Contracting out War?: Private Military Companies, Law and Regulation in the United Kingdom

Cita: 

Walker, C. & Whyte David. [2005] “Contracting out War?: Private Military Companies, Law and Regulation in the United Kingdom”, The International and Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press, 54(3):651-689, verano, http://www.jstor.org/stable/3663453.

Fuente: 
Artículo científico
Fecha de publicación: 
Julio, 2005
Tema: 
La regulación de las empresas militares privadas en Reino Unido
Idea principal: 

Clive Walker es doctor por la Universidad de Manchester y doctor por la Universidad de Manchester. Ha sido profesor en la Universidad de Manchester y en la Universidad de Leeds. En esta última fue director Centro de Estudios sobre Justicia Penal y rector de la Facultad de Derecho.

David Whyte es profesor de Estudios Socio-legales en la Escuela de Leyes y Justicia Social de la Universidad de Liverpool. Actualmente es becario de investigación Leverhulme. En 2017 publicó “The Violence of the Austerity” y “Corporate Human Rights Violations: Global Prospects for Legal Actions”.


Introducción

Robert Nozick en “Anarquía, Estado y Utopía” describió la figura del Estado ultra-reducido (Ultra-minimal State), en el cual la tarea del Estado se resumía al monopolio de la violencia y no a la provisión de seguridad. El mundo occidental parece estar cada vez más cerca de la figura de Estado Ultra-reducido, sin embargo, a esto debe sumarse el proceso a través del cual el uso de la fuerza comienza a ser ejercido por empresas privadas. Este modelo provoca que los ricos puedan asegurar su seguridad mientras que los pobres tengan que arriesgar su vida.

Para el neoliberalismo no existen figuras santas e intocables, inclusive la figura de la Fuerzas Armadas son susceptibles a procesos de mercantilización y comercialización, como ya ha ocurrido con funciones básicas del Estado, como la función policial y la función carcelaria. Este proceso abre un nuevo debate en torno al uso y regulación de empresas militares privadas. Para C. Walker y D. Whyte es necesario conocer las implicaciones que tiene este proceso frente a la democracia.

Los nuevos mercenarios

Actualmente las empresas militares privadas participan en un gran número de actividades, entre las que se encuentran: asesoría sobre organización, asesoría para resolución de problemas operacionales, capacitaciones, apoyo en la logística, adquisiciones y entrega de equipos, recopilación de información y suministro de personal. Aunque el suministro de personal tiende a ser la actividad más llamativa, el despliegue de este personal en combate no es muy común.

La palabra “mercenario” dentro de este medio se evita. Por razones comerciales las empresas privadas de seguridad tienden a definirse como proveedores de servicios de equipos de defensa en lugar de usar las definiciones negativas. Es difícil decir dónde inicia y dónde termina la figura de la “empresa militar privada”, ya que la diferencia entre las empresas militares privadas, las empresas de seguridad privada y los mercenarios aún es borrosa. El término “empresa militar privada” es el más reciente de los términos antes mencionados y no cuenta con una definición legal clara. Los límites de estos términos son necesarios si se quiere imponer una regulación.

La mayoría de las empresas militares privadas tienen su sede en Estados Unidos y Reino Unido, la mayoría de su personal son ex-miembros de las Fuerzas Armadas de Francia, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y los países de Europa del este. Sus teatros de operaciones han sido Afganistán, Angola, Congo, Etiopía, Irak, entre otros. Los miembros de las empresas militares privadas no sólo son contratados por gobiernos, también son requeridos por empresas comerciales, agencias humanitarias y agencias de mantenimiento de la paz. Se espera que la demanda de sus servicios aumente.

La actual tendencia de dar funciones militares de Estado en empresas militares no-estatales no tiene un origen reciente. En el cuidado de bases militares inglesas su rol ha sido notable, junto al Ministry of Defence Police se han desempeñado como proveedoras de seguridad. También han penetrado de manera notoria en las guerras de occidente. En el conflicto en Irak su presencia ha sido notable. La empresa británica Aegis Defense Service ha sido la coordinadora de las operaciones de las empresas de servicios militares privadas en la región.

