Brand Ulrich es catedrático de Política Internacional en la Universidad de Viena. Autor de Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica (2021), traducido a 12 idiomas. Integró el Comité Científico de ATTAC Alemania y la Comisión de Diputados y Expertos del Bundestag (2011-2013). Desde 2010 participa en el Grupo Permanente Alternativas al Desarrollo y desde 2016 en el Grupo Beyond Development.

Miriam Lang es doctora en Filosofía por la Freie Universität Berlin, con maestría en Estudios Latinoamericanos y posdoctorado en la Humboldt-Universität Berlin (2002-2004). Su investigación analizó la respuesta de Cuba a la violencia contra las mujeres: Institutionen und Zivilgesellschaft (Instituciones y sociedad civil).

Introducción

Las transiciones ecosociales no pueden apoyarse solo en políticas públicas. La experiencia histórica muestra que cuando las fuerzas emancipadoras confían en los Estados como actores principales surgen límites y contradicciones. La conversión de movimientos anticoloniales del Sur global en Estados implicó dejar atrás proyectos revolucionarios y anticapitalistas.

En el bloque soviético la política socialista no resultó emancipadora y, en el Norte, los Estados mejoraron las condiciones de vida mientras sostuvieron un crecimiento basado en la explotación de la naturaleza y de pueblos del Sur. En América Latina, los gobiernos progresistas de finales del siglo XX y los actuales de izquierda o centroizquierda, como en Chile y Brasil, confirman que la acción estatal no garantiza por sí misma una política ecosocial.

Hoy se perfila un Estado ecocapitalista donde capital, ciencia, consumidores y gobiernos atienden solo algunos aspectos de la crisis ecológica bajo reglas de las fuerzas dominantes, fenómeno que Gramsci denominó revolución pasiva. Proyectos como el Nuevo Pacto Verde y el Pacto Verde Europeo de 2019 proponen inversiones en energías renovables e impuestos fronterizos según emisiones, pero suelen omitir la dimensión internacional.

Aunque el Estado recobra protagonismo en las propuestas de transición, continúa como motor del crecimiento económico y de modelos de producción y consumo insostenibles. Falta una visión crítica que cuestione su carácter selectivo y su orientación hacia el crecimiento. Este capítulo examina esas tensiones y plantea vías de transformación socioecológica que superen una mirada centrada únicamente en la acción estatal.

Comprender el estado

El Estado es una relación de dominación estrechamente vinculada a la economía y la sociedad, aunque conserve cierta autonomía para sostener el capitalismo en su conjunto. Su función principal es asegurar condiciones de acumulación como fuerza laboral, recursos, infraestructura, dinero y estabilidad. Obtiene su base material de impuestos y aranceles generados por la producción de mercancías y el trabajo asalariado, lo que lo hace parte integral de la sociedad.

Las luchas sociales buscan que intereses específicos se conviertan en políticas generales, mientras que el capital, lejos de ser homogéneo, mantiene estrategias que a menudo chocan entre sí.

Este entramado explica que el Estado no sea un instrumento pasivo del capital, sino un organizador de conflictos y un espacio donde las relaciones de poder se concentran. Sus instituciones favorecen ciertos intereses mediante selectividades históricas y, a la vez, pueden incorporar de manera parcial demandas de sectores subordinados.

Depende de una economía en marcha y de rentas obtenidas, por ejemplo, a través de concesiones extractivas. Se encuentra atravesado por principios como la propiedad privada de los medios de producción y la presión permanente por la acumulación, con escasa consideración por las consecuencias ecológicas. En su búsqueda de competitividad internacional, suele flexibilizar la regulación ambiental.

Aunque sus aparatos son diversos y en ocasiones contradictorios, el Estado puede dar estabilidad a logros emancipadores, como frenar el uso de combustibles fósiles, impulsar el transporte sostenible o fortalecer derechos.

No obstante, esta diversidad hace difícil consolidar un proyecto político coherente. El reto actual es que fuerzas como las ecocapitalistas formulen un proyecto de alcance similar al que en su momento articuló el neoliberalismo.

Estas características confirman que cualquier estrategia de transformación socioecológica debe entender al Estado no como un ente aislado o neutral, sino como parte constitutiva de la sociedad y de las relaciones que sostienen el capitalismo, capaz de reproducirlo y, en ciertos casos, de contener sus efectos más destructivos.

Diferencias entre estados del Norte y del Sur globales

Los Estados no actúan de forma uniforme. En el Sur global arrastran un origen colonial y extractivo que dejó instituciones frágiles y dependientes. Durante siglos el derecho legitimó el despojo y negó a amplios sectores racializados la ciudadanía, el trabajo remunerado, el acceso a recursos naturales y la participación política.

