Ayurella Horn-Muller es periodista en Grist, donde se encarga de temas relacionados con la alimentación y la agricultura. Anteriormente, trabajó como reportera para Axios y Climate Central. Sus reportajes han sido galardonados con múltiples premios de la Sociedad de Periodistas Profesionales y los Green Eyeshade Awards.

Este texto expone las condiciones de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Ellos son los que producen y cosechan los alimentos para todo el país, sin embargo, son los que más sufren de inseguridad alimentaria y hambre. Esta crisis históricamente ignorada está aumentando por el cambio climático, la inflación y la falta de protección política y social.

Rosa Morales es una trabajadora agrícola, madre de cinco hijos. Trabaja bajo condiciones extremas de calor con escasa agua disponible y está expuesta a pesticidas. En la temporada de recolección de arándanos, en un buen día gana alrededor de dos tercios de los doce dólares que representan el salario mínimo por hora del estado. Cantidad insuficiente para cubrir necesidades básicas como el alquiler y la creciente factura de comestibles.

Este caso demuestra la crisis actual: las personas que aseguran el sustento alimentario de la nación son quienes padecen hambre (dato crucial 1). Los trabajadores agrícolas se encuentran entre los peor remunerados del país. Su vulnerabilidad se ve agravada por una profunda invisibilidad dentro del sistema político estadounidense, donde se presta escasa atención a su precarización y a los efectos devastadores que el cambio climático ya está teniendo sobre su sustento y seguridad alimentaria.

Los programas de ayuda federal resultan inaccesibles para aproximadamente 40% de los trabajadores agrícolas que laboran sin autorización de trabajo. Además, el cambio climático está transformando la inseguridad alimentaria en un problema durante todo el año y no solo estacional como ocurría anteriormente en invierno. Un claro ejemplo fueron las inundaciones en Massachusetts que diezmaron tierras de cultivo, en consecuencia, afectaron gravemente el sustento de las familias trabajadoras que dependen de la agricultura.

La directora ejecutiva de Pioneer Valley Workers Center, Claudia Rosales, lucha por la protección de los trabajadores agrícolas. Conoce las condiciones de explotación que sufren los trabajadores agrícolas, sin embargo, la necesidad no deja otra alternativa que tolerar los abusos.

En caso de inundaciones, la asistencia estatal y federal suele pasar por alto a los trabajadores agrícolas. Aunque la ley federal establece que si estos trabajadores pierden su empleo debido a una inundación que afecta su cosecha se les debe pagar hasta el 75% de su salario, en la práctica este derecho no siempre se respeta.

Las investigaciones demuestran que las familias de bajos ingresos consumen menos alimentos para poder usar el aire acondicionado. Sin embargo, el calor extremo puede producir déficits calóricos y nutricionales (dato crucial 2). Al aumentar las facturas de los servicios públicos, las familias tienen que establecer prioridades sobre qué es lo que pueden pagar.

Los programas federales como el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) están diseñados para ayudar a familias en situaciones de necesidad (dato crucial 3). Sin embargo, una gran parte de los trabajadores agrícolas no pueden acceder a este apoyo. Esto se debe principalmente a dos razones: muchos no califican debido a su condición migratoria, e incluso aquellos que sí son elegibles (conocidos como "inmigrantes calificados") deben enfrentar una espera de cinco años antes de poder recibir los beneficios (dato crucial 4). Además, existe un temor generalizado a que solicitar esta ayuda pueda perjudicar su estatus migratorio.

A pesar del aumento general de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos, se desconoce la magnitud exacta del problema entre los trabajadores agrícolas debido a falta de datos. El Departamento de agricultura (USDA por su sigla en inglés) reconoce esta carencia de información, pero no ofrece soluciones concretas. Sin la existencia de datos precisos es imposible diseñar y aplicar políticas efectivas para abordar esta crisis.
Los expertos señalan que la raíz del problema es una "ignorancia deliberada" y una falta de voluntad política. Esto se debe a la deshumanización de los inmigrantes por parte del sector político y a la falta de conciencia pública sobre las condiciones reales de los trabajadores.

Ante la inacción del gobierno, organizaciones sin fines de lucro están liderando los esfuerzos para combatir el hambre entre los trabajadores agrícolas. El Pioneer Valley Workers Center en Massachusetts, liderado por Claudia Rosales, alimenta a 780 personas cada mes. Su visión a largo plazo es crear cooperativas de inmigrantes para cultivar y vender sus propios alimentos.

Justice for Migrant Women en Ohio, fundada por Mónica Ramírez, está desarrollando un sistema alimentario hiperlocal. Pronto lanzarán un mercado piloto donde los trabajadores podrán elegir alimentos gratis, un modelo que busca empoderarlos y preservar su dignidad. La organización se enfoca en las mujeres inmigrantes, quienes cargan con el mayor estrés de la inseguridad alimentaria y económica en el hogar.

No existe ningún esfuerzo legislativo o regulatorio a nivel federal para abordar específicamente la inseguridad alimentaria de los trabajadores agrícolas. De hecho, un proyecto de ley agrícola aprobado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, busca eliminar el programa SNAP y prohibir que los gobiernos locales establezcan protecciones laborales para los trabajadores agrícolas, lo que empeoraría la situación.

Existen propuestas como la de Voice for Farm Workers Act, que buscan mejorar la financiación para programas de apoyo y para la instancia del Departamento de agricultura que apoya a los trabajadores agrícolas. Estas propuestas de leyes presentadas por el senador demócrata de California Alex Padilla darían mayor visibilidad a las necesidades de los trabajadores agrícolas.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos de ley aborda el hambre de los trabajadores agrícolas. Mónica Ramírez declaró que es ilógico que no exista una política específica para garantizar que quienes alimentan al país no pasen hambre.

Frente a la omisión estatal, el Campesino´s Garden en Apopka, una organización sin fines de lucro, creó un huerto que funciona como un sistema de soberanía alimentaria; los trabajadores pueden plantar sus semillas y cosechar libremente lo que necesiten. Estas iniciativas generan un cambio significativo en la comunidad ya que, para muchas familias numerosas, esta fuente de alimentos frescos es una gran ayuda.