Alberto Duarte es periodista y autor mexicano que ejerce principalmente en el estado de Sonora, México. Es conocido por su cobertura de temas de alto impacto social, seguridad, abusos corporativos y medio ambiente.

La liberalización del campo mexicano frente a los mercados internacionales desencadenó una grave crisis, la cual se profundizó en septiembre de 2023 debido a severas sequías. En ese periodo, más de 90.64% de los cultivos del país sufrieron condiciones de sequía, situación que se agravó en mayo de 2024 al alcanzar 91.65%.

Para 2025, la asfixia económica provocada por los créditos adquiridos durante la crisis llevó a los productores principalmente de maíz a protestar contra el gobierno. Exigían precios de garantía para sus productos y protección ante la competencia desigual del extranjero. En 2026, los integrantes de la organización Campesinos unidos de Sinaloa se manifestaron nuevamente contra la crisis y denunciaron la violación de los decretos que prohíben la importación de maíz transgénico, un insumo cuyas importaciones desde Estados Unidos han incrementado de forma constante.

El maíz: entre la importación y el monopolio

En mayo de 2026, el presidente de la Unión agrícola estatal de productores de maíz del estado de Veracruz aseguró que México importa casi 50% del maíz consumido a nivel nacional en condiciones de clara desventaja. El principal proveedor es Estados Unidos, donde los productores cuentan con subsidios diez veces mayores a los otorgados en México, además de cultivar variedades genéticamente modificadas.

Esta importación de maíz ha sido encabezada por empresas como MINSA y GRUMA, ambas señaladas por operar de manera monopólica un caso denunciado en 2024 por la extinta Comisión federal de competencia económica (Cofece).

Maseca (filial de GRUMA) adquirió maíz y trigo baratos en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, lo que dejó a la producción nacional sin compradores. Como consecuencia, el endeudamiento se volvió insostenible tanto para el campesinado como para los productores industriales.

La Cofece señaló que las prácticas monopólicas de GRUMA, como condicionar a los compradores de harina para amarrarlos a su negocio y eliminar a la competencia, provocaron el encarecimiento de la tortilla de maíz, impactando directamente la alimentación de los hogares mexicanos.

Al contar con poder monopólico, GRUMA tiene la facultad de fijar precios elevados. La empresa concentra entre 50 y 90% de las ventas en ocho regiones del país, ejerciendo una gran influencia en el mercado nacional de harina de maíz.

Ante esta situación, los productores locales no tienen más opción que someterse a las condiciones que imponen los compradores. Mientras la tonelada de harina se vende alrededor de 17 mil pesos, la tonelada de maíz se paga a los productores a menos de un tercio de ese precio. Además, estas empresas aprovechan los acuerdos del T-MEC para igualar el precio del maíz blanco mexicano con el del maíz transgénico estadounidense, el cual es más económico.

La soberanía y el maíz: una historia nacional

El decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2020 estipuló la sustitución gradual del glifosato un herbicida estrechamente vinculado a los cultivos transgénicos, prohibió la siembra de maíz transgénico en México y vetó el uso del grano genéticamente modificado para la alimentación humana. Este decreto buscaba no solo objetivos políticos, sino también la defensa de los maíces nativos y la milpa.

Pese a la fuerte resistencia contra la prohibición del glifosato, el gobierno federal impidió la importación de cerca de 100 mil toneladas de este agroquímico. La medida se sustentó en la garantía del derecho humano a la salud y a la protección del medio ambiente, reconociendo que este químico resulta nocivo para los seres vivos y el entorno.

Lluvia de amparos

Dos años después de la emisión del decreto de diciembre de 2020, diversos organismos interpusieron cientos de demandas contra el gobierno mexicano. Entre ellos figuraban el Consejo nacional agropecuario afiliado al Consejo coordinador empresarial, la Unión mexicana de fabricantes y formuladores agroquímicos, Proveedores de productos fitosanitarios y productores de Veracruz, entre otros.

Monsanto fue una de las empresas que más recursos destinó para intentar revocar el decreto por vías legales en México. La compañía argumentaba que el glifosato era indispensable para la producción de alimentos y que contribuía al derecho humano a la alimentación. Sin embargo, el CONACYT desmintió estas afirmaciones al señalar que ni el glifosato ni los organismos genéticamente modificados garantizan dicho derecho. Asimismo, se expuso cómo Monsanto distorsionó la evidencia científica mediante la influencia corporativa en la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos para declarar seguro el herbicida. Finalmente, los jueces dieron la razón a los argumentos presentados por el CONACYT.

A pesar de que se promovieron cerca de 30 amparos contra este primer decreto presidencial, las empresas perdieron todos los juicios. La mayoría de las resoluciones constitucionales respaldaron la facultad del Ejecutivo Federal para emitir dicha disposición.

Un nuevo revés de la SADER contra la soberanía

El decreto original emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador no prohibía explícitamente la importación de maíz transgénico para consumo animal. Por ello, el Ejecutivo publicó un nuevo decreto con el fin de aclarar que dicha restricción no aplicaba para el alimento del ganado y centrar las medidas en la importación de glifosato y la protección del maíz destinado al consumo humano directo.

Cambio de gobierno y acatamiento de resoluciones

México emitió un decreto posterior con el objetivo de eliminar cualquier ambigüedad comercial susceptible de generar controversias sobre el maíz transgénico para forraje. En los paneles de discusión del T-MEC, la representación mexicana presentó un amplio expediente de evidencias científicas para demostrar que el maíz transgénico ocasiona daños a la salud y al medio ambiente. A pesar de que Estados Unidos no aportó estudios de la misma magnitud, el fallo del panel determinó que México debía ajustar sus regulaciones a los compromisos asumidos en el tratado.

De este modo, los argumentos ambientales y de salud quedaron supeditados a intereses mercantiles, desestimando el enfoque prioritario de derechos humanos. A inicios de 2025, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se formalizó la postura oficial mediante un nuevo decreto. En este documento se eliminaron los artículos relativos a la restricción del maíz transgénico, manteniendo únicamente la sustitución gradual del glifosato.

El gobierno federal permitió el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación humana, reduciendo el compromiso de sustitución a una meta gradual supeditada a la suficiencia del abasto, además de reconsiderar la sustitución del grano para consumo animal. Aunque la presidenta Sheinbaum promovió una reforma constitucional para proteger el maíz mexicano, esta se limitó a prohibir la siembra de maíz transgénico en territorio nacional, sin restringir su importación.

Asimismo, el ejecutivo anunció la creación del Consejo asesor empresarial para mantener el diálogo con el sector privado, nombrando coordinadora a Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de administración de Grupo MINSA uno de los cinco mayores intermediarios de maíz en el país, junto con Maseca (GRUMA). Como resultado, empresas como GRUMA y MINSA contaron con las condiciones necesarias para sortear la crisis agrícola y sostener sus márgenes de ganancia mediante la importación masiva de grano transgénico, cotizado a precios inalcanzables para los golpeados productores locales (dato crucial 1).

Los agricultores advierten que el sector agropecuario se encuentra al borde de la quiebra. Denuncian que los intermediarios no invierten en la producción y obtienen ganancias de entre 2 000 y 2 500 pesos por tonelada, limitándose a actuar como enlace entre el campo mexicano y las empresas transnacionales que actúan en el sector.