La ley en Reino Unido y las corporaciones de servicios militares privadas

En el Reino Unido, las actividades militares están reguladas por la Ley de Alistamiento Foráneo de 1870, en la sección 4°. Esta prescribe que cualquier persona bajo la ley de la reina, que participe, acepte o incite a un tercero a participar en acciones militares o navales de un estado extranjero, será considerado como un acto ofensivo si la Corona no da licencia. La sección 5ta de la misma ley considera que inducir a aceptar una comisión o compromiso militar también es un delito.

La ley de 1870 se complementa con la Ley de Terrorismo, que incluye la capacitación como parte de los actos ofensivos en la parte 54°, incluyendo quién de la capacitación, quien la reciba y quien invite a ella. Esta ley a diferencia de su antecesora de 1996 no necesita un destinatario de la invitación para que se cometa la ofensa. Además, la ley de Terrorismo extiende su capacidad a ciudadanos británicos en el extranjero y a extranjeros en territorio británico. Las prohibiciones más directas de la Ley de Terrorismo están contenidas en las secciones 59° a la 61° en las que se plantea jurisdicción de los tribunales británicos sobre actos de terrorismos cometidos en el extranjero. A pesar de la existencia de diferentes leyes que establecen diversas prohibiciones a las funciones militares fuera de la Corona, estas no afectan a algunas de las empresas de servicios militares privadas.

“Private Military company: options for regulations”, mejor conocido como el “Libro verde” de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la oficina de Commonwealth es el texto que modifica las relaciones jurídicas de las empresas de servicios militares privadas con el Estado. El Libro Verde y los posteriores informes del Comité asignado para el tema de la Cámara de los Comunes proporcionan el fundamento jurídico para una posible regulación de las empresas de servicios militares privadas.

El ímpetu político detrás del Libro verde

El Libro Verde es parcial en su cobertura. Se concentra en la regulación de las empresas de servicios militares privadas, pero sigue siendo tímido en cuanto al compromiso del gobierno ante esta regulación. El Libro Verde apareció en 2002 como producto de un intenso debate. Sus orígenes giran en torno a diferentes razones políticas:

Un primer momento representado por el debate del Centro de Investigación del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes sobre el asunto de “las armas en África” que reveló que las compañías de servicios militares privadas habían roto el embargo de armas de Naciones Unidas sobre Sierra Leona, las cuales entregaron armas al gobierno de Ahmad Tejan Kabbah con conocimiento de funcionarios británicos y ayuda de la Marina Real Británica.

En segundo lugar, la idea de “economía, eficiencia y eficacia”, en el cual el gobierno de Reino Unido considera que las empresas de servicios militares privados pueden funcionar dentro de las misiones de paz y en el trabajo de escolta. Esto frente a los altos costos de gasto en Naciones Unidos y el costo de la operación UNAMSIL, puede ser una ventaja. Reino Unido ha usado miembros de este tipo de corporaciones para proteger sus sedes diplomáticas, debido a que tienen costos menores y no requieren pagos de jubilación.

El tercer elemento es que el gobierno británico ha expresado desencanto frente a las leyes internacionales sobre la regulación de las empresas de servicios militares privados, debido a que estas centran su contenido en la prohibición y no en la regulación. El gobierno británico considera además, demasiado vago y amplio el concepto de “mercenario” de la Convención de Naciones Unidas. Aunque muchos Estados han firmado dicha convención, el gobierno británico no tiene intención de hacerlo.

Como cuarto elemento tenemos que la ley internacional está basada en una lógica de incorporación de las empresas militares privadas, mientras que el gobierno británico cree que esa posición aboliría lo que es en realidad la empresa militar privada. Sin embargo, mantener a las empresas militares privadas sin una reglamentación puede derivar en que estas lleven a cabo acciones que contradigan los principios de política exterior británica. La regulación representa para muchos la posibilidad de saber quiénes son los buenos contratistas y quiénes los malos contratistas, y de esta manera ayudar a los primeros y eliminar a los segundos.

