En septiembre de este año, Google ha celebrado su 20 aniversario de una forma muy peculiar: desestimando al congreso al no enviar un alto ejecutivo de su empresa a la audiencia respecto a la intromisión del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016 como sí hicieron Facebook y Twitter.

No es una situación menor, la coyuntura a abierto un debate sobre el poder de los gigantes tecnológicos. La Ley de decencia en las comunicaciones de Estados Unidos (CDA por sus siglas en inglés) aprobada en 1996, creada para impulsar este naciente sector, protege a los gigantes de costosas demandas judiciales, de ahí la tomada de pelo de Google al Capitolio. Estas empresas no necesitan de dicha protección, su tamaño e influencia a nivel mundial las ha vuelto sumamente exitosas.

La influencia que tienen es tal, que tienen la capacidad de decidir el contenido que se difunde sin ningún control estatal, su discurso de neutralidad queda hueco. La ley SESTA, aprobada este año para combatir el tráfico sexual, examina el impacto de los gigantes en la libertad de expresión, que cada día aceptan la responsabilidad de lo que aparece en sus páginas.

Este intervencionismo conlleva dos grandes peligros: afianza el dominio de las grandes empresas frente a las pequeñas ya que las nuevas empresas no podrán asumir la carga de vigilar sus plataformas o asumir el riesgo de demandas judiciales. La otra es que les convierte en una especie de “ministerio de la verdad” al decidir el contenido que se puede visualizar.

Tres principios deben guiar al congreso y a las empresas para enfrentar los peligros, el primero es la amplitud y el carácter de la libertad de expresión; el segundo es clarificar los criterios de restricción de contenido y abrir los algoritmos a esfuerzos independientes que tengan la capacidad de controlarlos; y el tercero es que las empresas pequeñas deben ser tratadas de forma distinta a las gigantes, invertir los esfuerzos y el papel del CDA hacia los pequeños, permitirá que Google deje de desestimar al congreso.