Jaume Masdeu es periodista catalán. Entre 1990 y 2004 fue corresponsal de Televisión de Cataluña (TVC) en Bruselas, Bélgica, para posteriormente dirigir los servicios de información de TVC entre 2004 y 2007. En el año 2009 retornó a Bruselas para fungir como corresponsal de Cataluña Radio y desde el 2015 es corresponsal para 8TV en Estados Unidos.

Si antaño la construcción de muros para separar naciones se realizaba con base en presupuestos ideológicos, treinta años después la llegada de migrantes y refugiados se ha convertido en la principal justificación bajo el pretexto de representar una amenaza para la seguridad.

Así lo demuestra un informe elaborado por el Transnational Institute, el Centre Delàs d´Estudis per la Pau y Stop Wapenhandel, los cuales han puesto de manifiesto no solo el trasfondo de seguridad que existe en el control de las fronteras y construcción de muros, sino también el negocio que representa para un puñado de empresas dedicadas al negocio de la industria militar y de servicios relacionados con la seguridad. De acuerdo con Mark Akkerman, autor del informe, desde 1990 han sido construidos cerca de 1 000 km de muros terrestres para evitar la llegada de personas desplazadas, cifra que se extiende a 4 750 km si se toma en cuenta la seguridad implementada en operaciones marítimas. Todo esto ha representado un gasto cercano a los 900 millones de euros en muros , 676 millones de euros en operaciones marítimas y 999 millones de euros en muros virtuales.

Sin embargo, no es sino con la crisis migratoria desatada en el año 2015 que algunas empresas se han dedicado a capitalizar esta tragedia humanitaria, como la francesa Thales, especializada en armas y seguridad, así como en sistemas de radar y sensores; al igual que la italiana Leonardo y la paneuropea Airbus, dedicadas a proporcionar helicópteros para realizar vigilancia de fronteras terrestres o marítimas.

En el mismo esquema se encuentran las españolas European Security Facilities (ESF), Indra, Ferrovial, Dragados y GMW. ESF ha proporcionado alambres de cuchillas en espiral para muros en ciudades españolas como Ceuta y Melilla, así como en los muros ubicados en las fronteras ubicadas entre Hungría y Serbia, Bulgaria y Turquía, Austria y Eslovenia, al igual que en el puerto francés de Calais. Por su parte, Indra ha construido vallas en la ciudad de Melilla y ha desarrollado el sistema de control de fronteras SIVE, el cual incluye el uso de radares, sensores y sistemas de visión. Este último ya se encuentra en uso en una gran mayoría de las fronteras marítimas de España, así como en Rumanía y Portugal. Por su parte, Ferrovial y Dragados han recibido contratos multimillonarios para brindar mantenimiento a vallas y muros, mientras que GMV ha recibido contratos para brindar asistencia al Sistema europeo de vigilancia de fronteras (Eurosur) y para brindar tecnología a la Guardia civil, así como software para la Agencia europea de la guardia de fronteras y costas (Frontex).

Con todo, su labor no termina ahí. Ainhoa Ruiz Benedicto, del Centre Delàs d´Estudis per la Pau, ha puesto de manifiesto que dichas empresas también ejercen labor de cabildeo y promoción de los enfoques de seguridad en los temas migratorios. Además del patrocinio de fórums-públicos privados donde se discuten estos temas, organizados por la Organización europea para la seguridad (OSCE) y la Asociación europea de biometría (EAB), órganos que aglutinan a las grandes empresas, también ejercen presión directa mediante la celebración reuniones con autoridades de la Comisión Europea. Tan solo entre los años 2014 y 2019, empresas como Airbus, Leonardo y Thales celebraron 226 reuniones con autoridades de dicha institución.

Se anexa el informe citado.