Donald Trump, mediante decretos presidenciales, ordenó que se trasladaran “todos los recursos legalmente disponibles” a los centros de detención fronterizos y propuso contratar a 10 000 nuevos funcionarios de inmigración. El Servicio de inmigración y control de aduanas (ICE) contaba con la colaboración de McKinsey & Co., una consultora internacional que fue contratada durante el gobierno de Barack Obama para ayudar a estructurar una “transformación organizacional” en la división del ICE.

De esta manera McKinsey volvió a colaborar con el ICE para que ayudar a aplicar las drásticas medidas de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal. Sin embargo, las recomendaciones para ahorrar dinero que propusieron los consultores incomodaron a algunos funcionarios de carrera de ICE: según la gente entrevistada que trabajaba en este proyecto y 1 500 páginas de documentos de la agencia, estas recomendaciones proponían recortes al gasto en comida para los migrantes, así como en atención médica y supervisión de los detenidos.

McKinsey también buscó maneras de acelerar el proceso de deportación, lo que podía afectar el derecho al debido proceso que tienen los migrantes en peligro de deportación de Estados Unidos. Según tres personas que trabajaban en el proyecto, parecía que a los consultores solo les interesaba recortar los gastos y agilizar las deportaciones. De esta manera, la influencia de la empresa consultora aumentó dentro del ICE. También obtuvo una extensión de contrato por 2.2 millones de dólares.

En 2018, McKinsey ganó más de 20 millones de dólares por su trabajo de consultoría para ICE, es decir, por su participación en una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Trump, mientras que el socio de administración global de la empresa, Kevin Sneader argumentaba que la empresa nunca se había concentrado en desarrollar, recomendar ni implementar políticas de inmigración; pero los nuevos documentos revelan que la empresa estaba muy comprometida con el diseño de políticas fundamentales para la represión migratoria del gobierno de Trump.

Esta empresa tiene un historial oscuro: la consultora asesoró a productores de opiáceos para impulsar sus ventas, por lo que tuvo que declarar públicamente que había terminado su operación en ese ámbito. También se sabe que McKinsey es objeto de una investigación penal federal en Estados Unidos que busca determinar si violó las normas de bancarrota.

En el caso de la inmigración, el equipo de consultores estaba tan enfocado en ahorrar dinero, que algunas veces ignoraban a los trabajadores de ICE que decían que las propuestas de recorte de gastos de McKinsey ponían en riesgo la salud y la seguridad de los migrantes.

El trabajo de McKinsey en ICE terminó en julio de 2018. No obstante, ha continuado el trabajo de la empresa para apoyar las restricciones de inmigración del gobierno de Trump. Tan solo una semana después de que Sneader anunció que había terminado el compromiso de ICE, McKinsey firmó un contrato por dos millones de dólares para asesorar a la Oficina de aduanas y protección fronteriza para preparar una nueva estrategia en la frontera que remplace el enfoque del gobierno de Obama, y desde entonces firmó otro contrato más —de hasta 8.4 millones de dólares— con la Oficina de aduanas que mantendrá a la empresa dentro de la agencia al menos hasta septiembre de 2020.