Nafeez Ahmed es colaborador del diario británico, The Guardian, en ámbitos como la geopolítica del medio ambiente, energía y crisis económica. También es académico y periodista sobre temas de seguridad internacional.

El Departamento de Defensa norteamericano (DoD, por sus siglas en inglés) ha mantenido una actividad prolífica en el patrocinio de programas de investigación en diversas universidades estadounidenses, bajo la consigna de generar modelos que permitan entender las dinámicas, los riesgos y los puntos de inflexión asociados a los estallidos de protesta social alrededor del mundo. Los fines últimos apuntan a la generación de conocimientos relevantes sobre los combatientes, que puedan orientar a los oficiales superiores y tomadores de decisiones para la implementación de una política de defensa.

Implementado después de la crisis global bancaria del año 2008, el DoD lanzó la iniciativa de investigación “Minerva” con la finalidad de financiar proyectos de investigación en ciencias sociales que abonaran a una mejor compresión de ámbitos como el social, cultural, conductual y político, en aquellas regiones del mundo que representan una importancia estratégica para Estados Unidos. Bajo esta iniciativa, 75 millones de dólares fueron desplegados durante los 5 años posteriores al inicio del proyecto bajo la premisa de generar resultados inmediatos que pudieran ser aplicados al campo de operaciones.

Entre los proyectos galardonados que han resultado de esta asociación se encuentra el elaborado por la Universidad Cornell, enfocado al desarrollo de un modelo empírico que permitiera determinar el punto de inflexión de las dinámicas de movilización y contagio en los movimientos sociales, a partir del uso de las redes digitales como Twitter. Los casos de las crisis políticas sucedidas en Egipto durante el año 2011, en Rusia durante las elecciones de representantes en 2012, la crisis de los combustibles en Nigeria y las protestas en Turquía durante el año 2013, fueron el insumo principal para el desarrollo de esta investigación.

En colaboración con la Oficina de Investigaciones del Ejército norteamericano, la Universidad de Washington emprendió una investigación con la finalidad de identificar las condiciones que generan que determinados movimientos políticos se enfrasquen en la persecución de cambios políticos y económicos de gran envergadura. Con un espectro a analizar de 58 países, el proyecto se enfocó en aquellos movimientos a gran escala que fueran capaces de reunir a mas de 1000 personas dispuestas a sostener una actividad duradera.

La Universidad de Maryland y el Departamento de Energía, en conjunto con su Laboratorio Nacional del Pacifico Noroeste, emprendieron la medición de los posibles riesgos que implicaría el estallido de una revuelta social como consecuencia de las diversas afectaciones que podrían producirse en un rango de potenciales escenarios marcados por el cambio climático.

Por su parte, la Escuela Naval de Posgrado emprendió un estudio denominado “Quien no se convierte en un terrorista, ¿y por qué?”, en el cual se buscaba identificar los factores que determinaban que activistas y simpatizantes de la violencia política, no se decantaran por los medios y los fines de los grupos armados, aun compartiendo la afinidad de la causa. Como el estudio mismo lo indica, el objeto de estudio no son los grupos terroristas sino los simpatizantes de la violencia política, a los cuales los estudios sobre terrorismo han prestado poca atención. Con un universo de estudios de 14 casos, la investigación realizó entrevistas rigurosas a mas de 10 activistas, militantes partidistas y organizaciones no gubernamentales simpatizantes con lo que la investigación denomina “causas radicales”.

Pese a que las autoridades encargadas de la iniciativa Minerva ha declarado que tales investigaciones no tienen mas fin que ahondar en las causas que originan la inseguridad e inestabilidad alrededor del mundo, cables internos del DoD han evidenciado el nexo existente entre estas investigaciones y su aplicación en programas como el Human Social Cultura and Behavioural Modeling Programme (HSCB) o el Pentagon´s Human Terrain Systems Programme (HTS), este último enfocado a la inserción de científicos sociales para la provisión de conocimiento cultural en las operaciones de campo militares, especialmente en aquellos escenarios de contrainsurgencia como Irak o Afganistán.

Ante este panorama, organizaciones de académicos independientes como la Asociación Americana de Antropología (AAA, por sus siglas en inglés) han puesto el acento sobre lo que consideran “la militarización de las ciencias sociales al servicio de la guerra”, dado que los aparatos estatales como el DoD carecen de cualquier instrumento que les permita analizar de manera rigurosa, objetiva y balanceada, el conocimiento generado por cualquiera de las iniciativas de investigación al servicio del programa. Tras la crítica realizada por la AAA, el DoD permitió el ingreso de agencias civiles como la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) para gestionar la admisión y control de nuevas propuestas de investigación; sin embargo, el Pentágono continúo ejerciendo el control al tener el poder de decidir la conformación de los paneles encargados de dictaminar las propuestas.

Las implicaciones de alinear los programas de investigación de las universidades con la agenda del Pentágono no son menores, toda vez que las consecuencias podrían derivar en la desincentivación de la generación de conocimiento en otras áreas, o peor aún, en el socavamiento del papel de las universidades como un lugar para la discusión independiente y critica de la acción militar. Tal como lo menciona David Price, antropólogo cultural de la Universidad de San Martín, el proyecto Minerva esta cultivando la obra del imperio al establecer formas que permiten disociar las contribuciones particulares de cada investigador, de los objetivos globales del proyecto.

Mas preocupante aún resulta la adaptación de los programas enfocados a la acción contrainsurgente en Irak o Afganistán, ahora en terreno norteamericano. De acuerdo con David Price, programas como el HTS han implementado escenarios domésticos en los que la población norteamericana es vista como una amenaza al balance de poder y orden establecido. El ejemplo mas claro de esta tendencia quedó manifestado en la simulación de un “juego de guerra” durante el cual el escenario fue una manifestación de la ONG norteamericana “Sierra Club” contra la contaminación generada por una planta de carbón, en Missouri. Además de identificar a quienes representaban el papel de productores de soluciones y productores de problemas durante la protesta, los participantes tenían que prestar atención al resto de la población involucrada en la manifestación, dado que representaban uno de los objetivos centrales de las operaciones de inteligencia.

Todos estos ejercicios son consistentes con la serie de documentos elaborados por el Pentágono, en los que se sugiere un cambio de orientación en la actividad de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para contemplar los efectos desestabilizadores asociados a los impactos ambientales, crisis energéticas y económicas, así como la forma de actuar ante aquellos movimientos conducidos ideológicamente o ante aquellos movimientos de base.

Bajo la idea de prepararse para las dinámicas de los entornos futuros de seguridad, el DoD y la iniciativa Minerva han puesto de manifiesto que las protestas y el activismo social son ahora una cuestión de seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en las diferentes partes del mundo. Ante el afán de preservar un sistema global que gradualmente pierde legitimidad y que demuestra que solo sirve a una diminuta minoría, la visión y la ideología militar norteamericana no ha tenido empacho en retratar a toda una sociedad como potencialmente terrorista.