Yvette Sierra, es periodista y reside en Lima, Perú. Cuenta con más de una década de experiencia en periodismo de investigación sobre temas ambientales, científicos y de actualidad. Trabajó en medios impresos y digitales en Perú, además de colaborar con La Voz de Arizona, en Estados Unidos, y con el periódico La Nación, en Costa Rica. Inició su trabajo en Mongabay Latam como colaboradora y se integró al equipo en diciembre de 2017.

La carrera por la inteligencia artificial se sostiene en centros de datos que depredan agua, energía y territorio a gran escala. La Relatoría especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica conflictos socioambientales en todos los países del continente; en América Latina la mayor presencia de estas instalaciones se concentran en Brasil, México y Chile.

Soledad Vogliano, investigadora argentina del grupo ETC, organización que monitorea el impacto de las tecnologías emergentes sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos, advierte que esta expansión empuja infraestructuras gigantescas que agravan la presión sobre las poblaciones cercanas por consumo intensivo de recursos, ocupación de tierras y ruido constante.

La expansión de la infraestructura digital

Soledad Vogliano advierte que América Latina todavía ocupa un lugar menor en la expansión global de la infraestructura digital, aunque dentro de la región Brasil, México y Chile ya concentran el mayor desarrollo de centros de datos. A la vez, otros países entran en la carrera por atraer estas instalaciones, como muestra el anuncio del presidente de Argentina Javier Milei sobre la apertura de centros de datos de OpenAI en Patagonia. En esa disputa también avanzan empresas como Amazon, Google y Microsoft, que amplían a gran escala la infraestructura necesaria para sostener la inteligencia artificial.

El avance de estas instalaciones no solo exige agua y energía. También transforma el territorio, desplaza usos rurales, presiona barrios populares y vuelve más áspera la vida de las comunidades cercanas a causa del ruido permanente de los equipos. A eso se suman otras infraestructuras, como los cables submarinos y las redes de fibra óptica, que también suscitan conflictos cuando se imponen sin consulta pública.

Desde otra arista, Javier Palummo, relator especial de la Relatoría especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Redesca) de la CIDH, sostiene que esta conflictividad ya se extiende por todo el continente. El problema no radica solo en la expansión tecnológica, sino en la forma en que se instala sobre territorios con estrés hídrico o desigualdades previas y en marcos regulatorios que muchas veces facilitan la obra sin asegurar protección ambiental suficiente. Por eso, Redesca insiste en que la transformación digital solo resulta admisible cuando incorpora derechos humanos, sostenibilidad ambiental y debida diligencia, y cuando además sirve para reducir exclusión en lugar de profundizar cargas sobre las mismas poblaciones de siempre

El reclamo de las comunidades

En Querétaro, el reclamo comunitario nace de cambios concretos en la vida diaria. Adrián Carrera es líder de Infoactivismo de SocialTIC, una organización dedicada a investigar la tecnología digital. La inconformidad no surge solo por el deterioro del abasto de agua, sino también por la opacidad con que avanzan estos proyectos. Cuando falta información pública y las reglas permanecen en una zona gris, la discusión colectiva pierde sustento y las comunidades quedan casi a ciegas frente a obras que modifican su entorno.

Eduardo Poletti amplía el problema y recuerda que la expansión de la inteligencia artificial no se sostiene únicamente en edificios llenos de servidores. También depende de fibra óptica, cableado submarino y torres de telecomunicaciones que alteran ecosistemas y reordenan el territorio.

Por eso insiste en que la conectividad no puede imponerse como una invasión disfrazada de modernización. A su juicio, instalar esta infraestructura exige consulta real, responsabilidad frente al entorno y una lógica de valor compartido que incorpore a las comunidades en decisiones que afectan de manera directa su espacio, sus recursos y su forma de vida.