Nick Bowlin es un periodista independiente cuyos trabajos han aparecido en Harper's, ProPublica y The Guardian, entre otros. Es editor colaborador de la revista High Country News.

En febrero de 2020 el ingeniero petrolero Danny Ray fue contratado por agencia reguladora de gas y petróleo de Oklahoma para abordar un problema en crecimiento: las “purgas”. Estas llamadas purgas son brotes de agua tóxica que emergen del suelo. Este fluido, un subproducto de la extracción de petróleo y gas llamado "agua de producción", a menudo es más salada que el agua de mar y contiene productos químicos cancerígenos. La mayor parte de este líquido tóxico se vuelve a inyectar bajo tierra mediante lo que se conoce como pozos de inyección.

La inyección de aguas residuales es común en Oklahoma. Sin embargo, algo estaba provocando que aumentara el número de estas purgas. En su investigación, Ray identificó que estas purgas ocurrían cerca de pozos de inyección donde las empresas reinyectaban las aguas residuales a presiones excesivamente altas, lo cual provocaba la fractura de las capas de roca profundas destinadas a contener el fluido.

En noviembre de 2020 había diez sitios que sufrían filtraciones de agua contaminada, en los últimos cinco años esta cifra lleg´ a 150 reportes de fugas. Pese a que las autoridades estatales eran conscientes de esta crisis ambiental y sanitaria, no tomaron las medidas adecuadas y el problema se volvió cada vez más grave. Ray compara Oklahoma con un queso suizo, ya que con más de un siglo de extracción petrolera existe una inmensa cantidad de pozos inactivos que no se sellaron adecuadamente (dato crucial 1).

La situación es crítica por la escala de la operación. Se inyectan anualmente decenas de miles de millones de galones de residuos. Esta combinación de un subsuelo plagado de vías de escape y la inyección masiva a alta presión crea las condiciones perfectas para que las fugas aumenten (dato crucial 2).

A pesar de identificar las causas de las purgas, la Comisión de Corporaciones de Oklahoma no logró detenerlas ni prevenirlas. Una investigación de The Frontier y Prorepublica demostró que la Comisión no obligó a las empresas a limpiar la contaminación subterránea, como exige la ley estatal, argumentando que es imposible de tratar e incluso llegaron a marginar a empleados que criticaban su inacción.

Los funcionarios de la agencia reguladora reconocen que los pozos contribuyen a las purgas, pero atribuyen gran parte del problema a la contaminación histórica. Afirman estar tomando medidas y buscan un equilibrio entre la protección ambiental y el apoyo a la industria petrolera. Sin embargo, para Ray estas acciones son insuficientes. Su mayor preocupación es la contaminación invisible del agua subterránea ya que si el agua tóxica emerge en la superficie, cantidades mucho mayores deben estar contaminando los acuíferos subterráneos, vitales para más de la mitad del suministro de agua de Oklahoma.

Los reguladores estatales tienen autoridad sobre la presión de inyección de aguas residuales, pero la evidencia revela grandes incumplimientos. Se encontraron cientos de pozos inyectando a presiones superiores a las permitidos. Incluso los pozos que operaban dentro de los límites legales causaban purgas, lo cual demuestra que los límites de presión establecidos por el estado eran altos desde un inicio.

Ray identificó que la solución era reducir las presiones permitidas para no fracturar las capas rocosas. Aunque logró algunos ajustes caso por caso, su propuesta de una reducción generalizada fue bloqueada. La industria presionó en contra y el director de la división, Robyn Strickland, lo excluyó de las reuniones donde se debatían las nuevas reglas frustrando cualquier cambio significativo a nivel estatal.

A finales de 2020, el pueblo de Velma fue epicentro de una crisis, hubo purgas que liberaron 12 600 galones diarios de agua tóxica (cerca de 47 mil litros de agua diarios). Ray descubrió que pozos de la empresa Citation Oil and Gas Corp inyectaban a presiones ilegales. La agencia reguladora solo aplicó medidas parciales como la reducción de presión y cierres temporales, pero no detuvo la inyección en la zona, crucial para una solución definitiva.