Estos antecedentes, sumados a desequilibrios internos y presiones externas, sostienen relaciones de violencia y limitan la capacidad de impulsar transformaciones ecosociales.
Su base económica acentúa la dependencia. Gran parte del financiamiento proviene de concesiones y rentas de actividades extractivas que mantienen burocracias y empleos clientelares.

La influencia de capital y actores políticos extranjeros, conocida como internalización de los intereses externos, condiciona las decisiones y obstaculiza proyectos independientes. Solo en casos muy específicos el capital foráneo ha favorecido procesos de industrialización, como en algunos países de América Latina, Turquía o China.

Aun así, en el Sur global existen espacios no regidos por la lógica capitalista. Economías de subsistencia, modos de vida no capitalistas y autoridades indígenas configuran una heterogeneidad estructural que posibilita la coexistencia de distintas formas de producción y de gobierno. Experiencias como las de Ecuador y Bolivia han dado lugar a Estados plurinacionales cuyas prácticas y saberes pueden orientar estrategias de justicia ecosocial.

En contraste, los Estados del Norte global cuentan con estructuras consolidadas y menor influencia del capital extranjero, lo que les permite mayor autonomía para definir políticas. Estas diferencias muestran que una transición ecosocial requiere enfoques diferenciados según la historia, las relaciones de dependencia y las capacidades de cada región.

El estado como una relación social multiescalar: la internacionalización del estado

El Estado nacional sostiene y reproduce relaciones capitalistas, patriarcales, racializadas e internacionales que alimentan desigualdad y modelos de producción insostenibles. Su legitimidad social, su capacidad para establecer normas, sus recursos materiales y su poder de generar conocimiento lo convierten en actor central de la economía, de la provisión de servicios y de las infraestructuras. Por ello las luchas políticas se concentran en disputar su poder, incluso cuando las fuerzas emancipadoras buscan distancia.

Este carácter es multiescalar. En el plano interno, provincias, regiones y municipios poseen competencias y recursos propios, lo que permite experiencias emancipadoras en ciudades y zonas rurales. En el plano internacional, el Estado extiende su acción mediante normas, mecanismos de negociación y burocracias, en especial en la gobernanza ambiental, y asegura derechos de inversión y de propiedad intelectual.

La globalización capitalista de los años noventa representó una expansión activa del Estado: gobiernos dominantes impulsaron la creación de la Organización Mundial del Comercio y la modernización del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, junto con una extensa legislación ambiental. Estas instancias funcionan como una condensación de segundo orden de las relaciones de poder entre países y de actores que operan a escala global, reforzando asimetrías y el legado colonial en la gobernanza ambiental.

Comprender al Estado como relación social multiescalar explica su papel decisivo en las estrategias de transformación ecosocial y las barreras que provienen de su función en la reproducción del capitalismo.

Transformaciones emancipadoras y papel del estado

El imperativo de crecimiento no proviene solo de una mayor producción y consumo, también se encuentra incrustado en las estructuras del Estado que lo garantizan. Responder a la crisis múltiple exige transformar de fondo las relaciones de producción, provisión y consumo, lo que implica debilitar la influencia de oligarquías nacionales y del capital transnacional y, en muchos casos, tejer alianzas que trasciendan las fronteras.

La construcción de un cambio ecosocial requiere modificar las bases del Estado capitalista, imperial, patriarcal, colonial y racista. Esta transformación demanda la participación coordinada de movimientos sociales, comunidades organizadas, debates críticos, ciencia social y empresas públicas y privadas con orientación progresista.

Se necesitan instituciones en distintos niveles, desde lo local hasta lo global, que regulen los conflictos, definan normas obligatorias y aseguren una convivencia democrática que proteja tanto a las personas como a la naturaleza frente a intereses creados.

Las experiencias locales son valiosas pero insuficientes para frenar presiones externas o administrar infraestructuras esenciales de energía, agua y comunicaciones. Cambiar las políticas no basta: es igual de decisivo transformar los aparatos estatales, sus procesos y su personal, y solo una movilización social amplia puede alterar las relaciones de poder que los sostienen. Planificar la diversificación y contracción de las economías, reconvertir las infraestructuras y redefinir las divisiones internas e internacionales del trabajo y de la naturaleza son pasos centrales.

Movimientos climáticos con participación juvenil en distintas regiones ya muestran un potencial de movilización. Reconocer que el Estado forma parte de la sociedad permite verlo al mismo tiempo como espacio que reproduce el capitalismo y como ámbito capaz de dar continuidad a conquistas emancipadoras.