Antártida, el continente más austral del planeta, ha sido considerado por décadas un territorio destinado exclusivamente a fines pacíficos y científicos gracias al Tratado Antártico de 1961. Este acuerdo logró, incluso en plena Guerra Fría, mantener a la región al margen de conflictos geopolíticos y de la explotación económica. En la actualidad, alberga una pequeña población de investigadores y millones de pingüinos, pero enfrenta crecientes tensiones que ponen en riesgo ese modelo de cooperación internacional.

El consenso que caracterizó al tratado se está resquebrajando. En 2023, Rusia y China bloquearon propuestas para preservar la vida marina, lo que reflejó la falta de cooperación. Además, la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a un buque ruso dedicado a prospecciones petroleras expuso cómo algunos países están forzando los límites de la prohibición de explotar recursos en la región. Estas tensiones han dado inicio a una nueva “carrera por Antártida”, marcada por intereses estratégicos, militares y económicos.

Varios países han acelerado la construcción y expansión de bases en la zona, muchas con posibles fines duales: científicos y militares. China, por ejemplo, ha duplicado el número de estaciones en la última década y equipa algunas con instalaciones de monitoreo satelital que pueden tener aplicaciones bélicas. Rusia, India, Irán y Arabia Saudita también muestran ambiciones crecientes. Aunque el tratado prohíbe actividades militares, las naciones aprovechan vacíos legales que permiten a fuerzas armadas operar bajo el pretexto de investigación pacífica datos cruciales 1-3).

Otro motivo central del renovado interés es económico. El deshielo y los avances tecnológicos vuelven más factible la explotación de minerales, petróleo, gas y pesquerías como el krill. Aunque el Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la minería, países como China y Rusia realizan prospecciones encubiertas bajo la etiqueta de “investigación científica”. Estas maniobras alimentan la expectativa de que, hacia 2048, cuando la norma pueda modificarse con mayoría calificada, se abra la puerta a la extracción masiva de recursos.

Finalmente, el deterioro del sistema de gobernanza se refleja en prácticas ilegales, como la pesca en áreas protegidas, y en el bloqueo de inspecciones internacionales. La desconfianza, exacerbada por conflictos globales como la guerra en Ucrania, ha paralizado la capacidad del tratado para resolver disputas. De este modo, el futuro de Antártida, antes símbolo de cooperación pacífica, se perfila cada vez más como escenario de rivalidades geopolíticas, explotación de recursos y debilitamiento del marco legal que la protegía (datos cruciales 4 y 5).

Incluso los pingüinos están desconcertados

Este cierre retoma la imagen de los pingüinos para ilustrar el grado de desconcierto ecológico y diplomático que impera en Antártida. A pesar de las promesas de crear reservas marinas y proteger especies, las iniciativas se han estancado por los vetos de Rusia y China. Ni siquiera el pingüino emperador ha logrado ser clasificado como especie protegida.

La metáfora refuerza el tono de advertencia del artículo: no sólo la fauna está en peligro, sino el sistema multilateral mismo. La pérdida de legitimidad y eficacia del tratado amenaza con abrir disputas territoriales congeladas desde 1961. Si el tratado colapsa, las ambiciones suspendidas de diversos países podrían desembocar en un escenario caótico de explotación unilateral.