La gravedad del caso obligó a la EPA (Agencia Federal de Protección Ambiental por su sigla en inglés) a intervenir, señalando que la inyección inapropiada empeoraba un sistema ya dañado. El siguiente año Danny Ray llevó sus quejas directamente a la EPA, pero no obtuvo respuesta.

La ineficacia de las medidas se demostró en agosto de 2022, cuando la purga de Velma resurgió con mayor fuerza, vertiendo miles de galones de agua residual que contaminaron un arroyo (dato crucial 3). La agencia optó por cerrar la inyección, lo cual resultó inútil, ya que la presión acumulada causó nuevas filtraciones. Ante la imposibilidad de reducir las presiones de forma generalizada, Ray abogó por acciones legales y multas contra los contaminadores.

Aunque el liderazgo de la agencia parecía apoyar esta estrategia, en la práctica no se multó a ninguna empresa por purgas en los últimos cinco años. La agencia argumentó que no son una agencia impulsada por multas y que las suspensiones de operaciones ya son un castigo financiero suficiente para las empresas. El resultado de esta cooperación es que casi nunca se obliga a las empresas a limpiar el agua subterránea contaminada, el cual es un proceso difícil y costoso de realizar.

La ineficiencia de la Comisión causó frustración interna. Everett Plummer, entonces supervisor, denunció en 2022 que la agencia era "inconcebiblemente imprudente" al no abordar la causa raíz. Un hidrogeólogo anónimo, que trabajaba para una gran petrolera, confirmó que las empresas son conscientes de que operan a presiones excesivas que fracturan la roca y contaminan el subsuelo, violando la ley.

Mientras la comisión no actuaba, las aguas residuales contaminaron acuíferos y fuentes de agua potable en todo el estado. En 2021 la casa de John y Mitsy Roberts estaba rodeada por purgas que brotaron durante casi cuatro años, muy cerca de una escuela secundaria. El agua contenía benceno, un carcinógeno notorio, en niveles seis veces superiores al límite seguro para agua potable. Este caso demuestra cómo la crisis de las purgas pasó de ser un problema ambiental a una grave amenaza para la salud pública.

Las investigaciones en Cemet revelaron un descontrol generalizado. De 28 pozos de inyección revisados, 22 operaban ilegalmente con presiones excesivas, en formaciones geológicas incorrectas o con permisos incompletos. Estos pozos pertenecían a la empresa Citation, la cual restó importancia a las purgas, llamándolas "supuestas", pero evidencias estatales confirmaron que la sobrepresión era la causa directa de la contaminación.

La familia Roberts demandó a Citation por contaminar su agua de pozo. Pero la empresa se defendió pidiendo que el caso se resolviera primero en el tribunal administrativo de la misma comisión reguladora.

El ganadero Tim Ramsey declaró la impotencia de los ciudadanos afectados: ¿Por qué los dejaron salirse con la suya desde el principio? Esta misma frustración llevó a Danny Ray a renunciar en agosto de 2023. Antes de irse, constató que la crisis empeoraba y que la agencia se negaba a llevar a las empresas a los tribunales, la única herramienta legal disponible para exigir responsabilidades.

Tras la renuncia de Ray, la consultora ambiental Halff contratada por la agencia confirmó su diagnóstico. Las purgas son causadas por pozos que operan a presiones altas, agravados por los pozos abandonados y regulaciones débiles. Shawn Coslett, gerente de la división de contaminación de la Agencia, presionó para llevar a Citation a los tribunales, pero fue excluido de una reunión clave entre la agencia y la empresa y su equipo fue marginado. El caso se archivó como "resuelto".

En enero, la comisión aprobó una nueva fórmula para calcular presiones de inyección, pero solo aplica a pozos nuevos y dejó a más de 10 400 pozos existentes operando con las presiones peligrosas iniciales.

Hoy en día Oklahoma sigue enfrentando la crisis de las purgas. El gobernador declaró estado de emergencia en octubre, reconociendo la "grave amenaza para la salud pública". La visita de Ray a un sitio declarado "resuelto" reveló la verdad, había charcos de agua con petróleo y burbujas que seguían brotando del subsuelo.