La solución de controversias o ISDS (investor-state dispute settlement) es un mecanismo que permite a las empresas extranjeras tener un derecho especial para solicitar a un tribunal reservado formado por abogados muy bien pagados una compensación cuando un gobierno aprueba una ley que, por ejemplo, desalienta el tabaquismo, protege el medio ambiente o previene un desastre natural. La primera aparición de la ISDS fue en un tratado comercial entre Alemania y Pakistán en 1959 con la intención de encausar la inversión extranjera protegiendo a los inversionistas de la discriminación o expropiación. Las multinacionales han explotado estos mecanismos para reclamar compensaciones cuando hay cambios en las políticas gubernamentales que afectan sus negocios. Por ejemplo, cuando ocurrió el desastre de Fukushima, el gobierno alemán decidió abandonar su industria nuclear. Vattenfall, la empresa sueca que operaba dos plantas nucleares en Alemania, demandó una compensación de 4.7 mmd bajo la cláusula de trato de inversiones en energía. Las empresas recurren con frecuencia al mecanismo y llegan a extremos como los de comprar empresas sólo para tener derecho de presentar un caso, además que los los árbitros ganan sueldos muy altos, por lo que no están interesados en desestimar casos. Brasil ha rechazado firmar cualquier trato con el mecanismo ISDS y a pesar de eso, recibe mucha IED. Esto ha hecho que otros países sigan su ejemplo como Sudáfrica o Australia, esta última abandonó el ISDS cuando tuvo una denuncia por parte de la Philip Morris por obligarla a advertir sobre los daños a la salud en sus cigarros, aunque ahora el nuevo gobierno está reconsiderando permitir estos mecanismos en tratados futuros. Sin embargo, el país que esta más lejos de alejarse de esta práctica es Estados Unidos, ya que insistió en una cláusula de arbitraje con la Unión Europea con la intención de sentar un antecedente para cuando haga un acuerdo bilateral con China. Algunas reformas al mecanismo apuntan a lograr definiciones precisas de expropiación, pedir que las empresas demandantes agoten las instancias locales, y hacer más transparente el arbitraje tomando en cuenta los casos precedentes.