La reunión del 25 julio de 2018 entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión Europea, estuvo auspiciada por la advertencia de que las inversiones chinas no son más que una táctica para hacerse del control de las tecnologías avanzadas y comprometer la seguridad nacional.

Mientras Europa ha tomado cartas sobre el asunto, la administración de Donald Trump avanza a pasos agigantados. En un inicio, la política denominada “Hecho en China 2025” del presidente Trump propuso incrementar las barreras a las inversiones de ciertos productos chinos que pisan suelo estadounidense, sin embargo, el viraje de las decisiones de la administración ha sido para fortalecer un mecanismo ya existente de selección de inversiones: el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS por sus siglas en inglés).

El hecho, señala The Economist, es que se ha desdibujado la frontera entre el comercio y las tecnologías de defensa. Las transacciones comerciales estadounidenses están bajo el acecho del CFIUS que, en caso de reconocer alguna como asunto de seguridad nacional, puede ofrecer remedios para la misma o simplemente sugerir al presidente que cancele el trato. El problema es que este excesivo “cuidado” de las transacciones se ha traducido en una duplicación del trabajo de CFIUS en una década y en el retraso que han tenido tratos nada controversiales.

El poder de control que ya de por sí tiene CFIUS se verá incrementado cuando se apruebe la “Ley de modernización de la revisión del riesgo de inversión extranjera” puesto que, en primer lugar, lo autoriza para incrementar su presupuesto y, en segundo lugar, le permite restringir los mecanismos de control de exportación, sobre todo cuando se estime que las transacciones impliquen la entrega de tecnología estratégica al extranjero. En cuanto al control de los tratos comerciales, el CFIUS estará capacitado y respaldado jurídicamente para examinar los contratos donde las inversiones extranjeras se apoderan de información personal o de tecnología e infraestructura clave.

Según el semanario inglés, para los empresarios y los propios exfuncionarios de CFIUS, el borrador de la dicha ley les resultó “draconiano”. Por ello, los encargados de redactar el documento jurídico se han mostrado abiertos a las críticas; de cualquier manera, sentencia Kevin Wolf, exfuncionario del departamento de comercio de la administración de Obama, las versiones finales de la ley en cuestión deben precisar qué tipo de tecnología estará bajo las revisiones de CFIUS.

Ciertamente el gran problema desde el punto de vista de las empresas emergentes (Startup) es la cancelación de la posibilidad de recurrir a inversiones extranjeras. La expansión del control de CFIUS incluirá la revisión de las inversiones iniciales de las pequeñas firmas y, por tanto, los costos en ambas partes incrementarán pues existirá una incertidumbre sobre si el negocio debe o no ser sometido a revisión o también por la contratación de abogados para la protección de las transacciones.

Los miembros del comité son oficiales de seguridad en agencias de defensa y justicia, así como empresarios de los departamentos de comercio y tesoro. Según Clay Lowery, un secretario adjunto del Tesoro, esta división de los miembros del comité permite salvar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, promover la inversión extranjera.

Sin embargo, se trata de una promoción de la inversión extranjera bastante relativa. Actualmente la inversión china, por caso, ha disminuido (dato crucial 3) por bloqueos de transacciones de altos perfiles. El control total de CFIUS sobre la decisión de considerar tal o cual contrato como asunto de seguridad nacional es, en realidad, un freno contra inversiones extranjeras en Estados Unidos muy bien seleccionadas. Por otra parte, aunque inversiones chinas han fluido hacia Europa por esta situación, lo cierto es que el viejo continente se muestra reticente a recibirlas sin más. Las propuestas de Juncker, en espera de aprobarse a final de año, autorizará a los países de la Unión Europea a compartir información que comprometa la seguridad nacional en materia de inversiones extranjeras.