Alberto Fraguas Herrero es biólogo especializado en ecología y zoología, con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental. Trabaja en evaluación de proyectos y políticas públicas, además de colaborar con instituciones públicas y privadas. Actualmente dirige el Instituto de Estudio de la Tierra. También fundó GEMAP S.A. y participó en empresas de reforestación, restauración ambiental e ingeniería.

La guerra agrede la vida en su sentido más amplio. No solo deja pérdidas humanas, territorios quebrados y economías hundidas, también abre una herida ecológica que contamina agua, tierra, aire y suelo antes, durante y después del conflicto. Bajo las nuevas geopolíticas psicopatológicas, la biosfera queda tratada como botín útil para cada bando. Esa ofensiva silenciosa contra sistemas biológicos, sociales y psicológicos vuelve el ecocidio una forma de genocidio, sostenida por indiferencia, explotación neocolonial y desprecio hacia lo orgánico.

Huella Ecológica de la guerra

La huella ecológica de la guerra no empieza con el primer bombardeo ni termina con el silencio de las armas. La preparación bélica ya carga una agresión contra la naturaleza: extracción de tierras raras, uso de aluminio y titanio, fabricación de misiles, pruebas militares, gases tóxicos, metales pesados y propulsores como el perclorato amónico, una sustancia altamente cancerígena que también altera la capa de ozono. Incluso antes de destruir ciudades, la maquinaria militar contamina agua, tierra y mar.

Durante el conflicto, la devastación se vuelve abierta. Talas masivas, incendios forestales, minas terrestres, municiones sin explotar, bombardeos, inundaciones provocadas y espumas químicas contaminantes alteran el régimen hídrico, degradan suelos y afectan la salud humana, entendida como una sola salud ambiental y corporal. El agua aparece como el blanco más sensible: ríos, lagos, embalses, desaladoras, estaciones de bombeo y canales dejan de ser soporte vital y pasan a formar parte del cálculo militar.

A causa de esa lógica, los ecosistemas no reciben daños accidentales, sino ataques que tienen consecuencias sociales, sanitarias y económicas durante décadas. La destrucción de infraestructura urbana, industrial y energética libera sustancias químicas, provoca contaminación atmosférica aguda y puede alterar incluso la composición de las lluvias locales. La guerra intoxica ecosistemas naturales y comunidades humanas al mismo tiempo, porque el lugar donde vive la población queda convertido en depósito de residuos, combustibles, explosivos y partículas venenosas.

Frente al riesgo nuclear, las radiaciones ionizantes y la posibilidad de un colapso ambiental mayor, el rechazo a la guerra no funciona como consigna moral vacía. Es una defensa directa de la vida frente a una tecnología de muerte que destruye incluso antes de disparar.

La paradoja de la reconstrucción

La reconstrucción después de la guerra suele presentarse como recuperación porque reactiva obras y eleva el Producto Interno Bruto (PIB), pero esa lectura es falsa. No repara la devastación, apenas reduce algunos daños mientras produce otros. Escombros con amianto, plomo y sustancias tóxicas terminan en vertederos muchas veces inadecuados. Además, cemento, acero, transporte pesado, combustibles fósiles, madera, grava y arena aumentan emisiones, deforestación y deterioro de ríos. Si la normalidad exige romper más ecosistemas, no existe reconstrucción real.

El ecocidio como quinto crimen

El ecocidio entra al debate penal internacional porque la destrucción ambiental ya no puede tratarse como daño secundario de la guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe convertir el medio ambiente en arma, atacar deliberadamente recursos naturales o usar técnicas de modificación ecológica, como herbicidas destinados a romper el equilibrio de una región. También obliga a valorar el daño ambiental antes de lanzar un ataque, aunque esa exigencia queda de lado cuando la ventaja militar sirve como excusa.

La Corte Penal Internacional (CPI) todavía encierra el problema en un marco estrecho. Su competencia cubre cuatro crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. El Estatuto de Roma solo menciona el ambiente cuando un ataque causa daños extensos, duraderos y graves en conflictos armados internacionales, siempre que resulten excesivos frente a la ventaja militar prevista. Esa proporcionalidad vuelve la protección ambiental frágil, subjetiva e inútil para la destrucción ecológica masiva en tiempos de paz.

Por eso crece la presión para reconocer el ecocidio como crimen autónomo. La Fundación Stop Ecocide impulsó en 2021 una definición basada en actos ilícitos o arbitrarios capaces de causar daños graves, extensos o duraderos. El avance choca con soberanía económica, industrias extractivas, prueba penal de causalidad y ausencia de potencias como Estados Unidos, China e India dentro de la CPI. Aun así, la Fiscalía de la CPI ya prioriza delitos cometidos mediante destrucción ambiental o explotación ilegal de recursos naturales.

Conclusión: no hay justicia ambiental o climática sin paz

La justicia ambiental se vuelve una ficción cuando la guerra queda fuera de toda responsabilidad climática. El enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel muestra que la naturaleza no sufre daños secundarios, sino ataques calculados y costos ocultos. Perseguir el ecocidio como crimen e incorporar las emisiones militares en los acuerdos climáticos resulta indispensable para que la defensa del planeta no sea solo discurso.