311 es la sección de la Ley Patriótica de Estados Unidos de 2001 que da amplios poderes al Departamento del Tesoro para actuar contra aquellos que facilitan la delincuencia financiera, en cualquier parte del mundo.

En marzo fue el uso más reciente de poder contra la Banca Privada de Andorra. La medida cerró el banco y sus filiales fuera del sistema financiero de Estados Unidos, impidiendo concluir cualquier transacción en dólares -una función esencial para casi cualquier banco. La unidad de la banca fue liquidada. La matriz ha sido puesta bajo el control de las autoridades de Andorra. FinCEN (instancia del Departamento del Tesoro encargado de estos casos) acusó al banco de ayudar a lavadores de dinero procedentes de China, Rusia y Venezuela. Alega que los directivos de alto nivel facilitaron, transacciones indeseables, por ejemplo pagos en efectivo por 22 millones de dólares para un cliente chino vinculado a un grupo criminal dedicado a la trata de personas. El director ejecutivo del banco se encuentra bajo custodia en Andorra.

Se señalan dos preocupaciones sobre el recurso a la 311. La primera es su uso político. Llama la atención que no se han tomado medidas de la 311 contra bancos de países de Oriente Medio, que son estratégicamente importantes en el lavado de dinero, como los Emiratos Árabes Unidos, o incluidos los propios de Estados Unidos, que han sido atrapados facilitando el lavado de dinero a gran escala u operando con controles inadecuados, como Wachovia y HSBC. Un abogado que alertó a los funcionarios estadounidenses de un esquema de lavado de dinero en Bahrein y Arabia Saudita, pero no mostraron interés. La 311 se aplica "de una manera política", dice Jason Sharman.

Otra característica alarmante de 311 es que la evidencia detallada no es pública, ni está a disposición de un tribunal, para justificar la acción emprendida. Se trata de un procedimiento administrativo, no judicial. Sólo el Departamento del Tesoro sabe cuánta evidencia tiene, y qué tan confiable es. Hay escasos recursos para los bancos, si quieren demostrar que la acción es "arbitraria y caprichosa", lo que es especialmente difícil de probar dado el secreto del proceso. Si se demuestra que el Tesoro cometió un error en la designación de un banco, o cambia de parecer por otras razones, es casi imposible de reparar el daño.