New Report Examines Fossil Fuel Ties of Dozens of Trump Administration Hires
Hughes, Aidan y Martha Pskowski [2025], "New Report Examines Fossil Fuel Ties of Dozens of Trump Administration Hires", Inside Climate News, 6 de octubre, https://insideclimatenews.org/news/06102025/trump-administration-fossil-...
Aidan Hughes es periodista de investigación especializado en política energética y medio ambiente. Colabora con Inside Climate News, donde cubre temas relacionados con la industria de los combustibles fósiles, la regulación ambiental y la influencia corporativa en la política pública estadounidense. Su trabajo se centra en documentar los vínculos entre poder económico, desregulación y crisis climática.
Martha Pskowski es rportera de Inside Climate News y corresponsal ambiental en América Latina. Licenciada por la Universidad de Chicago y con experiencia en medios como The Guardian y The Washington Post. Investiga la relación entre empresas transnacionales, gobernanza ambiental y justicia climática. Su enfoque combina periodismo de datos y análisis político para revelar los impactos socioecológicos del extractivismo.
El artículo analiza de manera detallada cómo la administración de Donald Trump, durante su segundo mandato, ha consolidado una estructura gubernamental estrechamente vinculada con la industria de los combustibles fósiles. Basado en un informe conjunto de las organizaciones Public Citizen y Revolving Door Project, el texto documenta la red de relaciones entre altos funcionarios y empresas energéticas, mostrando que 43 de los 111 nombramientos o propuestas de la administración presentan vínculos directos con corporaciones petroleras, gasíferas o mineras, y 12 con centros de pensamiento conservadores financiados por intereses energéticos privados. Este fenómeno, conocido como “revolving door” (puerta giratoria), describe el flujo constante de personas que alternan entre cargos públicos y posiciones ejecutivas en empresas privadas, diluyendo los límites entre la regulación estatal y la promoción de intereses corporativos (dato crucial 1).
El informe indica que esta red de influencia ha permitido a la industria fósil redefinir la política energética estadounidense en función de sus intereses. La administración ha impulsado medidas legislativas como la ley “One Big Beautiful Bill Act”, que fomenta la expansión de la explotación petrolera y minera en tierras federales, mientras reduce los incentivos para el desarrollo de energías limpias (dato crucial 5). Dicha ley, calificada por los propios autores del artículo como la más ambiciosa en favor del sector energético privado, responde casi íntegramente a las demandas de asociaciones empresariales como el American Petroleum Institute. Este hecho confirma la tendencia hacia una captura corporativa del Estado, en la que las decisiones públicas se alinean con las estrategias de acumulación de las corporaciones fósiles.
El texto dedica un amplio apartado a la figura de Chris Wright, actual secretario de Energía y exdirector ejecutivo de Liberty Energy, una de las principales empresas de fracking en Estados Unidos. Wright representa la visión predominante dentro del gabinete: la idea de que el cambio climático no constituye una crisis, sino una variación natural del sistema terrestre derivada del progreso humano. Esta perspectiva se traduce en políticas que legitiman la expansión del gas natural bajo la etiqueta de “energía limpia”, pese a las evidencias científicas sobre su elevado impacto en las emisiones de metano. A través de su gestión, el Departamento de energía ha promovido la narrativa del “crecimiento con equilibrio”, un concepto utilizado para justificar la continuidad del modelo extractivo con leves ajustes tecnológicos (datos cruciales 1 y 3).
La influencia del sector privado no se limita al Departamento de energía. Otras designaciones confirman la estrategia sistemática de colocar a exdirectivos de empresas petroleras o mineras en posiciones clave de la estructura federal. Entre ellas se encuentran Audrey Robertson, exejecutiva de Franklin Mountain Energy, nominada para dirigir la Oficina de eficiencia energética y energías renovables, y Aaron Szabo, asesor principal de la Agencia de protección ambiental, con antecedentes como cabildero de la industria química. También se menciona a Ben Kochman, designado en la Agencia de seguridad de materiales peligrosos, quien previamente trabajó como consultor para corporaciones del sector gasífero. Estos nombramientos, lejos de ser aislados, configuran una red coherente de funcionarios con intereses económicos compartidos, lo que debilita la capacidad regulatoria del estado y refuerza una gobernanza basada en la desregulación (datos cruciales 4 y 3).
El artículo también examina el papel de los think tanks (centros de pensamiento político y económico) en la institucionalización del negacionismo climático dentro del aparato gubernamental. Destacan organizaciones como la Texas Public Policy Foundation y el America First Policy Institute, financiadas por empresarios petroleros como Tim Dunn (dato crucial 2). Estas fundaciones no solo influyen en el diseño de políticas, sino que participan activamente en litigios contra proyectos de energía eólica y solar, con el objetivo de frenar la transición energética. Al incorporar a exdirigentes de estos centros en cargos federales, la administración integra el discurso negacionista dentro de la toma de decisiones. Un caso ilustrativo es el de Brooke Rollins, exdirectora de ambos institutos, hoy al frente del Departamento de agricultura (USDA), desde donde ha impulsado programas para expandir el uso de combustibles fósiles en la producción agrícola.
