Lisa Friedman es reportera para el área climática y tiene como principales focos de atención la política climática y ambiental en Washington. Previamente trabajó para Climatewire, donde encabezó un equipo de 12 reporteros enfocados en los negocios y la política del cambio climático.

La compañía minera de carbón radicada en Estados Unidos, Murray Energy, se declaró en bancarrota luego de declarar en octubre pasado que poseía deudas por 2.7 mil millones de dólares, ademas de los 8 mil millones de dólares que debía en materia de pensiones y servicios de salud para sus trabajadores. Su director ejecutivo era Robert E. Murray, un ávido partidario del presidente Donald Trump y de sus posiciones negacionistas respecto al cambio climático.

Ademas de llamar la atención por sus malos manejos financieros y sus gastos excéntricos, Roberto E. Murray también es conocido por contribuir en el diseño de docenas de retrocesos ambientales sucedidos durante los últimos tres años. De acuerdo con una serie de documentos judiciales hechos públicos, Murray fue el encargado de fundar y financiar una serie de comités y grupos de presión que tenían como objetivo poner en tela de juicio la existencia del cambio climático para facilitar la revocación de regulaciones sobre emisiones de carbono que fueron impuestas durante el gobierno de Barack Obama.

Con base en esto, 300 000 dólares fueron asignados a Government Accountability & Oversight para contrarrestar a las organizaciones que se oponían a la revocación de las regulaciones ambientales que pretendía realizar el gobierno de Donald Trump. Bajo esta misma linea, 200 000 dólares fueron a parar al think tank Competitive Enterprise Institute, el cual sostiene que no existen pruebas científicas sobre el papel de la actividad humana respecto del aumento de emisiones de efecto invernadero. Por su parte, Heartland Institute recibió 130 000 dólares para patrocinar a negacionistas, los cuales tenían como trabajo participar en las conferencias sobre cambio climático de Naciones Unidas. Ademas de éstas, también se encuentran tanto la organización canadiense International Climate Science Coalition, al igual que el Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, organización radicada en Arizona.

Pese a que algunos activistas ambientales sospechaban del papel de Murray Energy en el patrocinio de grupos negacionistas, la liberación de los documentos sirvió tanto para evidenciar el papel del empresario como para poner de manifiesto los mecanismos mediante los cuales estas organizaciones reciben financiamiento; esto es, a través de organizaciones de terceros que utilizan nombres poco usuales y que son las encargadas de recibir el dinero proveniente de donadores que desean permanecer en el anonimato. Para Kert Davies, director del Climate Investigations Center, esta situación es ilustrativa sobre quienes son los verdaderos encargados de mantener a flote a este tipo de organizaciones encargadas de expandir narrativas de rechazo al cambio climático.

Para otros, como David Schnare, miembro del equipo de transición del presidente Trump en la Agencia de Protección Ambiental, la perdida del financiamiento proveniente de Murray Energy representa una perdida significativa para aquellos grupos que estaban alineados con una filosofía que propugnaba como principio la desregulación ambiental.