El arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias entre empresas y estados (Investor-state Dispute Settlement, ISDS) que otorga a los inversores la posibilidad de iniciar procesos legales en contra de los gobiernos anfitriones. Los tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión incluyen una cláusula de resolución de controversias que obliga a las partes firmantes a dirimir diferencias bajo normas o instituciones como el Centro Internacional de Resolución de Controversias del Banco Mundial, el Tribunal de Londres de Arbitraje Internacional, la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong o el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Una vez iniciada una demanda de violación de los derechos de los inversores, se elige un tribunal, formado por tres árbitros: uno de ellos lo elige la empresa, el segundo es escogido por el estado y el tercero lo nombran ambos. Entre los tres se llega a una solución.

Los defensores del sistema arbitral apelan a su neutralidad. De acuerdo con Charles Brower, un reconocido árbitro internacional, “a diferencia de los políticos, [los árbitros] estamos siempre preparados para tomar las decisiones correctas.” Como ejemplo, Brower señala que después de la ola de nacionalizaciones que Hugo Chávez llevó a cabo en Venezuela, la intervención del tribunal arbitral “dio lugar a enormes compensaciones para estas compañías por una expropiación sin compensación”, como la que pretendía el gobierno venezolano.

No obstante, los tribunales arbitrales han mostrado ser la escapatoria de empresarios criminales y condicionamientos para que los estados relajen sus leyes sobre medio ambiente, fiscalidad y condiciones laborales, lo que los convierte en una especie de mafia o club o de protección. Por ejemplo: el magnate de Dubái Hussain Sajwani, se libró de la cárcel tras recurrir a un tribual arbital, luego de ser condenado a prisión por colaborar en un acuerdo que pretendía estafar millones de dólares al pueblo egipcio. En El Salvador, el tribunal arbitral declaró inocente a una empresa acusada de haber envenenado a todo un pueblo con plomo.

El reportaje de investigación The court that rules the world, muestra que de las 300 reclamaciones presentadas en tribunales arbitrales en los últimos cinco años, más de 35 estaban relacionadas con actividad criminales de las empresas (lavado de dinero, malversación, manipulación de acciones, soborno, fraude) que buscaban la protección de este “club”.

El artículo concluye señalando la existencia de un sistema que ha sido utilizado para obligar a gobiernos corruptos a compensar a las empresas y para proteger prácticas criminales.