Resistir al extractivismo y construir una transición energética justa y popular en América Latina
Roa, Tatiana y Pablo Bertinat [2023], "Resistir al extractivismo y construir una transición energética justa y popular en América Latina", Miriam Lang, Breno Bringel y Mary Ann Manahan (eds.), Más allá del colonialismo verde. Justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales, Buenos Aires, CLACSO, octubre, pp. 265-280, https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249068/1/M...
Tatiana Roa Avendaño es ingeniera de petróleos por la Universidad Industrial de Santander, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bívar (Quito) y doctoranda en Humanidades por el CEDLA (Ámsterdam). Ha dedicado más de treinta años a la investigación y el activismo socioambiental en Colombia, vinculada a la organización Censat Agua Viva y al Pacto Ecosocial del Sur.
Pablo Bertinat es ingeniero electricista por la UTN, magíster en Sistemas Ambientales Humanos (CEI-UNR) y profesor titular en la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, donde dirige el Observatorio de Energía y Sustentabilidad – UTN. Su labor combina docencia, investigación y participación en redes sociales sobre energía, sustentabilidad y transformación socio-técnica.
América Latina ha acumulado luchas territoriales que defienden lo común y proponen formas alternativas de producción y energía. Comunidades indígenas y campesinas consideran los territorios, los ríos y el petróleo como elementos sagrados vinculados a la vida. Desde esa perspectiva, la energía no es solo un sector técnico, sino parte del tejido que sostiene la existencia (dato crucial 1). El capítulo expone propuestas nacidas de estas resistencias y plantea una transición energética que articule justicia social, vida comunitaria y defensa de la naturaleza (dato crucial 3 y 5). También destaca que enfrentar la crisis climática implica transformaciones culturales profundas hacia modelos donde el buen vivir sea posible y la energía se gestione colectivamente.
Sendas transitadas para abandonar los combustibles fósiles
La idea de “dejar el crudo en el subsuelo” no surge recientemente: tiene décadas de construcción desde pueblos y movimientos. Un caso clave es la resistencia del pueblo u’wa en Colombia en 1995, quienes, desde su cosmovisión, consideran el petróleo como “la sangre de la Tierra” y lograron frenar proyectos petroleros en su territorio. Su lucha amplió el debate sobre energía al incorporar dimensiones culturales y espirituales (dato crucial 2).
En 1996 se creó Oilwatch, red sur-sur que denunció los impactos ambientales y sociales de la industria petrolera y promovió una moratoria global a nuevos proyectos. La iniciativa Yasuní (Ecuador, 2007) buscó que países responsables del calentamiento compensaran económicamente para no extraer crudo, pero la falta de apoyo internacional llevó al abandono gubernamental, aunque las ideas persistieron en la sociedad civil (dato crucial 4).
Estos procesos desembocaron en nuevos avances políticos, como el anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro en 2022 de suspender nuevas exploraciones de hidrocarburos y promover una transición justa. Organizaciones sociales acompañaron esta agenda con propuestas para reducir de manera planificada la dependencia fósil en un período amplio, resaltando la necesidad de cambios culturales y participación comunitaria. Así, la lucha por dejar los combustibles fósiles se consolida como alternativa real dentro y fuera de los estados (dato crucial 5).
¿Qué se requiere cambiar y cómo?
La transición energética justa y popular se plantea desde el ecologismo popular y la justicia socioambiental. Parte de un diagnóstico que conecta emisiones, desigualdades sociales, destrucción de ecosistemas y concentración del poder corporativo sobre la energía. El sistema energético se entiende como un entramado de relaciones sociales, no solo infraestructura técnica.
La transición debe articular varias dimensiones simultáneamente: desfosilizar, democratizar, desmercantilizar, desconcentrar, descentralizar y despatriarcalizar. Es decir, no basta con cambiar la fuente energética; se requiere modificar la estructura económica, los patrones de poder y la lógica que ubica el lucro por encima de la vida.
El camino de la desmercantilización y la democratización
La energía debe ser un derecho colectivo y parte de los bienes comunes, no una mercancía. Desmercantilizar significa liberar la energía de la lógica del mercado capitalista, que prioriza la acumulación económica incluso si destruye las condiciones de vida. Esto exige recuperar lo público, pero sin reducirlo al control estatal. Lo público incluye formas comunitarias, cooperativas, comunales y municipales de gestión.
Para avanzar en este sentido, se requiere revertir las privatizaciones y revisar subsidios que favorecen a los combustibles fósiles. Se necesitan marcos legales que fortalezcan la gestión social de la energía y mecanismos de participación ciudadana que permitan que comunidades urbanas y rurales intervengan en decisiones energéticas locales (dato cruciales 5 y 6).
