Rudolf Elmer fue arrestado en enero de 2011 por violar las estrictas leyes de secretos bancarios en Suiza, en específico por filtrar información de los clientes del banco Julius Bär, donde anteriormente trabajó, y por amenazar a un ex-colega. Una corte suiza le impuso una multa de 7 mil 200 francos suizos (unos 7 mil 700 dólares), uana pena menos severa que los 12 meses en prisión exigidos por los delamndantes. Un par de días antes, Elmer tuvo una conferencia de prensa en Londres para dar publicidad a su batalla legal. Ahí habló del daño que provocan las operaciones financieras sospechosas en las "jurisdicciones secretas".

Esto sólo fue un episodio más en la larga disputa de Elmer con las autoridades suizas. El primer litigio contra Elmer inició en 2005. En 2008, Elmer se conectó con Wikileaks; poco después, el sitio publicó una primera serie de información de los clientes de Julius Bär. El banco consiguió que una corte estadounidense diera de baja la página de internet; esto provocó una oleada internacional de apoyo al sitio, que consiguió revocar el fallo de la corte. Poco después, el gobierno de Estados Unidos levantó cargos contra Julius Bär por ayudar a clientes estadounidenses a esconder dinero no declarado (no es claro si las cortes estadounidenses utilizaron la información filtrada por Elmer). El banco tuvo que pagar una multa de 547 millones de dólares y admitió haber colaborado con estructuras falsas.

Según The Economist, Elmer "ha tenido un papel definitivo en el aumento del escrutinio de las finanzas en los paraísos fiscales", así como en los ataques estadounidenses a las finanzas suizas que culminaron el cargos criminales y pesadas multas; todo ello obligó al gobierno suizo a eliminar mucha de la secrecía con la que el banco había protegido a sus bancos. El caso de Elmer mostró "el lado oscuro de su país".

Desde que en la década de 1930 se introdujeron leyes que convirtieron a Suiza en un centro de las finanzas offshore, los grandes consorcios financieros y las cortes suizas han buscado aplastar a todos aquellos que consideran que representan una amenaza para sus negocios, así sea simplemente por la voluntad de modificar algún aspecto del funcionamiento del sistema.

A diferencia de otros soplones/delatores bancarios (bank whistleblowers) en Suiza, Elmer decidió quedarse en este país aunque otros -como Alemania- le ofrecieron asilo y protección. El precio que ha tenido que pagar por su decisión ha sido la demonización por parte de los medios y el gobierno, padecimientos mentales y siete meses en custodia "bajo una legislación arcaica que permite una detención extendida para interrogarlo". El largo proceso de Elmer ha incluido 30 encuentros con las cortes, casi 50 interrogatorios y ha involucrado a 13 oficinas federales suizas. Julius Bär no es parte en ninguno de los casos, pues desde el inicio ha dicho que Elmer no es más que el clásico exempleado resentido que es movido por un afán de revancha.

En 1994, Elmer fue designado como alto ejecutivo en la subsidiaria de Julius Bär en las Islas Caimán, el paraíso fiscal en el Caribe del cual obtiene la mayor parte de sus ganancias globales. Tras una disputa con su jefe, Elmer fue falsamente acusado de extraer documentos y de bloquear ciertas transacciones. Fue despedido en 2002. Cuando el banco envió sus pertenencias de vuelta a Suiza, incluyeron inintencionadamente documentos de respaldo con información contable cuyas copias Elmer debía conservar en casa por su posición dentro del banco. Después de contactar al banco y a algunos clientes diciéndoles que tenía información potencialmente incriminatoria, envió los documentos a las autoridades fiscales suizas. Nada se pudo hacer porque la legislación suiza prohíbe que se revelen los secretos bancarios, incluso si estos secretos se revelan al gobierno. Tras esta negativa, Elmer concluyó que necesitaría ayuda externa y contactó a gobiernos, ONGs y periodistas extranjeros.

Con el paso del tiempo, el estrés que le provocó la situación "comenzó a nublar su juicio" y comenzó a realizar acciones poco prudentes, como escribir a un grupo alemán de extrema derecha ofreciéndole la información de los clientes y amenazar al personal del banco y a un cliente. Pero la peor locura que cometió fue falsificar una carta en la que supuestamente Angela Merkel pide información al banco Julius Bär sobre sus cuentas en paraísos fiscales. La carta falsificada fue publicada en Wikileaks. Esto minó la credibilidad en Elmer y en 2016 lo llevó a una condena por falsificación de documentos. Elmer habla ahora con franqueza sobre su fragilidad mental en ese momento. Poco después del escándalo de la carta falsa de Merkel fue diagnosticado con trastorno por estrés postraumático y fue hospitalizado.

