En agosto pasado, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en ingles) emitió una propuesta de legislación para acotar el margen de acción de las firmas de representación (proxy advisors), instituciones encargadas de emitir recomendaciones y asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio de sus derechos de voto como accionistas. Las modificaciones legales apuntan a que las recomendaciones de votación realizadas por tales firmas sean equiparadas a “solicitudes” bajo el marco regulatorio de representación, hecho que significa un endurecimiento del estándar regulatorio con el que venían operando. Aunado a esto, a inicios de noviembre la Comisión añadió más puntos con la finalidad de mejorar la precisión y transparencia en los procesos de votación, tales como elevar el número de votos para que las propuestas de los accionistas tengan éxito o que las empresas puedan ver las recomendaciones antes que los inversionistas.

El ritmo de crecimiento de estas instituciones durante las últimas décadas ha sido patente. Si bien durante los años 50 del siglo XX dichas instituciones tan solo manejaban 10% de las acciones estadounidenses, para el año 2018 esa cuota aumentó hasta 80%. Aunque existen grandes inversores institucionales como Capital Group y Fidelity, los cuales cuentan con equipos internos que se encargan de tales asuntos, el mercado de asesoramiento externo está controlado en su mayoría por dos empresas: la estadounidense Institutional Shareholder Services, la cual provee recomendaciones en 40 000 reuniones de accionistas en más de 100 países y la canadiense Glass Lewis, la cual brinda información a 20 000 votos en 100 países. Ambas firmas concentran 97% del mercado norteamericano de asesoramiento.

Estas instituciones de asesoramiento han representado un elemento bastante incómodo con el que lidiar para algunos de los principales lobbies empresariales. Tom Quadman, de la Cámara de comercio de Estados Unidos, ha señalado que la falta de transparencia, los conflictos de interés y la serie de propuestas sin futuro provenientes de las divisiones de consultoría de estas firmas, son algunos de los elementos con los que tienen que enfrentarse. Por su parte, la Asociación Nacional de Manufacturas indicó que tal endurecimiento del marco regulatorio representa una “victoria significativa ” que establece barreras de contención razonables a la acción de estas firmas. Mientras que para Joseph Grundfest, de la Escuela de Derecho de Stanford, esta legislación brinda cierto margen a las empresas para enfrentar la base factual de las recomendaciones.

Con todo, para los sectores vinculados a las firmas de asesoramiento las nuevas disposiciones regulatorias representan una cortapisa que limita el ejercicio crítico de la administración. Charles Elson, de la Universidad de Delaware, considera que la propuesta de la Comisión es una respuesta punitiva que busca un problema, pues en su opinión las quejas que argumentan los sectores empresariales sobre recomendaciones erróneas son mínimas. Mientras que para el Consejo de Inversores Institucionales, órgano que representa a fondos con más de 4 billones de dólares en activos bajo gestión, dicha movida busca hacer más difícil y costosa la consejería que necesitan los inversores institucionales para hacer rendir cuentas a los directores ejecutivos.

Es bajo este panorama que la propuesta de la Comisión se presenta como un arma de doble filo, pues si bien un mayor ejercicio de transparencia redundaría en un mayor beneficio para los inversionistas, por otra parte, el endurecimiento de las regulaciones podría facilitar el levantamiento de demandas contra los servicios de asesoramiento que las empresas consideren como poco benéficos.

La propuesta ahora entrará en un periodo de comentarios de 60 días, tiempo durante el cual la Comisión podría realizar modificaciones con la finalidad de ajustar los tópicos afilados y orillar a que las firmas de asesoramiento modifiquen por si mismas los ámbitos relacionados con la transparencia y posibles conflictos de interés. Sin embargo, todo apunta a que el órgano regulador establecerá una legislación definitiva para comienzos del año próximo, situación que podría llevar a las firmas a hacer frente por medio de la Corte. Si esto sucede, el enfrentamiento podría alargarse por meses, e incluso por años.