En quinto lugar, las industrias de seguridad militar privadas del Reino Unido han sido una importante fuente de ingresos externos. La promoción de las empresas de seguridad privada representa un campo competitivo en el mercado mundial y un estímulo a la industria de defensa en general. Existe un apoyo entusiasta por parte del gobierno.

El sexto suceso definitorio radica en el hecho de que las empresas de seguridad militar privada coadyuvan a reducir la exposición política. Es más fácil minimizar la cobertura de los medios cuando es personal de estas empresas y no soldados regulares quienes son asesinados. Además, los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos han sido relativamente más difíciles de descubrir cuando son perpetrados por contratistas. El uso de contratistas y la reducción de la exposición política son favorables para occidente y para lograr sus objetivos en política exterior.

Séptimo, se afirma que el empleo de fuerzas de las empresas de seguridad privada en las Naciones Unidas podría representar un mayor control que el que podría tener sobre la fuerzas nacionales, pues Naciones Unidas ha tenido problemas con los ejércitos de los estados miembro para que participen en batalla. Otros organismos (ONGs, la OTAN, la Unión Europea) emplean empresas contratistas de forma regular.

Por último, algunos consideran que el uso de personal de empresas militares privadas pueden dar como resultado la evasión de responsabilidad en comunidad internacional y las estructuras constitucionales.

¿Está emergiendo un régimen regulatorio?

Para el Reino Unido existen dos opciones improbables. La primera es la prohibición total de las empresas militares privadas, ya que el gobierno del Reino Unido tiene razones para estar en contra de esta política, entre las que incluyen la fuga de capitales. Tampoco es viable la opción de no hacer nada, debido a que el gobierno de Reino Unido ha impulsado de la expansión del mercado y hay numerosos actores que demandan que intervenga, aunque sea de forma ligera.

Sin embargo, existe una posibilidad entre la total prohibición y la pasividad, que es la regulación, enfoque que decide retomar el "Libro Verde", inclusive las empresas militares privadas respaldan la posibilidad de este proceso. Sin embargo, hay que aclarar que existen diferentes niveles en torno a la regulación. Los niveles más intrusivos de regulación implicarían que las empresas adquirieran permisos para cada contrato en el extranjero. Un segundo sistema más flexible implicaría el registro de las empresas militares privadas con el gobierno; posteriormente se notificarían los contratos adquiridos. Esto daría poder al gobierno de evitar los contratos contra sus intereses. El sistema más ligero de regulación presupone un registro y establecimiento de normas generales que incluirían normas sobre a quién se le puede prestar servicios y que tipos de servicio deben prestarse. Otra opción, es la autorregulación a través de un código de ética voluntario; sin embargo esta no es suficiente, ya que no cumpliría con uno de los objetivos fundamentales de la regulación, que es evitar que las empresas dañen intereses estatales.

Conclusiones

La realidad es que el uso de las empresas militares privadas no se ajusta a la ley existente en la actualidad, en diversos contextos. Las doctrinas de pensamiento que construyen el marco jurídico de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no fueron pensados incluyendo a las empresas militares privadas, ante esto existe un vacío jurídico. Otro gran reto de la regulación, es la falta de transparencia que caracteriza a las empresas militares privadas; entre las prácticas comunes entre ellas, está la creación de subsidiarias que desaparecen cuando la misión ha terminado.

Principalmente, se considera que el uso cada vez más común de empresas militares privadas por los gobiernos de occidente responde a un proceso de privatización de las funciones militares del Estado. Esto reconoce un proceso activo de reestructuración y redistribución del poder en el binomio Estado-mercado. El uso de empresas militares privadas no representa una pérdida de soberanía del Estado, pero si una restructuración en sus funciones.

Datos cruciales: 

1. Entre las empresas militares privadas líderes en el mercado se encuentra: Control Risk (Reino Unido), DynCorp (Estados Unidos), Executive Outcomes (Reino Unido, disuelta en 1999), Kellogg (Estados Unidos), Brown & Root (Estados Unidos), Military Professional Resources Inc. (Estados Unidos) y Vinnel Corp. Inc. (Estados Unidos).

