Jarvis Brook es periodista y colaborador de The New York Times Magazine. Su trabajo ha sido publicado en medios de prestigio como The New Yorker, Wired, The California Sunday Magazine y Harper’s.

La situación climática que enfrentan las comunidades costeras, especialmente las que residen en las islas del Pacífico ilustran la desigualdad ambiental que existe en el mundo. Estas comunidades apenas contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo, son quienes padecen mayores consecuencias, lo que ha motivado a los jóvenes a estudiar las causas y consecuencias de las emisiones (dato crucial 1).

En este contexto surgió un movimiento académico impulsado por los estudiantes de derecho de la clase del profesor Justin Rose, promueve el estudio al derecho climático, teniendo como objetivo prevenir y regular los daños al ambiente. El movimiento optó por una postura activa, en donde investigaron los tratados, los marcos legales internacionales e identificaron que los distintos países tienen obligaciones en la Corte Internacional de Justicia frente a la destrucción del ambiente.

El aumento del nivel del mar obliga a las comunidades del Pacífico a trasladarse a a zonas más altas debido a las inundaciones y a los daños en la infraestructura, mientras que sus ecosistemas colapsan por el calentamiento del agua y la pérdida de los corales (dato crucial 2).

Los países más afectados son lo que menos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático (dato crucial 3).

En respuesta al deterioro ocasionado por el cambio climático en 2015 se firmó el Acuerdo de París, que marcó un hito importante. Consiste en un tratado internacional negociado como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, para evitar que se superen los 2 grados Celsius con respecto a los niveles de temperatura antes de la industrialización.

Sin embargo, no se han creado los mecanismos de revisión para identificar los estados que no garantizan la justicia climática. Por ello, los estudiantes de Justine Rose impulsaron la iniciativa para tomar acción contra el cambio climático, enfocándose en los derechos humanos amenazados por el cambio climático, como la soberanía y la propiedad, solicitando a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se pronunciara sobre las obligaciones de los países respecto del derecho internacional ambiental y cuáles serían las consecuencias legales de tener impactos negativos en el ambiente.

Las comunidades enfrentan el reto de hacer cumplir las leyes internacionales que responsabilizan a los diversos países generadores de emisiones, aunque muchas de estas normas no se aplican.

Hacia finales del siglo XX se presionó a los países más industrializados para que asumieran el costo de las pérdidas y los daños causados por los efectos del cambio climático en los países más vulnerables.

La iniciativa prosperó, y en 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución que solicitó a la CIJ, emitir una opinión sobre las obligaciones de los países para proteger el ambiente frente a los daños ocasionados por las emisiones de gases de efecto invernadero, así como sobre las posibles consecuencias legales de no preservar la estabilidad climática (dato crucial 4).

Finalmente, en julio de 2025, la CIJ concluyó que los países tienen la obligación de prevenir el daño ambiental causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque no sean firmantes de los tratados climáticos. Además se reconocieron las afectaciones a los derechos de las comunidades, como el derecho de los pueblos a no perder su hogar a causa del cambio climático y a preservar su identidad cultural.

Existen demandas legales de alcance global relacionadas con el clima, que buscan responsabilizar financieramente a empresas productoras de combustibles fósiles por los daños ambientales (dato crucial 5).

A raíz de estas acciones, diversas dependencias a lo largo del mundo han emitido sus pronunciamientos; por ejemplo, el Tribunal Internacional del Derecho del mar tiene el deber legal para evitar la contaminación. Con una opinión parecida se pronunciaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, para proteger el ambiente y garantizar los derechos humanos

La acción de los estudiantes demuestra que el cuidado del ambiente no depende solo de los tratados internacionales, todos los países deben hacerse cargo de sus acciones que impacten el ambiente. De esta manera se logró responsabilizar financieramente a los estados que generan las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los países más vulnerables, logrando que el derecho ambiental se convierta en una herramienta para la protección de las comunidades de las Islas del Pacífico.