La remunicipalización —volver públicos aquellos servicios que fueron privatizados— y la creación de agencias locales de energía son ejemplos de herramientas concretas para la transición. Democratizar la energía implica que la información, la toma de decisiones y el control de la infraestructura sean accesibles para las comunidades y no solo para corporaciones o élites políticas.
No se trata solo de desfosilizar
Una transición no puede limitarse a sustituir combustibles fósiles por energías renovables sin cambiar el modelo productivo. Los sumideros naturales tienen capacidad limitada para absorber emisiones, y los materiales necesarios para tecnologías renovables son finitos. Por ello, la meta principal es reducir el consumo energético global, de manera planificada y justa, atendiendo inequidades entre países y grupos sociales.
Las medidas incluyen: pactar la no explotación de hidrocarburos en zonas sensibles, monitorear la disminución real del uso de energía, priorizar transporte sostenible y eficiencia energética, y abandonar la lógica de grandes subastas renovables dominadas por corporaciones. Se debe favorecer un desarrollo energético descentralizado y orientado al bien común, no al mercado.
Sobre el modelo productivo y el consumo
La transición requiere un modelo económico centrado en la vida, como proponen los feminismos que colocan el cuidado y los vínculos como principios organizadores. Debe reconocerse la existencia de límites ecológicos y humanos, valorar el trabajo de reproducción social y promover formas de consumo y producción coherentes con ciclos naturales (dato crucial 5).
Entre las propuestas concretas están: acortar las cadenas productivas para fortalecer economías locales, planificar el decrecimiento de sectores que dañan ecosistemas, eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna, transformar el transporte de carga, y revisar la infraestructura para que responda al bien común y no a la expansión ilimitada.
Además, se plantean instrumentos sociales y normativos: prohibir la obsolescencia programada, limitar publicidad de bienes dañinos, garantizar acceso equitativo a energía y vivienda digna, y restringir usos suntuarios de energía. La meta es construir nuevas formas de satisfacer necesidades humanas sin reproducir patrones depredadores.
El camino que proponen las comunidades para abordar las energías
Diversas iniciativas comunitarias en América Latina muestran que una transición es posible desde el territorio. No se reducen a instalar tecnologías renovables; implican transformar prácticas productivas, alimentarias y culturales, fortaleciendo la autonomía colectiva.
Las tecnologías empleadas incluyen paneles solares, microhidroeléctricas, aerogeneradores, biodigestores, secadores solares, bicimáquinas y sistemas de captación de agua, entre otras. Estas experiencias, llamadas “energías comunitarias” o “Ubuntus energéticos”, se basan en la solidaridad, la colaboración y el cuidado mutuo. Buscan que las comunidades sean productoras y administradoras de su energía, no solo consumidoras pasivas.
Este enfoque desafía un sistema centralizado, patriarcal y colonial. Propone relocalizar actividades, fortalecer la participación democrática y reconfigurar la relación entre lo social, lo ecológico y lo político. Las energías comunitarias son, por tanto, prácticas y también una visión del mundo que pone límites al crecimiento y reimagina la vida en común.
Conclusión
La transición energética justa y popular es urgente y va más allá de la tecnología: es un proceso cultural y político que requiere transformar la economía, las instituciones y las formas de vida. Para tener éxito, debe recuperar lo público, redistribuir el poder, reconocer la energía como derecho colectivo y articular el cuidado de la naturaleza con la justicia social.
Estados y movimientos deben actuar de manera complementaria: reformando leyes, eliminando privilegios fósiles, fomentando participación comunitaria y fortaleciendo experiencias locales que encarnan otras maneras de vivir la energía. Estas propuestas invitan a construir un futuro donde la vida —y no el mercado— esté en el centro.
1. El bloque petrolero Samoré abarcaba 209 mil hectáreas del territorio ancestral u’wa, lo cual muestra la escala territorial de los proyectos extractivos que amenazan formas de vida y saberes indígenas.
2. En 1995, el pueblo u’wa expresó públicamente su rechazo a la explotación petrolera, estableciendo una referencia histórica fundamental en la defensa de los territorios y el derecho a frenar proyectos fósiles antes de su instalación.
3. En 1996 se creó Oilwatch como una red internacional para frenar la expansión petrolera, lo que evidencia que las resistencias latinoamericanas se articularon tempranamente en estrategias transnacionales contra el extractivismo.
4. En 2015 se propuso el Grupo Anexo 0 en la COP21, buscando reconocimiento formal a comunidades que han renunciado a extraer petróleo, lo cual demuestra que la justicia climática desde los territorios comenzó a disputar la agenda diplomática global.
5. En 2022, el gobierno de Colombia anunció la suspensión de nuevas exploraciones de hidrocarburos, marcando la entrada del principio “dejar el crudo en el subsuelo” en políticas nacionales contemporáneas.
