Gabriel Ramonet es periodista especializado en temas judiciales. Colaboró en los diarios Clarín y La Nación, la revista Veintitrés y los programas televisivos Día D, Punto Doc y Telenoche Investiga. Conduce programas de radio.

Un avión militar boeing C-40 clipper de la fuerza aérea de Estados Unidos llegó a Argentina con una comitiva de 23 personas, mientras las autoridades nacionales y provinciales mantuvieron silencio sobre el objetivo del viaje. La delegación estadounidense incluía siete integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pertenecientes al comité bipartidario de energía y comercio, cuatro funcionarios de la Embajada estadounidense en Argentina, familiares, asesores ambientales y un médico. Entre los legisladores estaba Morgan Griffith, republicano que representa al noveno distrito del estado de Virginia, en Estados Unidos.

Tras llegar a la provincia argentina de Tierra del Fuego, la comitiva recorrió el parque nacional del mismo nombre y participó en una reunión privada cerca de Ushuaia, ciudad de esa provincia. La Embajada señaló que la visita abordaría temas ambientales, minería, residuos, minerales críticos y salud pública. Al encuentro asistieron siete representantes locales vinculados con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Centro Austral de Investigaciones Científicas, aunque varios participaron por decisión propia y no como representantes oficiales de sus instituciones. Cristina López, senadora nacional por Tierra del Fuego, pidió explicaciones al gobierno nacional. Después, la comitiva viajó a Neuquén para recorrer Vaca Muerta, un yacimiento ubicado en esa provincia argentina.

Desinformación y sospechas

Las sospechas sobre la presencia estadounidense en Tierra del Fuego aumentaron desde abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei viajó de madrugada a Ushuaia, capital de esa provincia argentina, para reunirse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Milei presentó una Base Naval Integrada para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y un Polo Logístico Antártico destinado a prestar servicios a buques civiles y militares que operan en la Antártida. La falta de precisiones sobre una posible colaboración estadounidense alimentó rumores sobre una base de submarinos o una presencia militar permanente en Argentina. En mayo de 2025, la visita de Alvin Holsey, sucesor de Richardson, reforzó las dudas debido a la escasa información oficial.

Cinco meses después, tropas estadounidenses realizaron ejercicios militares en Ushuaia como parte de la operación Tridente, autorizada por Milei mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) sin pasar por aprobación del Congreso. A estas sospechas se suma el conflicto con LeoLabs, empresa que instaló en Tolhuin, localidad situada en el centro de la isla de Tierra del Fuego, un radar presentado como parte de un sistema para monitorear basura espacial. Un informe del Ministerio de defensa advirtió sobre su posible uso militar y ordenó desactivarlo, aunque surgieron versiones sobre la posibilidad de operarlo de forma remota. Las dudas aumentaron porque, mientras intenta conseguir autorización para reactivar el radar, LeoLabs difundió acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido para utilizar su red internacional de radares en funciones militares.

Controlar el puerto, la geopolítica y los negocios

Hasta 1991, Tierra del Fuego formaba parte de Argentina como territorio nacional, una división administrativa que dependía directamente del gobierno nacional y todavía no tenía la condición de provincia. Tras convertirse en provincia argentina, recibió mayores facultades para administrar sus asuntos territoriales de manera independiente. En 1992, el estado nacional le transfirió el control, la administración y la explotación del puerto de Ushuaia, principal terminal marítima de la capital provincial, y para gestionarlo se creó la Dirección provincial de puertos (DPP). El acuerdo estableció que los ingresos obtenidos por el puerto solo podían utilizarse para su funcionamiento, mantenimiento e inversiones. Al mismo tiempo, el gobierno nacional conservó la facultad de supervisar el cumplimiento de esas condiciones y sancionar a la administración portuaria provincial si las incumplía.

La disputa comenzó en 2025, durante el gobierno de Javier Milei y en medio de su enfrentamiento con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Una auditoría de la Administración nacional de puertos y navegación (ANPyN), organismo nacional encargado del control portuario, señaló fallas de infraestructura y seguridad, falta de inversiones y un posible uso indebido de recursos. La revisión también cuestionó una ley provincial que permitía utilizar fondos del puerto para cubrir parte del déficit de la obra social estatal y préstamos concedidos al gobierno fueguino para obras sanitarias (dato crucial 1).

Con esos antecedentes, la ANPyN intervino el puerto de Ushuaia el 20 de enero, desplazó a Roberto Murcia, titular de la DPP, y asumió el control de la terminal. Juan Avellaneda, dirigente del sindicato que denunció las irregularidades, quedó como principal enlace con las autoridades nacionales. El gobierno de Melella rechazó las acusaciones y anunció acciones judiciales, mientras Roberto Murcia sostuvo que la ley cuestionada nunca llegó a aplicarse y que los préstamos provinciales se devolvían con intereses y garantía bancaria.

La sombra china

Derivado de la intervención del puerto de Ushuaia incrementaron interpretaciones sobre una disputa geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China en Tierra del Fuego. La provincia ocupa una posición estratégica por su cercanía con la Antártida y el Atlántico Sur, mientras el gobierno provincial de Gustavo Melella mantiene proyectos de inversión con empresas chinas. Entre ellos figura una planta de urea y metanol en Río Grande, ciudad del norte de Tierra del Fuego, a cargo de Shaanxi Chemical Industry Group, y una central termoeléctrica en Ushuaia proyectada por Rainbow International Xi’an Engineering (dato crucial 2).

En este sentido, el interés estadounidense por colaborar con la base naval integrada de Ushuaia apareció después de que medios argentinos difundieran una posible participación china en proyectos de infraestructura en la zona. A partir de esa coincidencia, algunos análisis vincularon la presencia estadounidense con un intento de limitar la expansión económica y estratégica de China en el extremo sur argentino. Agenda Malvinas, medio especializado de Tierra del Fuego, interpretó incluso que la reciente visita de congresistas estadounidenses buscaba contener el avance chino sobre recursos estratégicos.