The Great Google Revolt

Cita: 

Scheiber, Noam y Kate Conger [2020], "The Great Google Revolt", The New York Times, New York, 18 de febrero, https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/18/magazine/google-revolt.html

Fuente: 
Otra
Fecha de publicación: 
Martes, Febrero 18, 2020
Tema: 
El movimiento de trabajadores de Google que ha cuestionado los contratos de la empresa con agencias de seguridad y sus propias condiciones laborales, ha comenzado a ganar poder dentro de la compañía
Idea principal: 

Sobre los autores

Noam Scheiber es un periodista con base en Chicago que cubre temas laborales para The New York Times. Es autor del libro The Escape Artists sobre el primer periodo presidencial de Barack Obama.

Kate Conger es reportera en temas de tecnología para The New York Times, desde San Francisco; sus temas principales son laborales y de privacidad.


Sorpresivamente, el lunes 25 de noviembre, Google dio por terminado la relación laboral con por lo menos 4 de sus empleados que junto a otros habían alzado la voz tanto para denunciar su situación laboral como por cuestionar la relación de la compañía con algunos de sus clientes, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

Uno de estos empleados, Laurence Berland, un ingeniero con más de 10 años trabajando para la compañía, quien recibío la noticia por medio de un correo electrónico por “violar las politicas de Google” sin dar mas detalles. Berland había sido suspendido semanas antes por investigar las agendas de acceso abierto de varios empleados de la compañía que, sospechaba, se reunían con consultores externos para suprimir la organización laboral dentro de Google. El viernes anterior a recibir el correo electrónico en el que se le informaba de su despido había sido orador en una protesta de empleados de la compañía frente a las oficinas de Google en San Francisco.

Otro de los empleados despedidos el mismo lunes fue Rebecca Rivers, un ingeniero de software con base en Colorado, quien fue despedida por teléfono por acceder a documentos internos. Rivers se había asumido como una mujer transgenero recientemente y buscaba dar la transición medica proximamente. Sophie Waldman y Paul Duke, los otros dos empleados despedidos, al igual que Rivers, no recibieron ninguna advertencia ni habían sido suspendidos antes de ser despedidos. Sin embargo, sí fueron interrogados un par de meses antes por haber difundido documentos internos relacionados con los contratos de la compañía con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP en adelante).

Es verdad, desde sus primeros días Google se distinguió de otras compañías por alentar a sus empleados a “actuar como dueños”, y darles voz en un sin fin de foros, desde listas de correo y generadores de memes hasta sesiones de preguntas y respuestas con los más altos directivos de la empresa, conocidas como T.G.I.F. Tan arraigado estaba esta ética de dar la bienvenida al disenso que incluso cuando el levantamiento comenzó dentro de la compañía, Google pareció escuchar y darle importancia a las preocupaciones de sus empleados.

Sin embargo, a lo largo de 2019 la compañía empezó a recular. Desde entonces ha reducido las oportunidades de sus empleados para denunciar a sus jefes y ha impuesto un conjunto de directrices laborales que prohíben el debate sobre política y noticias. De la misma forma, ha tratado de evitar que sus empleados discutan sus derechos laborales con externos e incluso contrató una consultora especializada en combatir sindicatos. A esta lista se sumó en noviembre el despido de estos 4 activistas, que cimbró las oficinas de Google por todo el país, haciendo que sus empleados se cuestionen si la cultura del debate que cultivó la compañía durante años ahora forma parte del pasado.

Por su parte, un vocero de la compañía, si bien reconoció que el 25 de noviembre se despidieron a 4 individuos involucrados en violaciones a las políticas de seguridad de datos, negó que el motivo fuera el disenso respecto a las actividades de la empresa.

De la misma forma, el surgimiento de activismo laboral en otras compañías, como Amazon y Microsoft, ha levantado preguntas en torno a la naturaleza de esta industria.
Los acontecimientos recientes en Google han hecho dudar del discurso igualitario de Silicon Valley, al mostrar que incluso en los reductos más excepcionales de la industria los patrones están dispuestos a clausurar el debate cuando sus intereses están en juego. Por otra parte, si los trabajadores más buscados en Estados Unidos no pueden evitar este comportamiento de su empleador que les espera al resto de los trabajadores de cuello blanco en el país.

