El colapso de la presa de relaves de China Nonferrous Mining Corp. en Zambia en febrero de 2025 se convirtió en uno de los peores desastres ambientales del año. En la minería las presas de relaves son depósitos diseñados para almacenar los residuos líquidos y sólidos que quedan tras el procesamiento del mineral; contienen lodos ácidos que suelen concentrar metales pesados y sustancias químicas utilizadas en la extracción. Cuando una de estas estructuras falla, el material retenido se libera en forma de flujo o inundación, con efectos directos sobre cuencas, suelos, cultivos y fuentes de agua potable. La empresa, sin embargo, declaró ante la Bolsa de Hong Kong que el incidente solo provocó una "fuga parcial"
y que no tuvo un "impacto significativo" en el ambiente ni en los residentes. Esta minimización contrasta con los testimonios y las imágenes que muestran cómo "millones de galones de lodo marrón altamente ácido" cargado de metales pesados se desbordaron hacia ríos y arroyos, matando la vida acuática y dejando capas de peces muertos.

China Nonferrous Mining, la empresa implicada, es una compañía minera estatal y opera internacionalmente como parte de la amplia "Iniciativa de la Franja y la Ruta", un programa que financia minas, puertos, oleoductos y otras infraestructuras en su mayoría en países pobres. La colusión entre el gobierno zambiano y la empresa estatal china se refleja en la narrativa oficial. Mientras el Instituto de Ingeniería de Zambia señalaba fallas de diseño y operación, las autoridades locales insistían en que "los niveles de pH se habían normalizado" y que el peligro inmediato estaba descartado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China defendió a la compañía, asegurando que había asumido sus responsabilidades y que seguiría protegiendo el ambiente. Estas declaraciones muestran cómo se buscó blindar la imagen corporativa y minimizar el alcance del desastre, incluso frente a estudios independientes que hallaron altos niveles de hasta 16 metales pesados y advirtieron sobre sustancias "extremadamente peligrosas" capaces de causar cáncer y defectos de nacimiento.
La demanda presentada en su nombre subraya que "las familias y los niños han seguido viviendo en la misma zona… no tienen otra opción que seguir comiendo los cultivos contaminados". En medio de la desesperación de estas comunidades que, privadas de agua segura y con sus tierras impregnadas de metales pesados, se ven obligadas a continuar con prácticas, pues muchas familias dependen de parcelas pequeñas y pozos locales; desplazarse implicaría perder ingresos, redes de apoyo y la única fuente de alimento disponible.

No hay otra opción

Los pobladores afectados por el derrame quedaron atrapados en una situación sin alternativas "las familias y los niños han seguido viviendo en la misma zona… no tienen otra opción"—. Cuando el agua de consumo, los pozos y los suelos quedan impregnados de lodos ácidos con metales pesados, abandonar sus tierras no es una alternativa viable para muchas familias. Pequeños agricultores y hogares que dependen de parcelas y fuentes locales de agua enfrentan la disyuntiva de perder su sustento o seguir expuestos a un riesgo sanitario grave; por eso quedarse se convierte opción de supervivencia.
Los síntomas que relata la comunidad —"erupciones cutáneas, sangre en la orina, visión borrosa, hemorragias nasales y dificultades respiratorias"— aparecen de forma repetida, lo que sugiere exposición crónica a contaminantes tóxicos. Esos signos no solo requieren atención médica inmediata, sino seguimiento a largo plazo: daños renales, problemas respiratorios y efectos reproductivos que pueden persistir y agravarse con el tiempo. Además, el propio proceso de limpieza, según el artículo, se realizó sin las protecciones adecuadas, generando polvo contaminado que la población inhaló; en consecuencia, las intervenciones mal planificadas pueden haber aumentado la exposición en lugar de reducirla.
La supuesta indemnización de la empresa minera a los agricultores afectados fue pagos de 150 y 850 dólares que pueden ser calificados como "gravemente insuficientes", y que además se condicionaron a la firma de renuncias que eximen a la compañía de responsabilidad futura. Ese esquema ofrece un alivio inmediato y simbólico que amortigua la presión pública, pero al exigir renuncias legales fragmenta la posibilidad de demandas colectivas y cierra la vía a una reparación integral. En la práctica, la "compensación" actúa como un mecanismo que normaliza la impunidad y obliga a las víctimas a elegir entre un pago inmediato y la búsqueda de justicia.
La actuación de las autoridades al repetir la narrativa de la empresa —que los niveles se habían normalizado y que el peligro inmediato había pasado— y al asumir evaluaciones que la compañía no presentó, el gobierno zambiano contribuye a diluir la responsabilidad corporativa. Esa coordinación institucional no solo retrasa medidas técnicas necesarias (monitoreo continuo, remediación de suelos y aguas, atención sanitaria sostenida y reubicación cuando proceda), sino que legitima soluciones parciales que no abordan el daño.

Residentes alegan amenazas y vigilancia en una demanda

El acoso que ejerce la empresa estatal minera para entorpecer las demandas presentada por las comunidades afectadas las cuales documentan un conjunto de amenazas que, han tenido el efecto de limitar la capacidad de las víctimas para denunciar y organizarse. El informe recoge que la empresa y sus representantes "han amenazado y advertido a la comunidad que sus teléfonos han sido intervenidos… y que vuela drones sobre la comunidad". Estas prácticas de vigilancia —descritas en términos concretos en la demanda— generan un entorno en el que la comunicación, la recolección de testimonios y la coordinación con asesores legales se vuelven más difíciles, lo que afecta directamente la posibilidad de construir pruebas independientes y sostener procesos judiciales.
El artículo registra además detenciones y hostigamiento contra activistas, abogados y periodistas que intentaron acompañar a las familias; en sus palabras, quienes intentaron apoyar "fueron detenidos o amenazados". La criminalización de quienes documentan o representan a las víctimas reduce la capacidad de acceso a la justicia: limita la asistencia necesaria para continuar las demandas colectivas, obstaculiza la documentación pericial y desincentiva la intervención de organizaciones de derechos humanos y medios independientes que podrían aportar visibilidad y presión institucional.
La combinación de medidas de contención —pagos condicionados que eximen a la empresa de responsabilidad y prácticas de vigilancia— configura una estrategia con efectos complementarios. Por un lado, las compensaciones condicionadas fragmentan la protesta y reducen la probabilidad de litigio colectivo; por otro, la vigilancia y las amenazas dificultan la generación de evidencia y la articulación de redes de apoyo. En conjunto, estas dinámicas operan sobre dos planos: técnico (dificultad para recolectar y preservar pruebas científicas y testimoniales) y político (desmovilización social y debilitamiento de la presión pública).