Las demandas contra las grandes empresas y los gobiernos por daños ambientales vinculados a los efectos negativos de las emisiones de gases de efecto invernadero se están multiplicando en todo el mundo. Estas acciones legales son emprendidas principalmente por activistas que piensan que no se están tomando medidas suficientemente enérgicas para cumplir los acuerdos de París, firmados en 2015, en los que 196 países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura planetaria debajo de los 2ºC respecto de los tiempos preindustriales. En los últimos 15 años ha habido 64 de estos casos fuera de Estados Unidos. Desde 2015, la cifra asciende a 21. En Estados Unidos cada año se presenta una veintena de casos.

Los principales objetivos de las demandas son los gobiernos, que según los activistas están haciendo muy poco para evitar el cambio climático, y las grandes empresas de energía, a las que señalan como las principales responsables por las emisiones de gases con efecto invernadero.

En Noruega, por ejemplo, Greenpeace y Nature and Youth sostienen que al emitir licencias para que se extraiga petróleo en el Ártico el gobierno noruego está incumpliendo su obligación constitucional de preservar un ambiente sano y de mantener la diversidad y productividad ambiental. Su acusación no está basada en daños locales –a la vida silvestre o a la calidad del agua, por ejemplo– sino en las consecuencias que cualquier extracción de petróleo tendrá sobre el calentamiento global (Noruega fue uno de los países signatarios de los acuerdos de París).

Los obstáculos legales a los que se enfrentan estas demandas “son formidables”. “Muchas cortes han desechado perentoriamente los litigios ambientales por considerarlos infundados. Los climatólogos trabajan con probabilidades, de tal forma que es difícil establecer un vínculo legal entre las emisiones de un país o una compañía y el daño provocado por los gases de efecto invernadero. Señalar a un contaminador entre muchos es una exageración”.

No obstante, algunos casos consiguen triunfar. Hace un par de años una corte en Holanda cedió la razón a un grupo ambientalista llamado Urgenda sobre que el objetivo del gobierno holandés de reducir 17% las emisiones de GEI hacia 2020 respecto de 1990 era insuficiente e implicaba un incumplimiento de su “obligación de diligencia” hacia la sociedad neerlandesa. La corte ordenó al gobierno holandés a reducir las emisiones en al menos 25%. En un caso similar, una corte paquistaní ordenó al gobierno establecer una lista de prioridades para implementar sus políticas ambientales y crear una comisión independiente que dé seguimiento a los avances.

“La perspectiva para los veredictos amigables con el ambiente está mejorando” por dos razones. La primera es el número creciente de compromisos relacionados con el clima firmados por los gobiernos. El número de leyes nacionales relacionadas con el cambio climático se ha elevado de alrededor de 60 en 1997 a casi 1 400 en la actualidad. Asimismo, en 2012, 177 países tenían leyes o regulaciones que garantizaban el derecho a un ambiente limpio y sano; en 92 casos ese derecho era constitucional. Además en muchos casos, como en Noruega, preservar un ambiente sano, productivo y diverso ha pasado de ser una sugerencia a ser una obligación. Y aunque los acuerdos de París no tienen un carácter vinculante y obligatorio, están teniendo un papel importante, pues los demandantes pueden evaluar las acciones de los gobiernos y las empresas en relación con el objetivo de los 2ºC.

La segunda razón son los avances en la ciencia climática. La mejor comprensión de cómo funciona el clima de la Tierra y de los efectos de la humanidad en éste es de mucha ayuda. “Los científicos tienen cada vez más confianza de que saben aproximadamente qué proporción de los gases con efecto invernadero en la atmósfera fue emitida por países individuales, e incluso por los mayores contaminadores corporativos”. Por ejemplo, según la Carbon Majors Database, sólo 90 empresas emitieron 63% de todos los gases con efecto invernadero entre 1751 y 2010. Los activistas están buscando argumentar que son estas empresas y no sus consumidores los responsables últimos de las emisiones.

Los cálculos incluidos en la Carbon Majors Database, “que la mayor parte de los científicos aceptan, significan que la responsabilidad por el calentamiento pasado y futuro puede ser distribuidas –al menos en principio”. Hay algunos casos en los que se ha demandado a empresas por la parte proporcional de los daños que han causado.

Los científicos están reconociendo cada vez más que las emisiones de carbono no sólo tienen efectos en el calentamiento global sino también sobre desastres naturales como olas de calor, inundaciones o grandes tormentas. No obstante, hasta ahora, ningún demandante ha ganado algún juicio sobre la base de estos argumentos. Comúnmente las cortes señalan que los demandantes no pueden probar que el origen del daño que sufrieron puede ser rastreado hacia el demandado.

La “investigación de atribuciones” y de los “pasivos climáticos” relacionados con calamidades está avanzando rápidamente. E incluso algunos investigadores están comenzando a relacionar los impactos climáticos de los emisores individuales de carbono con la ocurrencia de catástrofes. Se espera que pronto las cortes comiencen a aceptar argumentos probabilísticos sobre la atribución de responsabilidades por el cambio climático conforme la ciencia avanza.

Por otra parte, en sus procesos legales los demandantes están utilizando viejos argumentos legales en formas novedosas para que sus demandas prosperen. Por ejemplo, están alegando “que la elevación de los niveles del mar provocada por las emisiones de carbono de las empresas constituye una violación de la propiedad”. Los demandantes están aprendiendo de las experiencias de otros y así enriqueciendo sus argumentos. “Siguiendo litigios exitosos contra empresas manufactureras de cigarros, las cortes están poniendo el acento en el hecho de que las empresas energéticas sabían desde hace mucho del daño provocado por las emisiones de carbono pero no han hecho nada al respecto”.

Los acusados, por su parte, sostienen comúnmente que ellos no son responsables por los daños causados por los gases con efecto invernadero. En el caso de los países exportadores de petróleo –como Noruega–, los gobiernos sostienen que no tienen ninguna responsabilidad legal por las emisiones que generan el petróleo y el gas que exportan (pues los tratados climáticos suponen que cada país es responsable por sus propias emisiones).

En el caso de Estados Unidos, las cortes federales tienden a negarse a atraer los casos relacionados con emisiones de dióxido de carbono sosteniendo que eso ya es regulado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que se rige por leyes federales. Si Donald Trump y los republicanos liberaran a la EPA de su obligación de regular las emisiones de gases, los litigios podrían llevarse a las cortes federales. Por esta razón, los demandantes recurren actualmente a las cortes estatales. En algunas jurisdicciones amigables con el ambiente, como la de California, es posible que las cortes fallen contra los contaminadores.

La opinión de los ciudadanos sobre la contaminación y la necesidad de limitar las emisiones de carbono se está modificando y está existiendo una creciente preocupación de los ciudadanos sobre el cambio climático.