Juan Zibizarreta es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y profesor del Departamento de Derecho de la Empresa en dicha universidad. Miembro de Hegoa Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. Autor de diversos libros y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con las EMPRESAS TRANSNACIONALES, los derechos humanos, la RSC y la crisis de los sistemas normativos.

Erika González es Investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Ha realizado trabajos de investigación y publicaciones sobre los impactos y la violación de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales.

Monica Vargas, es investigadora del Proyecto de Energía Empresarial, que forma parte del Programa de Justicia Económica del TNI, y ha venido facilitando la Campaña Global para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Empresarial y Detener la Impunidad desde 2015.

Las corporaciones transnacionales han sido privilegiadas lo cual les otorga más poder, hasta el punto de violar los derechos humanos y a la misma naturaleza. Para ello surgen y se organizan diferentes métodos de resistencia para poder frenan estos abusos.

Se genera una iniciativa para poder desmantelar a las transnacionales y frenar sus abusos. La Campaña para Desmantelar el Poder de las Transnacionales toma la iniciativa de los movimientos sociales, y poder impulsar un Orden Internacional Democrático y Equitativo para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos.

El papel del Estado es muy importante en la relación entre las transnacionales y los pueblos, ya que el Estado actúa como intermediario, sin embargo los intereses de las empresas transnacionales están cubiertos por medio de contratos que son respaldados por los tribunales internacionales, el Banco Mundial, etc.

Lo cual es preocupante, puesto que los intereses de la sociedad y de la naturaleza no son protegidos de la misma forma. Es una delgada línea entre el derecho internacional y los derechos humanos y sin embargo, el derecho internacional adquiere mayor poder lo cual ocasiona una desigualdad y se “acaba privatizando la justica”.

Esto ocasiona la impunidad ante los abusos y violación de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y la naturaleza, lo cual ocasiona una “Arquitectura de la Impunidad”.
Es por ello que una forma de oposición ante dicha impunidad y abusos, es la resistencia y su organización tanto a nivel regional como internacional. Son cerca de 200 organizaciones y movimientos sociales que conforman la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner fin a su impunidad. Estos movimientos son integrados por diferentes países: África, Asia, Europa y las Américas.

Una de los labores más importantes de esta organización son los tribunales en la línea del tribunal Russell, el cual ha contribuido a difundir las denuncias de las comunidades que han sido afectadas por las acciones de las transnacionales.

El Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales, se creó con el objetivo de generar un intercambio y crear alianzas entre las comunidades y movimientos sociales para recuperar lo que les fue quitado por el poder de las transnacionales.

Se manejan dos propuestas centrales: 1) la dimensión jurídica y 2) la dimensión de las alternativas. La primera propuesta va dirigida a someter el ámbito jurídico-político que sustenta el poder de las transnacionales que está por encima de las normas de protecciones de los derechos humanos. La segunda propuesta se centra en las experiencias para poder reclamar la democracia y re-significar el interés público, poder devolverle la soberanía a los pueblos y poder defender los derechos colectivos y demostrar que existen opciones de economías alternativas.

Actualmente el Tratado de los Pueblos tiene en marcha dos estrategias.

La primera, se desarrolla en el ámbito de las Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos, disputando el espacio capturado por las transnacionales "afirmando la superioridad jerárquica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos frente a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, se participa en el establecimiento de normas vinculantes para que las transnacionales se vean obligadas a respetar los derechos humanos".

Las transnacionales se defienden por medio de un documento firmado por la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores, el cual establece que las obligaciones en materia de derechos humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados, y se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión.

La segunda estrategia deriva del Tratado de los Pueblos y propone la creación de un centro cuya gestión y desarrollo esté vinculado únicamente a organizaciones sociales, sectores críticos de la academia y comunidades afectadas. "Desde los movimientos sociales tenemos que iniciar la aplicación y concreción de algunas propuestas del Tratado de los Pueblos". Pretenden documentar casos para la elaboración de herramientas en apoyo a la denuncia social, política y legal.

Conclusión

Es importante que estos movimientos de resistencia adquieran mayor apoyo para poder hacer frente al poder de las transnacionales y sus abusos, y otorgarle el lugar que se merecen los derechos humanos, al tiempo que la parte afectada por las transnacionales reciba las reparaciones pertinentes.