La posibilidad de problemas laborales en Google parecía imposible hace 10 años. Desde que se fundó, Google consideró que su valor dependía del talento excepcional de sus trabajadores, por lo que eran recompensados con los lugares laborales más cómodos del mundo corporativo, además de ser de los más idealistas. La compañía supo canalizar una cosmovisión contracultural, con raíces en la década del sesenta, y la fe en el poder redentor de la tecnología. Cuando gran parte de la economía mundial se mudó a la red, las ganancias de Google y Silicon Valley crecieron enormemente, y la industria desarrolló la reputación de ser la “fábrica de sueños americana”.

Sin embargo, en la medida que se fue aclarando la forma en que Silicon Valley estaba reconstruyendo el mundo, muchos de sus trabajadores empezaron a dudar del espejismo. Con el paso del tiempo, y con las redes sociales absorbiendo el espacio público, se hizo difícil no percatarse que Google y Facebook se habían convertido en un duopolio publicitario muy poderoso. Después de las elecciones presidenciales de 2016 las consecuencias de la revolución de las redes sociales llegaron a parecer distopicas. La noticia de que gobiernos extranjeros se habían servido de las redes sociales para influir en la política interna del país, inquietó profundamente a muchos ingenieros. De la misma forma, otros empleados empezaron a preocuparse de que la administración Trump pudiera usar las herramientas que ellos mismos habían desarrollados con fines inmorales.

En septiembre de 2017 Google firmó un contrato para ayudar al Departamento de Defensa a seguir a personas y vehículos en videos capturados por drones por medio de inteligencia artificial, de una forma más eficiente que los etiquetadores de datos humanos, que se conoció como Proyecto Maven. Después de permanecer en secreto para sus trabajadores durante meses, en febrero de 2018 los rumores trascendieron el pequeño círculo de los ingenieros directamente involucrados. Entonces, muchos empleados preocupados empezaron a buscar dentro de los archivos y documentos de la compañía y a compilar sus hallazgos. Al conocer de forma más detallada sobre el proyecto, el número de trabajadores que consideraban que el proyecto no era compatible con los valores de la compañía creció. Estos empleados escribieron una carta a la gerencia de la compañía en la que pedían cancelar el proyecto. En abril algunos de estos empleados, liderados por Meredith Whittaker, fueron invitados a las oficinas centrales de la compañía para discutir el proyecto con los directivos en un debate que fue transmitido a todo los empleados de la compañía alrededor del mundo.

El resultado de la discusión no fue favorable a la compañía, ni al proyecto. Las preocupaciones de que esta tecnología pudiera ser usada en asesinatos extrajudiciales fue respondida, en el mejor de los casos, con lugares comunes. Incluso los trabajadores que tenían simpatías con el proyecto encontraron la presentación del proyecto deficiente. En junio Google declaró que no buscaría renovar el contrato del proyecto de 250 millones de dólares al año con el Departamento de Defensa. El resultado de esta disputa sorprendió a muchos empleados de la compañía y les dió una idea del poder que tenían.

Los activistas, empoderados por la victoria, aumentaron la presión y desarrollaron una fórmula para echar atrás los proyectos que rechazan: investigando los proyectos usando los buscadores internos de la compañía y compilando los hallazgos en un Google Doc, escribir una carta de protesta y reunir firmas, debatir sobre el asunto en Google Plus. En ese mismo verano, The Intercept sacó a la luz el proyecto Dragonfly para el gobierno chino, que buscaba censurar los resultados de búsqueda en China. Después de meses de protesta interna, Google reculó en ese proyecto también. En diciembre el director ejecutivo, Sundar Pinchai, declaró ante el Congreso que la compañia no tenía planes de lanzar ningún servicio en China.

Sin embargo, los empleados de la compañía no solo se estaban organizando para salvar al mundo de Google, también lo hicieron para defender sus derechos dentro de la compañía, en particular los de aquellos que no cabian en el molde de tecnologo heterosexual, blanco y masculino. En 2017, James Damore, un ingeniero de software en Google, circuló un ensayo de su autoría en donde sostenía que las mujeres eran biológicamente menos aptas que los hombres para las carreras de tecnología. Posteriormente, un grupo de 8 empleados contestó el ensayo con un memo en donde sostenían que debido a que todos somos afectados por la tecnología, todos debemos de tener voz en la manera en cómo ésta se construye.