Las reacciones precipitadas suelen ser comunes frente a las presiones a las que son sometidos los soplones bancarios. Pero en el caso de Elmer hubo presiones más allá de lo normal: amenazas de muerte por correos electrónicos, persecuciones por parte de detectives privados que trabajaban para Julius Bär, entre otras. Tras otro litigio en contra los altos directivos del banco, Elmer fue indemnizado con 700 mil francos suizos. También ha sido objeto de malos tratos por parte de las cortes suizas, las cuales han usado la ley de forma poco clara, construyéndole cargos con pocas evidencias, retardando los procesos, impidiéndole solicitar testigos y recibir visitas, entre otros. Los esfuerzos de Elmer por minar a una industria que ha traído prosperidad a Suiza son vistos por los jueces de Zúrich como algo similar a la traición. La Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) ha dicho que "Suiza 'corrompe sus cortes'", dando a los acusados "un tratamiento que sólo se podría esperar de un régimen totalitario" para desincentivar a cualquiera que piense en filtrar información.

El caso de Elmer ha llevado a algunos jueces a la autocrítica y al gobierno a aceptar la necesidad de mayor transparencia. Suiza firmó un estándar de la OCDE para compartir información contable con las autoridades fiscales de otros países a partir de 2018. Sin embargo, propuestas como que los bancos revisen el cumplimiento fiscal de todos sus clientes han sido desechadas. "Es probable que los suizos implementen una estrategia 'cebra': parte de dinero blanco, parte de dinero negro. Esto podría implicar el intercambio de información contable con otros países ricos, pero no con muchos de los estados africanos, asiáticos y latinoamericanos de donde proviene mucha de la riqueza ilícita del mundo".

Mientras tanto, el tratamiento a los delatores bancarios en Suiza sigue siendo de mala calidad y amenaza con empeorar. No ofrece ninguna protección legal a los delatores y no se ve que en el futuro inmediato vaya a hacerlo. Las penas por violar la secrecía financiera han aumentado desde que inició el proceso contra Elmer.

A pesar de lo difícil que ha sido el proceso contra Elmer, podría haber sido peor. Aunque en 2016 fue declarado culpable por hacer amenazas y por falsificar la carta de Merkel, fue absuelto por los cargos más serios relacionados con violar la secrecía bancaria. La defensa de Elmer no se centró en la defensa del interés público, sino en señalar que él no violó las leyes suizas de secrecía pues su contrato laboral no era con un banco suizo sino con una compañía en las islas Caimán. Elmer se ríe de la ironía: "la principal razón por la que bancos como Julius Bär crean subsidiarias independientes en lugares como Caimán es para estar fuera de la legislación suiza, permitiéndole así a sus clientes evitar los requerimientos fiscales y otras regulaciones en Suiza y en sus países de origen".

Elmer tiene muchos críticos. Una acusación que le hacen es que la información que filtró es de muy baja calidad y no ha sido relevante para ningún caso criminal. Es difícil evaluar con precisión esta acusación, pues los gobiernos no revelan las fuentes de sus acusaciones. Lo que es cierto es que el caso de Elmer dio nuevos aires al debate sobre el manejo que hacen los bancos de sus clientes "políticamente expuestos".

Según The Economist, aunque la motivación inicial de Elmer pudo haber sido la molestia por ser despedido, con el tiempo "su batalla se ha convertido en una cruzada moral".

Actualmente Elmer está buscando obtener un premio que el gobierno estadounidense da a los soplones bancarios para poder hacer frente a su bancarrota personal y para poder pagar los enormes costos que el litigio le han implicado. Es probable que el proceso dure varios años más, ahora que ambas partes han apelado a la Suprema Corte de Suiza por el fallo judicial más reciente del caso. Si la Suprema Corte mantiene su absolución de los cargos de secrecía, Elmer podría liberar una cantidad aún mayor de los datos bajo su control, pues hasta ahora sólo ha hecho público aproximadamente 5%.