En Perú existe una miríada de conflictos entre compañías mineras y las comunidades donde estas empresas pretenden operar. Desde 2011 –año en que Ollanta Humala asumió la presidencia de ese país– a la fecha, 53 personas han sido asesinadas y casi 1 500 han resultado heridas en conflictos sociales relacionados con la industria extractiva. Muchas de estas protestas han llevado a la suspensión de los proyectos mineros a los que se oponían.

La oposición al extractivismo y a la explotación de los recursos naturales no es privativa de Perú. Por el contrario, se ha vuelto el común denominador en toda América Latina. Aun cuando la perforación de pozos petroleros, las hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura suscitan la oposición por parte de las comunidades, la mayor fuente de conflicto en Latinoamérica se ha vuelto la minería. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registró 215 de estos conflictos en 19 países en 2014. La lista la encabezaba México con 37 conflictos mineros, seguido por Perú con 36 y Chile con 35.

En los años noventa del siglo XX, los países andinos abrieron sus economías a la inversión privada en la minería. En un inicio, las poblaciones de los Andes tendían a recibir de forma favorable a la minería y los principales conflictos estaban relacionados con las condiciones laborales. No obstante, las cosas han cambiado. “Los proyectos modernos se han encontrado con una creciente resistencia, que se debe en parte a que la democracia ha echado raíces en la región. La gente es más consciente de los impactos de los proyectos sobre el ambiente, de las grandes sumas de dinero que involucran las inversiones y de sus propios derechos”.

Las posiciones en torno a la minería son muy diversas. Sus oponentes sostienen que no genera ningún beneficio para América Latina y que sólo trae consigo pobreza, devastación ambiental y violaciones a los derechos humanos, por lo que la industria extractiva a gran escala debería abandonarse en el subcontinente. Sin embargo, la realidad exige que se hagan algunos matices que los críticos no reconocen. Aun cuando es cierto que la moderna minería es intensiva en capital y genera relativamente pocos empleos, “la minería ha contribuido a acelerar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en numerosos países sudamericanos durante los últimos 15 años al proporcionar divisas, ingresos fiscales e inversión. En Perú, por ejemplo, donde la incidencia de la pobreza cayó de 49% en 2005 a 23% en 2014, las exportaciones mineras representaron […] 59% del total de las exportaciones” en 2011. La minería y los proyectos de extracción de hidrocarburos han sido incluso fuertemente apoyados por “los gobiernos de extrema izquierda en Bolivia y Ecuador”.

Los conflictos más recientes en torno a la minería no se han dado en un contexto de auge del sector sino en uno con crecientes dificultades: el precio de los minerales se ha desplomado, llevándose consigo las ganancias de la industria, lo que ha conducido a que las compañías mineras suspendan inversiones y proyectos. “Esto ha contribuido de hecho a una desaceleración económica en la región”.

“A pesar del descalabro, sigue siendo vital para los países latinoamericanos encontrar formas de reconciliar los intereses de las mineras, la población local y de la nación”. Esta no es una tarea fácil pues, a diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, en América Latina los minerales pertenecen al estado, el cual otorga concesiones mineras a las compañías, que deben llegar a acuerdos con las comunidades cuyas vidas afectarán. Existe una enorme asimetría de poder, recursos e información entre las comunidades y las grandes mineras. Las mineras comúnmente operan como enclaves y no generan impactos positivos significativos para la comunidad, pues los campesinos comúnmente carecen de la cualificación necesaria para trabajar en las minas y la comunidad no tiene una producción con una escala suficiente para abastecer a la mina de alimentos y otras provisiones. Así, la mayor parte de los beneficios de la minería los reciben las compañías mineras y la nación, mientras que muchos de los costos –como la contaminación– son absorbidos localmente por la comunidad.

Aun cuando existe esta asimetría, “en las últimas dos décadas la correlación de fuerzas ha girado en favor de las poblaciones locales”. Esto se debe en parte a que 14 países latinoamericanos son signatarios de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de las poblaciones indígenas, la cual demanda a los gobiernos que se aseguren de que estos grupos sean consultados sobre proyectos o leyes que les afecten. Muchos gobiernos no previeron el impacto que podría tener adherirse a esta convención. Existe un amplio debate sobre si esta convención da a las comunidades locales un derecho de veto sobre los proyectos. En algunos países, los representantes de las mineras se quejan de que la previa consulta da pie a que las comunidades extorsionen a las compañías a cambio de dinero; en otros lugares, como en Perú, se ha decidido que esa convención no confiere a las comunidades un derecho de veto. En cualquier caso, “el nuevo sistema ha contribuido a prevenir conflictos en la mayoría de los proyectos –aunque no en todos– de petróleo y gas donde ha sido invocada”.

Otro gran cambio ha sido la creación de agencias autónomas de certificación ambiental, que evalúan las manifestaciones de impacto ambiental que se presentan previo a la realización de los proyectos. Esto ha generado mayor confianza en el rigor de los estudios sobre el impacto ambiental de los proyectos.

Un tercer cambio muy importante es que, como consecuencia de la presión de los activistas en sus países sede y de cambios en las leyes y regulaciones en los países a los que llegan a invertir, algunas mineras transnacionales se están tomando con mayor seriedad que en el pasado las responsabilidades ambientales y sociales. Esto ha generado acuerdos mutuamente beneficiosos entre las empresas y las comunidades, así como una mayor confianza de estas en aquellas. Las comunidades “no están necesariamente contra la minería, pero están muy preocupadas de que no se les arrebate la capacidad para la toma de decisiones sobre sus tierras […]. Si la empresa minera entiende eso, tendrá mayores posibilidades de éxito” en su relación con las comunidades. La clave para generar el consenso social, de acuerdo con los asesores de las mineras, es “escuchar más y hablar menos, para asegurar que los estándares de vida mejorarán para las personas que viven en el área circundante” a las minas. Son necesarias, además, “medidas concretas para construir la confianza” de la población en las empresas mineras. Ocuparse de mitigar los riesgos y problemas sociales y ambientales no es realmente costoso para las empresas mineras: de acuerdo con la jefa de la división ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, hacerlo aumenta los costos totales de las empresas en sólo 1%. Sin embargo, muchas empresas optan por no cambiar o aplican de forma discrecional (en unos países o regiones sí, en otros no) las prácticas que les permiten ganarse la confianza de las comunidades.

A pesar de la oposición a la que se enfrentan, en Perú son más los proyectos mineros que siguen adelante que los que se frenan. Esto se explica en función de los bajos costos de la energía y de la alta calidad del mineral, que hace que las minas peruanas sean competitivas aun a los bajos precios imperantes hoy día.

“Irónicamente, el fin del auge minero podrá incrementar tanto el apoyo gubernamental como el de la sociedad hacia la minería”. En muchos distritos y ciudades mineros, como Arequipa, los ingresos gubernamentales se reducirán a una décima parte de su máximo en años previos. Así, “aunque los precios bajos han detenido algunos proyectos, ofrecen potencialmente más tiempo para consultas”. En última instancia, conciliar los beneficios nacionales y los costos locales de la minería es uno de los problemas propios de las sociedades democráticas. Esto representa un cambio significativo respecto del pasado: “los días en que las grandes minas podían simplemente ser impuestas han llegado a su fin”.