Leonardo Mergarejo es ingeniero agrónomo, magíster en economía rural y miembro de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina (UCCSNAL).

María José Guazzelli es agrónoma experta del estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul, creadora de la primera granja de demostración/formación que incorpora y combina diversos aspectos de la agricultura alternativa.

La edición génica o genómica es un nuevo instrumento tecnológico que un pequeño grupo de empresas biotecnológicas transnacionales busca controlar para subordinar la naturaleza y en particular la producción agropecuaria. Como tecnología sucesora de las plantas y animales transgénicos, mantiene la misma lógica para impulsar un amplio espectro de experimentos de edición genética en plantas, animales y, especialmente, microorganismos en Brasil, omitiendo el principio de precaución y recortando la información proporcionada al público. Para las corporaciones, los microorganismos genéticamente modificados resultan atractivos debido a sus ventajas comparativas, la reducción de costos y el corto tiempo de vida útil de las innovaciones (la obsolescencia programada produce ganancias).

En Brasil, las normas legales para los casos de edición genética también denominadas tecnologías innovadoras de mejoramiento de precisión (TIMP), han evolucionado en paralelo al desmantelamiento de las regulaciones que exigían evaluaciones previas de los posibles riesgos e impactos derivados de su liberación comercial. Brasil, uno de los mayores productores mundiales de organismos genéticamente modificados, se había centrado tradicionalmente en la producción de soya, maíz y algodón transgénicos. Sin embargo, en 2018 se convirtió en el segundo país del mundo en facilitar, sin debate ni información pública adecuada, el desarrollo y la posterior liberación de cultivos, animales y microorganismos manipulados genéticamente.

La Comisión técnica nacional de bioseguridad (CTNBio), creada en 1996 y reestructurada en 2005, ha ido cediendo gradualmente sus responsabilidades en materia de análisis de bioriesgos. Esto se debe principalmente a tres factores: la migración de los intereses de las transnacionales desde las plantas transgénicas hacia los organismos cisgénicos, la disponibilidad de nuevas tecnologías de manipulación genética y la flexibilización de las normas legales en detrimento de las disposiciones de la Ley nacional de bioseguridad.

Los organismos cisgénicos son aquellos en los que la alteración genética se produce con material de la misma especie o de parientes cercanos sexualmente compatibles, lo que dificulta significativamente la detección de la modificación. En el caso de la edición genética, se pueden realizar modificaciones genómicas sustanciales sin necesidad de introducir secuencias genéticas exógenas.

Estas técnicas especialmente CRISPR-Cas1, permiten la introducción de mutaciones dirigidas en el genoma de cualquier ser vivo a bajos costos y sin insertar necesariamente secuencias genéticas exógenas. La CTNBio ha interpretado que estas metodologías generan organismos no modificados genéticamente y, por ende, exentos de las evaluaciones estipuladas en la Ley de bioseguridad. Esto desvirtúa los objetivos de la CTNBio, vulnera el principio de precaución y resulta especialmente grave en el caso de los microorganismos genéticamente modificados (MGM).

Al no ser sometidas a evaluación de riesgos, estas tecnologías no solo prometen ganancias extraordinarias, sino que también fomentan la proliferación de startups (empresas emergentes) que operan bajo nuevos nombres al servicio de grandes transnacionales. Esta estructura busca evadir responsabilidades en caso de desastres ambientales o de que dichos organismos genéticamente modificados resulten perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente.

La Ley nacional de bioseguridad exige un monitoreo posterior a la liberación comercial durante un período de cinco años (establecido en la norma RN5) para dar seguimiento a la evolución de los riesgos asociados a la escala de cultivo en campo. Sin embargo, esto resulta insuficiente: los microorganismos genéticamente modificados poseen distintos ciclos de vida, por lo que resulta incoherente emplear un mismo marco temporal para medir los riesgos de diferentes MGM. Además, el monitoreo enfrenta severas dificultades operativas debido a la casi invisibilidad de los microorganismos y al alto potencial de fugas o accidentes en las unidades de procesamiento de sus subproductos.

En 2016, la CTNBio creó un grupo de trabajo para proponer regulaciones sobre la evaluación de bioriesgos en microorganismos modificados genéticamente, y otro enfocado en las TIMP. A partir de la aprobación de las normas correspondientes a los MGM, se han procesado solicitudes para cultivos genéticamente editados en especies como maíz ceroso, caña de azúcar, soya, arroz, banano y eucalipto.

Asimismo, Brasil aprobó el mejoramiento genético de animales mediante TIMP, buscando lo que definió como resultados de modificaciones genéticas mucho más rápidas y dirigidas. Se ha experimentado en bovinos con el objetivo de aumentar la masa muscular, incrementar la resistencia térmica y reducir el estrés térmico, así como en mosquitos para el control de vectores de enfermedades y en cerdos para la resistencia al síndrome reproductivo y respiratorio porcino.

Con estas decisiones, la sociedad queda expuesta a riesgos y daños impredecibles que pueden pasar desapercibidos hasta que sea demasiado tarde. Estas formas de biotecnología se sitúan en un escenario de creciente vulnerabilidad en el que se multiplican los riesgos para el medio ambiente, la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria de los países.