La historia del sistema financiero estadounidense muestra que los grandes desastres suelen desembocar en reformas regulatorias profundas: la Guerra Civil trajo la supervisión bancaria federal, la Gran Depresión derivó en el seguro de depósitos y la crisis de 2008 originó la Ley Dodd-Frank. Sin embargo, la tendencia es que con el tiempo estas medidas se debiliten, las lecciones se olviden y surjan nuevos actores que desplazan a los bancos tradicionales. Tras 2008, la imposición de mayores requisitos de capital y el reforzamiento de la vigilancia limitaron el margen de acción de la banca. En ese vacío prosperaron los gestores de activos y los fondos de cobertura, que crecieron en actividades como el crédito privado y el arbitraje financiero. Su auge estuvo respaldado por la política monetaria laxa y la fuerte demanda global de activos estadounidenses, consolidando la percepción de que representan un nuevo orden más dinámico y resistente que el anterior.

El orgullo precede a la caída

A pesar de la aparente estabilidad alcanzada, la presidencia de Donald Trump introdujo riesgos adicionales. En abril de 2025, el anuncio de aranceles masivos sacudió violentamente a los mercados, provocando una caída bursátil entre las más pronunciadas desde la Segunda Guerra Mundial y un aumento abrupto en el costo de financiamiento de las empresas. Aunque la marcha atrás parcial del presidente estabilizó temporalmente la situación, la tensión entre la sofisticación del sistema financiero y la fragilidad política es evidente. A esto se suman problemas estructurales: una deuda nacional cercana a máximos históricos y precios de activos que podrían desplomarse si los inversionistas internacionales perdieran confianza. Bajo estas condiciones, la resiliencia demostrada en el corto plazo podría ser solo una ilusión, y el sistema sigue expuesto a choques que podrían desencadenar una nueva crisis (dato crucial 1).