónicos para facilitar la tala, mientras otros buscan completar grandes obras como la carretera BR-319, que atravesaría selva virgen.
Frente a esta ofensiva legislativa, la única institución que se mantiene como contrapeso real es la Corte Suprema de Brasil. Esta ha dictaminado que los proyectos con impacto medio no deben acceder a licencias exprés, y ya se anticipa una batalla legal si la ley avanza.
El conflicto es estructural, ético y político. Lo que está en juego no es solamente la credibilidad internacional de Brasil como líder climático, sino la defensa del interés público y del patrimonio natural frente a una lógica extractivista que busca ganancias inmediatas. La pregunta de fondo es si el Estado brasileño protegerá el derecho colectivo a un ambiente sano, o si terminará subordinando su responsabilidad ante la población para favorecer a los lobbies que garantizan estabilidad política y recursos fiscales a corto plazo.
Cada Nube
Solo 34 de los 172 bloques petroleros subastados encontraron compradores. Incluso el sindicato de trabajadores del sector se opuso a licencias en zonas cercanas a la desembocadura del Amazonas.
1) Brasil cuenta con 27 estados y más de 5 000 municipios, que a veces aplican sus propias reglas. Esto representa una molestia para las empresas que operan en distintas regiones. Sin embargo, la ley propuesta desmantelaría las protecciones ambientales y abriría nuevas vías para la corrupción.
2) Legisladores en Mato Grosso buscan reclasificar partes del estado como sabana tropical en lugar de Amazonía, lo que permitiría a los agricultores talar hasta 65% de los árboles en sus tierras, cuando en la actualidad solo se cuenta con 20%. Además, se promueve la reactivación de la BR-319, una carretera de 900 kilómetros que atraviesa selva virgen y cuya finalización ha sido prometida por Lula antes de terminar su mandato.
3) El obstáculo final son las frágiles finanzas del gobierno. El FMI señala que la deuda pública alcanzará 92% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, frente al 60% en 2013. Gran parte de este endeudamiento ocurrió bajo los predecesores de Lula. Sin embargo, él no está ayudando. Sin recurrir a trucos contables, el gobierno no alcanzará su meta fiscal de lograr un superávit primario de 1% para 2026.
4) La gráfica muestra que la producción de soya en Brasil se concentra principalmente en el centro-oeste del país, especialmente en el estado de Mato Grosso, que aparece en los tonos más intensos de rojo, lo que indica volúmenes superiores a dos mil toneladas. También se distinguen otros focos productivos relevantes en el sur y sudeste del país, aunque en menor escala. Asimismo, la expansión de la soya se concentra en la zona de transición entre el Amazonas y el Cerrado, con impacto económico por su peso exportador y ambiental por la presión sobre ecosistemas frágiles.
La situación en Brasil ilustra cómo los intereses económicos, tanto nacionales como transnacionales, están desplazando los límites de lo ambientalmente aceptable, presionando al Estado para flexibilizar normativas en favor de la rentabilidad. Esta tendencia no solo compromete los ecosistemas estratégicos como la Amazonía, sino que también evidencia una ruptura entre las promesas de sostenibilidad y las decisiones políticas reales. Frente a ello, la defensa del ambiente no puede desvincularse de una crítica profunda a la forma en que se estructura el poder entre empresas, gobierno y sociedad, ya que en ese desequilibrio se gestan amenazas que trascienden lo local y se convierten en riesgos globales.