6. La propuesta de transición energética colombiana establece un plazo mínimo de quince años, lo cual evidencia que las transformaciones socioecológicas requieren planificación de largo aliento y no supuestas soluciones inmediatas de mercado.
Censat Agua Viva, Pacto Ecosocial del Sur, Energía y Equidad, Oilwatch. (2022). Disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia: entre el cambio cultural y la gestión participativa de la demanda. https://censat.org/disminucion-planeada-de-la-dependenciafosil-en-colomb...
Herrero-Lopez, Yayo. (2021). Prólogo. Repensar la vida en tiempos de emergencias. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), Energías para la transición. Reflexiones y relatos. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.
Kishimoto, Satoko y Petitjean, Olivier. (2017). Remunicipalización. Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos. TNI. https://www.tni.org/en/publication/ reclaiming-public-services
Oilwatch. (2015). Propuesta para la COP21 de París, diciembre 2015. Es tiempo de crear el grupo “Anexo Cero”. http://www. oilwatchsudamerica.org/images/stories/ANEXO_CERO_OILWATCH_Espanol.pdf
Rativa-Gaona, Sandra. (2021). La interdependencia como una clave para pensar la transición energética. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), Energías para la transición. Reflexiones y relatos. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.
Roa Avendaño, Tatiana. (2021). Soberanía y autonomía energética. Treinta años de debates alrededor de asuntos cruciales. En Tatiana Roa Avendaño (comp.), Energías para la transición. Reflexiones y relatos. Censat Agua Viva, Fundación Heinrich Boll, Oxfam.
Serje, Margarita. (2003). ONG, indios y petróleo: el caso u’wa a través de los mapas del territorio en disputa. Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 32. https://doi.org/10.4000/bifea.6398
Soler, Juan Pablo. (2022). Ubuntus energéticos en audiencia pública. Revista Raya. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/155-ubuntus-energeticos-en-audi...
Svampa, Maristella y Bertinat, Pablo. (2022). La transición energética en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Petro, Gustavo. (2022). Discurso ante la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Sharm el Sheik. https://www.cancilleria. gov.co/newsroom/news/presidente-petro-aseguro-cop-27-egipto-enfrentar-crisis-climatica-solucion-mundo
El capítulo analizado converge con los descriptores del LET al situar la crisis climática y energética en el corazón de las disputas contemporáneas entre comunidades, estados y empresas transnacionales. En primer lugar, se vincula directamente con Destrucción del ambiente y Combate y adaptación frente a la destrucción del ambiente, al mostrar cómo las resistencias indígenas y comunitarias en América Latina han enfrentado proyectos petroleros que deterioran territorios, culturas y ecosistemas. Estas luchas revelan procesos de adaptación basados en saberes territoriales, así como propuestas activas para reorganizar la vida social y energética en términos de autonomía, justicia y límites ecológicos.
El texto dialoga también con Empresas transnacionales y gobernanza mundial, al señalar el papel histórico de corporaciones como Occidental Petroleum en la expansión fósil, así como el surgimiento de redes como Oilwatch que tensionan la arquitectura internacional de gobernanza climática. No obstante, el análisis prioriza el nivel comunitario y político-institucional nacional, dejando relativamente menos explorada la dimensión estructural del poder corporativo global, sus estrategias financieras y tecnológicas para mantener la dependencia fósil, y las formas contemporáneas de greenwashing y captura regulatoria.
El descriptor Fronteras del capital se refleja en la discusión sobre la extracción petrolera y la necesidad de frenar la expansión energética que invade territorios biodiversos y poblados por comunidades históricamente marginadas. El texto aborda esta frontera a partir de la defensa territorial, pero ofrece menos atención a su articulación con dinámicas financieras, infraestructurales y logísticas transnacionales que sostienen el nuevo ciclo extractivo bajo el discurso de las energías “limpias”.
En cuanto a Relaciones entre empresas, Estados y sociedad, el capítulo evidencia que las transiciones energéticas son espacios de disputa donde los Estados pueden alinearse tanto con comunidades como con corporaciones, dependiendo de correlaciones políticas, institucionales y geopolíticas. El caso Petro ilustra un intento de reorientación estatal que todavía enfrenta tensiones con intereses económicos fósiles. Sin embargo, falta un análisis más profundo del rol de actores multilaterales, bancos de desarrollo y mecanismos financieros que regulan—y muchas veces condicionan—las agendas energéticas nacionales.
El texto toca de manera tangencial Mujeres, género, corporaciones y guerra, al mencionar la perspectiva feminista de colocar la vida y los cuidados en el centro; sin embargo, no desarrolla cómo el extractivismo energético reproduce violencias de género, militarización territorial, masculinización del poder energético y desigualdades socioambientales que afectan de manera diferenciada a mujeres, personas racializadas y cuerpos feminizados. Esto constituye un vacío analítico relevante.