Desde esta perspectiva, el texto demuestra que la administración Trump ha construido una arquitectura institucional favorable a la industria fósil, mediante la combinación de designaciones estratégicas, marcos legales desregulatorios y discursos tecnocráticos. Esta estructura no solo consolida la dependencia energética de Estados Unidos respecto al petróleo y al gas, sino que también reconfigura la narrativa del cambio climático. La crisis ambiental es presentada como un fenómeno controlable a través de la innovación y la inversión privada, desplazando el debate sobre la justicia climática y los límites ecológicos (dato crucial 3).
El artículo concluye que esta dinámica refleja un proceso de erosión profunda de las regulaciones, en el cual los mecanismos de control ambiental son sustituidos por una gobernanza empresarial. La “puerta giratoria” deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en el modo operativo del estado contemporáneo. Así, el poder corporativo no actúa desde fuera del gobierno, sino que se integra a las estructuras estatales, asegurando que las políticas públicas respondan a la lógica del capital fósil y no a las necesidades ecológicas o sociales (datos cruciales 1 y 5).
1) 43 de los 111 funcionarios nombrados o propuestos por la administración de Donald Trump tienen vínculos directos con la industria de los combustibles fósiles, lo que equivale a casi la mitad del total de designaciones.
2) 12 funcionarios adicionales mantienen relaciones con think tanks conservadores financiados por empresarios del petróleo y el gas.
3) Más de una docena de funcionarios identificados en el informe han trabajado en empresas directamente relacionadas con el fracking o la extracción de gas natural, entre ellas Liberty Energy, Franklin Mountain Energy y ExxonMobil.
4) El Departamento de energía (DOE), la Agencia de protección ambiental (EPA) y el Departamento de agricultura (USDA) concentran la mayor cantidad de nombramientos con antecedentes corporativos, lo que muestra que la influencia fósil se distribuye de forma transversal en las principales agencias ambientales y energéticas del país.
5) El texto señala que 90% del contenido legislativo de la ley denominada “One Big Beautiful Bill Act” coincide con las prioridades de la American Petroleum Institute (API).
El análisis de la dominación capitalista debe considerar la articulación entre poder corporativo, política energética y destrucción ambiental.
En primer lugar, respecto al descriptor “Destrucción del ambiente”, el caso estadounidense demuestra cómo las estructuras estatales pueden operar como agentes activos del deterioro ecológico, al permitir que las políticas públicas sean diseñadas bajo los intereses de las empresas de combustibles fósiles. La eliminación de regulaciones ambientales y el fortalecimiento del fracking bajo el discurso de eficiencia energética revelan una estrategia de acumulación que profundiza la crisis climática y legitima la expansión extractiva como sinónimo de desarrollo.
El eje “Combate y adaptación frente a la destrucción del ambiente” se presenta en el texto como una paradoja: el gobierno promueve un modelo de “transición energética” basado en el gas natural y la innovación tecnológica, lo cual constituye una adaptación regresiva que reproduce el mismo régimen fósil bajo un nuevo discurso de sostenibilidad. Este punto abre una línea de investigación sobre cómo las políticas de mitigación impulsadas por actores corporativos operan como mecanismos de prolongación del modelo extractivista, desplazando alternativas comunitarias o de transición justa.
En relación con “Élites y empresarios”, el texto ofrece un ejemplo de cómo las élites económicas logran trasladar su poder estructural al interior del aparato estatal. Los casos de Chris Wright y Brooke Rollins ilustran la capacidad de la elite energética para dirigir directamente la política pública, eliminando intermediaciones políticas o regulatorias. Ello permite estudiar la formación de una burguesía fósil estatalizada, que concentra simultáneamente poder económico, político e ideológico, y que redefine la gobernanza climática a escala nacional.
El descriptor “Empresas transnacionales y gobernanza mundial” se refleja en la red institucional que une a la administración estadounidense con corporaciones y asociaciones empresariales globales, como American Petroleum Institute (API) y los think tanks conservadores financiados por magnates del sector energético. Este entramado muestra cómo las CTN consstituyen nodos de gobernanza, influyendo en los marcos regulatorios y en los discursos internacionales sobre energía, crecimiento y cambio climático.
Finalmente, bajo el eje “Papel de las CTN en el colapso sistémico – Energía”, el artículo muestra cómo las corporaciones transnacionales energéticas actúan como agentes centrales del colapso ecológico, no solo por su producción material, sino por su poder estructural para neutralizar las posibilidades de transición energética real. Esta observación abre una línea de investigación sobre la relación entre captura institucional y colapso sistémico, es decir, cómo la consolidación del poder corporativo dentro de los estados impide la transformación de fondo del modelo energético global.
