Miatta Fahnbulleh es directora ejecutiva de la Fundación Nueva Economía. Se graduó en 2000 con una licenciatura en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Oxford y obtuvo un doctorado en Desarrollo Económico en 2005 de London School of Economics.

Durante mucho tiempo, la convicción de que el capitalismo se encontraba en crisis era exclusiva de la izquierda. Sin embargo, actualmente ha ganado fuerza en todo el espectro político: los economistas, los encargados de formular políticas y la gente común han llegado a la conclusión de que este proyecto político, económico e ideológico de clase ha llegado a su límite.

Esta crisis lleva mucho tiempo en desarrollo, pero su apoteosis puede ser localizada en la crisis financiera de 2007-2008. En los países miembros de la OCDE, el crecimiento económico en la última década dejó de beneficiar a la mayoría de las personas, por lo que la desigualdad de ingresos es mayor que en cualquier otro momento en el último medio siglo: el 10 % más rico posee casi la mitad de la riqueza total, y el 40 % inferior posee solo 3%.

Los defensores del neoliberalismo señalan que esta política ha aumentado la prosperidad globalmente: se ha reducido la pobreza extrema gracias a los avances tecnológicos, las inversiones y la prosperidad de los mercados libres. Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta el papel crítico que los gobiernos han desempeñado en ese cambio a través de la provisión de educación, atención médica y empleo.

En las últimas décadas, los individuos dejaron de tener movilidad social, lo que hizo crecer la preocupación de la injusticia del sistema. Esta frustración ha llevado a un clamor por el cambio, incluida una nueva receptividad a los ideales socialistas que durante mucho tiempo han sido marginados o han sido considerados tabú (ver Dato crucial 1).

Aunque parece haber un renacimiento de la agenda socialdemócrata, ésta no es suficiente. En primer lugar, el énfasis en la propiedad estatal es cada vez más cuestionado por quienes demandan un control más local y colectivo sobre los recursos. En segundo lugar, los modelos de la posguerra deben enfrentar la amenaza que representa el cambio climático y la degradación ambiental catastrófica. La crisis climática es causada, en gran parte, por los niveles masivos de consumo y uso de combustibles fósiles requeridos por un modelo económico que prioriza el crecimiento (ver Dato crucial 2).

La nota sugiere que ambos desafíos (afectación a la calidad de vida y crisis climática) pueden abordarse adoptando un modelo económico alternativo: uno que adapte los ideales socialistas a la era contemporánea. Este nuevo modelo económico tiene que priorizar un entorno natural, próspero y saludable, debe construirse con empresas que planifiquen a largo plazo, busquen servir a un propósito social más allá de aumentar las ganancias o el valor para los accionistas, y se comprometan a dar voz a sus trabajadores.

Un nuevo contrato social

En Reino Unido, como en Estados Unidos, los gobiernos de centroderecha y centroizquierda han pasado décadas siguiendo una receta neoliberal de recortes de impuestos, beneficios sociales reducidos y desregulación. Como resultado, el colapso neoliberal ha sido particularmente doloroso en Reino Unido (ver Dato crucial 3). Para muchos británicos, el referéndum de 2016 sobre si abandonar la Unión Europea sirvió como una salida para su descontento y enojo ante un sistema fallido.

Pero más allá de plataformas políticas, lo que se necesita es una reforma a gran escala de la relación entre el estado, la economía y las comunidades locales. El primer elemento sería un New Deal verde global, es decir, una movilización masiva de recursos para descarbonizar y al mismo tiempo crear millones de empleos y elevar el nivel de vida. Para alcanzar la meta de emisiones cero, los gobiernos tendrían que invertir en infraestructura verde y nuevas tecnologías para capturar el carbón y almacenarlo, así como entrenar a los trabajadores para adaptarse a una economía verde.

Los encargados de formular políticas también deberán crear incentivos para que las empresas reduzcan su uso de carbono, reemplazando los subsidios para combustibles fósiles con exenciones fiscales por el uso de energías renovables. Los bancos centrales deberían alentar a los mercados financieros a que no inviertan en los combustibles fósiles, a través de políticas de orientación crediticia más estrictas.

Para impulsar los salarios, los gobiernos deberían utilizar todas las palancas del estado (impuestos corporativos, regulaciones salariales y subsidios) para que las empresas paguen justamente a sus empleados y reduzcan la jornada laboral. Además, el poder de los trabajadores debe ser fortalecido para que las empresas reconozcan automáticamente a los sindicatos y otorguen a los trabajadores derechos legales más fuertes para organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga. Los trabajadores también deberían obtener una mayor propiedad de las organizaciones que los emplean.

Así, un nuevo contrato social debe extenderse más allá del lugar de trabajo para establecer un "estado de bien-estar" que brinde los elementos básicos necesarios para tener una calidad de vida decente. Esto incluye inversiones estatales en ámbitos como el acceso universal de cuidado de niños, transporte público y protección de ingresos mínimos.

Lo anterior podría financiarse a través de impuestos progresivos que elevarían la carga impositiva sobre aquellos que pueden pagarla, al aumentar las tasas máximas de impuestos sobre el ingreso corporativo y la riqueza.

El poder para la gente

Sin embargo, las políticas desde arriba no serán suficientes para estimular el tipo de transformación que debe tener lugar en los países desarrollados para sacudir verdaderamente el estancamiento y el declive neoliberal. Esas sociedades también deben volverse más democráticas, con poder y recursos distribuidos a los gobiernos regionales y locales, más cerca de las comunidades (ver Dato crucial 4).

Para que esos experimentos prosperen, figuras políticas influyentes que se identifican con la tradición socialista -como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders en los Estados Unidos o Jeremy Corbyn en Reino Unido- deberían usar sus plataformas para llamar la atención de los activistas y las organizaciones que están trabajando para crear una economía más democrática.