La coordinación de la Red de acción en plaguicidas de Chile está a cargo de María Elena Rozas. La organización aborda cuestiones relacionadas con plaguicidas, agricultura, salud y biodiversidad.

María Elena Rozas evalúa la aprobación del primer trigo editado con CRISPR-Cas9 para ser liberado en el campo en Chile. El texto vincula la decisión regulatoria con la financiación pública, la propiedad intelectual, la falta de etiquetado y las reclamaciones de los agricultores. Su argumento pone en duda la categorización del cultivo como convencional.

El 25 de julio de 2025, el Servicio agrícola y ganadero dio su autorización a la variedad. Se han planificado los ensayos de campo para la temporada 2025-2026 (dato crucial 1). La determinación posibilitó su crecimiento sin las pruebas adicionales que se requieren para los organismos genéticamente modificados.

El trigo fue desarrollado por Neocrop Technologies en asociación con Campex Baer y Buck Semillas. El consorcio acordó repartir las regalías en partes iguales. La empresa también obtuvo más de 710 mil dólares de financiamiento público en 2023 y recibió respaldo para investigar la tolerancia a la sequía (dato crucial 2).

Las empresas están promocionando un trigo que permite elaborar pan blanco con un mayor contenido de almidón resistente. Según Rozas, el refinamiento suprime el salvado y el germen, que son las secciones que contienen fibra y otros nutrientes. Chile tiene un consumo anual de más de 90 kg de pan por persona, lo que expande el mercado de esta variedad (dato crucial 3).

La autora se pregunta si la autoridad se limitó a determinar únicamente si el trigo contenía genes de otra especie. Según su evaluación, dicha revisión no examinó alteraciones imprevistas del genoma ni peligros ambientales. La consulta pública de 2026 recibió críticas por su propuesta de procedimientos ágiles, de bajo costo y fundamentados en datos empresariales.

De 2017 a septiembre de 2025, se realizaron 71 evaluaciones de especies de trigo por parte del Servicio agrícola y ganadero. Seis de ellas eran variedades transgénicas y 63 eran variedades editadas que la autoridad no identificó como organismos genéticamente modificados. Ninguna de las solicitudes modificadas estaba aún en etapa comercial.

Agricultores Unidos, una asociación de la Araucanía, solicitó la implementación de normas para salvaguardar las semillas nativas, establecer responsabilidades por la contaminación y compensar a los productores. Esa región genera 51% del trigo nacional. Asimismo, el artículo recuerda el conflicto anterior acerca de la ubicación clandestina de cultivos transgénicos y la contaminación de la miel.

Rozas señala que la ausencia de etiquetado dificulta a los consumidores reconocer alimentos modificados. Asimismo, atribuye la falta de regulación a la presión ejercida por las empresas biotecnológicas. Se propone requerir información, evaluación y responsabilidad previa a la ampliación de estas variedades.