El 8 de Octubre el gobierno japonés elevó al parlamento una propuesta de modificación a las reglas de inversión extranjera en el país nipón. Los cambios, que esperan ser ratificados por el parlamento en diciembre, buscan proteger a una lista de empresas en sectores estratégicos. Las nuevas medidas incluyen reducir del 10% al 1% la participación que los extranjeros pueden adquirir en sectores clave sin la aprobación previa del gobierno, así como la aprobación oficial de directores extranjeros antes de que estos puedan ocupar un lugar en las juntas directivas de compañías japonesas.
 
Las nuevas medidas anunciadas han sido vistas con preocupación pues podrían revertir la tendencia que comenzó en 2013, cuando el primer ministro japonés Shinzo Abe abrió la puerta de la bolsa de Tokio a la inversión extranjera. Actualmente la inversión foránea representa el 30% del TOPIX, un importante índice bursátil nipón, y aproximadamente el 70% de la facturación diaria en la Bolsa de Tokio.
 
Ante las fuertes críticas que despertaron estas medidas, el ministro de finanzas de Japón aclaró que las inversiones de cartera extranjera no necesitarán la aprobación gubernamental mientras demuestren que su intención no es influir en las juntas directivas. Sin embargo, las preocupaciones de los inversores han continuado debido a que hay poca claridad sobre lo que será considerado una infracción y, también, debido la gran cantidad de sectores “clave” que el proyecto de ley busca proteger, que además de la energía nuclear y la aeronáutica incluyen agricultura, transporte, internet y software. Por otro lado, estas medidas desincentivarán la inversión, haciéndola compleja y engorrosa.
 
Aunque los funcionarios sostienen que estas medidas son una puesta al día respecto a políticas similares implementadas en la Unión Europea o Estados Unidos, el verdadero objetivo de estas reformas parecen ser los inversionistas que buscan tener voz en las juntas directivas. En los últimos años estos inversores activistas se han enfrentado en varias ocasiones con grandes corporaciones japonesas para que vendan sus activos no esenciales y dejen de acumular efectivo. En parte, ésta ola de activismo ha surgido a raíz de las presiones del presidente Abe a las juntas directivas para que cambien sus viejas prácticas, lo que ha envalentonado a los inversores. Desde que en 2015 entró en vigor el código de gobierno corporativo, el número de empresas con más de un director externo se ha triplicado.
 
Sin embargo, muchos inversionistas extranjeros dudan de la sinceridad de las nuevas medidas anunciadas. Muchos de ellos en el pasado encontraron atractivo invertir en acciones en la bolsa de Tokio pero ahora están buscando deshacerse de ellas, tan sólo el año pasado se desprendieron de 48 mil millones de dólares en acciones de empresas japonesas.