Argentina, ensayo a cielo abierto. De los transgénicos a la edición génica
Frank, Fernando [2026], "Argentina, ensayo a cielo abierto. De los transgénicos a la edición génica", Silvia Ribeiro (coordinadora), Edición génica en América Latina. Peligros, trampas y problemas, Alianza Biodiversidad, pp. 40-43, https://cdn.biodiversidadla.org/content/download/194623/1390582/file/Edi....
Fernando Frank es ingeniero agrónomo y también ejerce como docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis. Su labor se centra en la agroecología y la soberanía alimentaria, además de participar en la Unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina.
Fernando Frank analiza la edición genética basándose en la experiencia de Argentina con cultivos transgénicos. El autor analiza las repercusiones territoriales y pone en duda la estructura de los organismos reguladores. Luego, examina las regulaciones que permiten la exclusión de ciertos productos editados en las evaluaciones de organismos genéticamente modificados.
Argentina implementó cultivos de soya tolerante al glifosato en 1996. En mayo de 2015, fue el primer país en establecer una regulación particular para las innovaciones en mejoramiento vegetal. La Resolución 173/2015 posibilitó que ciertos organismos modificados no cumplieran con el procedimiento establecido para los transgénicos.
Los transgénicos en el campo argentino
Frank define la expansión transgénica como un experimento a gran escala llevado a cabo en territorios y cuerpos. En Argentina se cultivan millones de hectáreas de maíz y soya genéticamente modificados. Asimismo, se dieron autorizaciones para eventos en algodón, papa, alfalfa, cártamo y trigo.
Este modelo de cultivo está directamente ligado al incremento del uso de agrotóxicos, la deforestación, la concentración de tierras, el desplazamiento de comunidades y la degradación de suelos y aguas. Asimismo, la especialización en soya, maíz y trigo dirige la producción hacia exportaciones, ganadería industrial, agrocombustibles y alimentos ultraprocesados.
Esta entidad productiva distingue entre la cantidad de producción agrícola y la satisfacción inmediata de las necesidades alimenticias. Según Frank, los beneficios del agronegocio están acompañados de costos ambientales, sanitarios y sociales que no se consideran en la valoración de cada semilla.
Maniobras para evadir la evaluación de la edición génica
La regulación establece que un organismo es considerado transgénico cuando integra de manera estable una construcción genética. Un organismo editado sin ADN ajeno podría no encajar en esa clasificación, aunque su material genético haya sido modificado. El análisis caso por caso se centra en confirmar la presencia de ADN de una especie diferente.
El autor pone en duda la autonomía de la Comisión nacional asesora de biotecnología agropecuaria. De acuerdo con su análisis, la mayor parte de sus miembros proviene del sector privado y de empresas constructoras. Las evaluaciones anteriores no incluyeron la deforestación, la concentración de la economía, la extranjerización o el desplazamiento de las comunidades.
Frank cuestiona la utilización de la equivalencia sustancial para la clasificación de los cultivos. Un producto que se considera equivalente elude la necesidad de realizar estudios exhaustivos sobre sus efectos adversos. El autor sugiere plantear los riesgos como hipótesis, experimentarlos en entornos controlados y someter los resultados a la discusión pública.
Experimentos y productos de edición génica
Los datos públicos disponibles no facilitan el conocimiento de todas las aplicaciones comerciales. Algunos de los experimentos se llevan a cabo bajo confidencialidad empresarial, y ciertos organismos modificados se clasifican como cultivos tradicionales. Los proyectos identificados incluyen arroz, soya, papa, maíz, sorgo, algodón y alfalfa, así como animales y bacterias.
Frank indica que la publicidad corporativa muestra estos avances como soluciones y proporciona escasa información sobre los riesgos. La carencia de información restringe la evaluación independiente y el involucramiento de las comunidades afectadas.
Conclusiones
El Estado difunde información detallada sobre la producción y el comercio de los cultivos, sin embargo, no aclara las variedades sembradas, las cantidades de agrotóxicos o los productos editados disponibles en el mercado. Frank opina que esta falta complica la evaluación de la adopción y sus consecuencias.
El autor sugiere realizar una evaluación exhaustiva de todas las técnicas de manipulación genética antes de su liberación. La conclusión establece un vínculo entre el rechazo a la edición genética y la defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria.
El texto examina la manera en que el estado organiza una frontera de expansión para las empresas del sector agroindustrial. La normativa disminuye las evaluaciones cuando un producto modificado no presenta ADN de otra especie. Esa elección reduce los tiempos y costos para las empresas, aunque restringe la información accesible para los productores y las comunidades.
La organización de la Comisión reguladora plantea un dilema de poder. De acuerdo con Frank, las empresas están involucradas en el ámbito que define qué productos necesitan ser regulados. Esta cercanía puede hacer que una función pública de bioseguridad se convierta en un trámite alineado con las necesidades de inversión.
El modelo de exportación agrupa tierra, tecnología y toma de decisiones, al mismo tiempo que reparte contaminación y desplazamientos en áreas rurales. La agroecología y la soberanía alimentaria son alternativas que priorizan la diversidad, la alimentación y el control comunitario de los recursos, en lugar de centrarse en el rendimiento comercial.
Al igual que en otros países de América Latina, en Argentina la transgénesis avanza más allá de la combinación genética entre especies u organismos, produciendo intervenciones que generan la misma incertidumbre y riesgos que las tecnologías transgénicas "tradicionales".

