The Economist expone que hablar sobre la gente rica se ha vuelto un tema recurrente en los discursos de los candidatos demócratas a la presidencia. Elizabeth Warren quiere tomar hasta 6% de su riqueza en impuestos cada año. Bernie Sanders dice que "no deberían existir". "Cada multimillonario es un fracaso político", dice un eslogan común de izquierda. En las elecciones de Gran Bretaña, también, los súper ricos están bajo señalamientos. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dice que una sociedad justa no tendría gente multimillonaria.

El semanario señala que la idea de que grandes fortunas personales se hacen posibles solo cuando el gobierno va mal es una idea novedosa en los discursos políticos, pero está equivocada. La riqueza personal es, en el mejor de los casos, un signo poco confiable de mal comportamiento o políticas fallidas. La acusación de la izquierda tiene un núcleo de verdad. Cuando la competencia es intensa y justa, los beneficios persistentemente altos deberían ser difíciles de mantener. Sin embargo, en ambos lados del Atlántico, demasiadas empresas hacen grandes beneficios en mercados concentrados. Algunos multimillonarios han prosperado donde la competencia económica ha fallado.

A pesar de ello el artículo señala que muchos millonarios operan en mercados competitivos. Los minoristas propiedad de Mike Ashley, uno de los objetivos del Sr. Corbyn, son conocidos por sus bajos precios y su competencia despiadada (así como por sus cuestionables condiciones de trabajo), no por la búsqueda de rentas. Por cada Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, hay varios empresarios de tecnología con muchos rivales. Por ejemplo Anthony Wood, quien creó Roku, una plataforma de transmisión de video; o Tim Sweeney, co-fundador de la firma detrás el videojuego "Fortnite". Nadie puede acusar seriamente a estos innovadores de dominar sus mercados o de depender de los favores estatales para ello.

Cuando el capitalismo funciona bien, la competencia reduce los beneficios para algunos, pero también los produce para otros a medida que los nuevos empresarios se apoderan de los mercados de las empresas establecidas. Su éxito eventualmente establecerá otro ciclo de interrupción, pero mientras tanto, se pueden hacer fortunas. Los fundadores de MySpace, un sitio web de redes sociales, se enriquecieron cuando lo vendieron a News Corp; posteriormente, Facebook emergió. Blockbuster, una tienda de alquiler de videos, ayudó a hacer de Wayne Huizenga un multimillonario; entonces llegó Netflix con otro modelo de negocio. Este proceso crea grandes beneficios para la sociedad.

Los impuestos deben recaudarse de manera progresiva. Pero eso no justifica la redistribución ilimitada o los gravámenes punitivos, señala el semanario inglés. El impuesto al patrimonio propuesto por Elizabeth Warren ya se ha duplicado una vez durante su campaña. Thomas Piketty, economista detrás de muchas de las estadísticas de desigualdad más citadas, quiere un impuesto al patrimonio de hasta 90% sobre los multimillonarios más ricos. Tal expropiación seguramente enfriaría los incentivos para innovar y asignar capital de manera eficiente. Una economía con menos empresarios podría tener menos multimillonarios, pero en última instancia sería menos dinámica.

Finalmente se argumenta que la riqueza es preocupante cuando se atrinchera o se protege de las fuerzas disruptivas. Gran Bretaña apenas es corrupta según los estándares mundiales: los sobornos son raros, por ejemplo. Pero sí tiene un problema con la riqueza heredada, la fuente de la quinta parte de la fortuna de los multimillonarios. Mayores impuestos a la herencia serían bienvenidos allí y en Estados Unidos, donde es demasiado fácil pasar riqueza entre las generaciones. Una agenda más amplia para atacar los alquileres mientras se mantiene el dinamismo debilitaría la protección excesiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que a menudo duran demasiado. Sacudiría la aplicación de la ley antimonopolio para promover la competencia en las industrias antiguas y nuevas por igual. Lo más importante, arreglaría las leyes de financiamiento de campañas de Estados Unidos para librar a su sistema político de la captura corporativa tanto a nivel estatal como federal.