2. El personal de las empresas militares privadas tiende a ser ex-miembros de las Fuerzas Armadas de Francia, Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica que cuentan con experiencia en la Guerra Fría, con teatros de operación como Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Angola, Etiopía, Eritrea, Iraq, Cachemira (India-Pakistán), Liberia, Sierra Leona y los Estados que comprenden la antigua Yugoslavia.

3. Las corporaciones militares privadas representan la segunda fuerza de la coalición, sólo por detrás de las Fuerzas Armadas del Pentágono.
Se estima que existen entre 15 000 y 25 000 miembros de corporaciones de servicios militares privados en Irak. (Información de 2005)

4. En septiembre del 2004 entre 20 y 30 miembros de corporaciones de servicios militares privados, en deberes armados y no-armados, fueron asesinados en Irak. Entre los que destacan los 4 empleados de Blackwater USA asesinados en Faluya.

5. Existen denuncias de participación de miembros de corporaciones de servicios militares privados en abusos contra los Derechos Humanos en la cárcel de Abu Ghraib.

6. El escándalo donde se vieron envueltas empresas de servicios militares británicas, que rompieron el embargo de armas a Sierra Leona, con conocimiento de funcionarios británicos y apoyo de la Real Marina Británica, representó un duro golpe contra la Política Exterior “ética” del Nuevo Laborismo.

7. La empresa estadounidese Dyncorp tiene una supuesta participación en violación de derechos humanos y tráfico de armas en Bosnia, bombardeos a pequeños pueblos en Colombia y participación en la eliminación del gobierno en República del Congo.

8. Otros países que cuentan con sistemas de regulaciones sobre las empresas militares privadas son:

-Sudáfrica. A través de la Ley de regulación de asistencia militar en el extranjero de 1998 prohíbe la participación de nacionales en actividades de ejércitos mercenarios, sin autorización del Ministerio de defensa.

-Estados Unidos. A través de la Ley de control de exportación de armas de 1968 y la Reglamentación de los Estados Unidos sobre el tráfico de armas a nivel internacional, que establecen la obligación de solicitar permiso al Departamento de Estado para la venta de armas en el exterior. La ley de relaciones internacionales de 1988, prohíbe viajar y servir como mercenario a una fuerza extranjera en paz con los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses.

Trabajo de Fuentes: 

Nozik, R. [1974] Anarchy, State and, Utopia. Basil Blackwell Oxford. United Kingdom. p. 6

Mockler, A. [1985] The New Mercenaries. Sidgwick and Jackson London. Londo

Jaconelli, J. [1990] “The recruitment of mercenaries and the Foreign Enlistment Act 1870”, Public Law pp. 337-340

Walker, C. [2002] A guide to the Anti-Terrorism Legislation. OUP Oxford. United Kingdom.

Foreign Office & Commonwealth Office [2001-2002] Private Military Companies: options for regulation

Nexo con el tema que estudiamos: 

Las nuevas formas de la guerra incluyen la cada vez más activa participación de las empresas militares privadas y mercenarios. La realidad ha avanzado más rápido que el derecho internacional, hoy las grandes potencias en un afán de no repetir el shock de Vietnam sobre la población, evadir responsabilidades jurídicas, eliminar costos como pensiones o seguros sociales, etc. han optado por la contratación y subcontratación de fuerzas privadas para la labor de la guerra. Esta práctica rebasa por mucho lo acordado en algunos protocolos de derecho internacional humanitario, entre los cuales destaca los Convenios de Ginebra de 1949 y sus cuatro protocolos adicionales.

Los actores de la guerra se modifican, haciendo de un acto que durante mucho tiempo fue exclusivo del Estado, vaya incluyéndose en dinámica de privatización y de acercamiento al mercado privado. La regulación sobre estos actos, son regulaciones de mercado y regulaciones que velan para mantener los intereses del Estado. Dichas regulaciones se concentran poco en las razones originales por las que estos actores históricamente han estado prohibidos por el derecho internacional humanitario.