El “costo social del carbono” es considerado por los economistas que estudian el clima como el “número más importante del que hayas oído”. Este indicador –que actualmente se ubica alrededor de los 47 dólares– es un intento por captar el costo de una tonelada adicional de contaminación con dióxido de carbono. Usando este indicador, se calcula que el impacto económico de los beneficios que traerían consigo las regulaciones ambientales ascendería a más de 1 billón de dólares.

Sin embargo, es probable que los cálculos matemáticos tengan que ser hechos de nuevo ahora que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) es dirigida por Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático que tiene buena relación con las empresas de combustibles fósiles. En su reciente intento por derogar el Plan de Energías Limpias [Clean Power Plan], una plan promovido por Obama que buscaba reducir las emisiones de CO2 de las plantas energéticas, la EPA hizo “un corte de cabello significativo al costo de carbono”. Los nuevos cálculos de la EPA ubican el costo social del carbono entre 1 dólar y 6 dólares, lo que representa una reducción de entre 87% y 98% de su valor. Todo indica que Pruitt, quien ha asumido con fervor la tarea de deshacer todo el trabajo de la administración Obama, usará el nuevo costo social del carbono para justificar la eliminación de muchas regulaciones ambientales que estaban basadas en los cálculos hechos con ese indicador.

En 2008 una corte determinó que los reguladores debían tomar en consideración las externalidades negativas de las emisiones de CO2. Desde entonces, las agencias comenzaron a utilizar diferentes estimaciones del costo social de la contaminación, que toman en consideración simultáneamente el cambio climático y sus efectos sobre la salud humana, las migraciones y la productividad económica (una labor bastante complicada). En 2009 la administración Obama creó un comité de expertos para hacer este cálculo y los resultados empezaron a ser publicados desde entonces (no sólo para el dióxido de carbono; también calculaba el costo social de otros gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso). En marzo de este año, Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que disolvía este comité y abandonaba toda su asesoría técnica.

La EPA no podría simplemente ignorar el costo social que tienen las emisiones de CO2 y negarse a proponer una alternativa al Plan de Energías Limpias ya que esto no sería bien recibido por las cortes: en 2007 la Suprema Corte estadounidense emitió un fallo en el que decía que los gases de efecto invernadero son un peligro para la salud humana. Por esa razón, Pruitt está limitado en lo que puede hacer al frente de la EPA. Desmantelar todo el trabajo anterior en la EPA implicaría que Pruitt sostuviera un argumento convincente en relación a que las emisiones no contribuyen al calentamiento global (una labor cuyos resultados tienen perspectivas poco alentadoras).

En lugar de ignorar por completo el costo de emitir gases de efecto invernadero, la EPA ha optado por reducir significativamente el costo social del carbono. Esto se ha hecho al considerar solamente los beneficios internos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y no incluyendo los beneficios globales, como hacía el cálculo de la era Obama (en vista de que Estados Unidos contribuye con 15% de las emisiones globales de CO2, los nuevos cálculos de la EPA parecen haber dividido el costo global de las emisiones entre 7). Otra técnica para reducir el valor del costo social del carbono es elevar la tasa de descuento: al hacerlo, argumentando que muchos de los costos del cambio climático aparecen en el futuro distante, se reduce el costo estimado de las emisiones de CO2.

Es claro que los cálculos previos del costo social del carbono no eran perfectos. De hecho, existe un consenso sobre que este indicador necesitaba ser actualizado y la Academia Nacional de Ciencias publicó en enero un reporte de 300 páginas en el que se proponían mejoras. Pero, a decir de Michael Greenstone, quien fue miembro del Consejo de Asesores Económicos de Obama, “deberíamos estar actualizándolo de tal forma que todas nuestras mejoras en su comprensión fueran incluidas. En lugar de ello, la administración Trump está ignorando la ciencia y está intentado encontrar la manera de rechazar las regulaciones sin ninguna evidencia analítica”.