Los autores de este memo eran parte de un grupo cada vez más grande de empleados que preparaban una contraofensiva más ambiciosa: hablar discretamente con sus colegas sobre los problemas laborales en la compañía que les parecieran más urgentes, pues plantear la sindicalización sería difícil en una industria donde los trabajadores veían con desconfianza a los sindicatos.

El movimiento ya se encontraba maduro cuando en octubre de 2018 el New York Times hizo público que la compañía había dado 90 millones de dólares como bono de salida a Andy Rubin, un ejecutivo, después de denuncias de conducta sexual inapropiada. En medio de la indignación que generó la noticia, Claire Stapleton, gerente de marketing de YouTube, adquirida por Google en 2006, llamó a las mujeres a abandonar la compañía el primero de noviembre, 20 mil empleados alrededor del mundo respondieron al llamado cuando llegó el día, desde empleadas de mantenimiento hasta ingenieros, en protesta por la brecha de género salarial y otras frustraciones laborales. Muchos de ellos eran trabajadores subcontratados que desafiaban su estatus de trabajadores de segunda clase.
Los activistas rápidamente capitalizaron el éxito de la convocatoria. En San Francisco y Nueva York se coordinaron abandonos de los puestos de trabajos semanales para mantener la movilización de los trabajadores. Entre más se organizaban más coincidían en que los ejecutivos tienen mucho poder dentro de la compañía y los trabajadores muy poco. Decididos, los trabajadores van por más. En la búsqueda de crear una organización permanente, organizan chats en aplicaciones como Signal bajo nombres inofensivos para no despertar sospechas y crean una lista de consejos para abordar a otros colegas.

Aunque algunos altos ejecutivos de la compañía vieron con buenos ojos el movimiento, Google dejó claro que la tolerancia a las protestas de sus trabajadores tendría límites. Los precedentes en el sector tecnológico estaban de lado de la compañía. Cuando en 1990, Apple anunció cambios a su plan de participación en las ganancias suscitó tanta indignación en sus trabajadores que pronto se vio obligada a retroceder. Sin embargo, cuando unos 50 de sus trabajadores intentaron crear una organización para exigir influencia en las decisiones de la compañía, sólo consiguieron concesiones simbólicas, y en gran medida tal organización se mostró impotente. El patrón ha repetido de forma constante: pasos en falso de la gerencia, los trabajadores llevan la indignación a sus listas de correo y sus tableros de mensajes, y los directivos, a veces, retroceden, pero luego todo se disipa, no se forman organizaciones permanentes que puedan planificar y actuar estratégicamente.

Google parece seguir el mismo camino. Los activistas trabajaron colectivamente las preguntas que harían a los ejecutivos en las reuniones de personal, sus demandas incluyen la incorporación de un representante de los trabajadores en la junta directiva y el fin del arbitraje forzoso para todos los reclamos de los trabajadores. Si bien, Google concedió el fin del arbitraje, también anunció que no se recibirán más preguntas persona a persona en las reuniones de la empresa, de ahora en adelante, todas las preguntas tendrán que enviarse por medio de una plataforma digital.

Los trabajadores continuaron la agitación con resultados mezclados. En abril de 2019, Kent Walker, vicepresidente de asuntos globales en Google, convocó a una serie de personalidades para conformar un consejo externo para asesorar a la compañía en el uso de inteligencia artificial, entre estas personalidades convocadas se encontraba Kay Cole James, presidente de Heritage Foundation, quien ha manifestado opiniones anti-L.G.B.T.Q. y ha hecho comentarios anti-inmigrantes, según el criterio de muchos empleado de la compañía, lo que llevó a Walker a abortar el consejo.

Sin embargo, según el New York Times, poco después los trabajadores activistas empezaron a desaparecer de la compañía. Claire Stapleton, por ejemplo, empezó a ser relegada hasta que abandonó la compañía cuando los directivos empezaron quitarle responsabilidades y le sugirieron una baja médica temporal hasta que las cosas se enfriaran. Simultáneamente, Google empezó a preparar un estrategia más confrontativa con sus trabajadores “problemáticos”. En mayo, Walker envió un correo electrónico a sus empleados advirtiendoles que serían disciplinados o incluso despedidos si accedían a materiales internos a los que no estaban autorizados a acceder, lo que representa un cambio de políticas importantes según muchos empleados, aunque esto ha sido negado por los voceros de la compañía que lo consideran una simple actualización del lenguaje para hacerlas más comprensibles.

Durante los 6 meses posteriores a la protesta convocada por Stapleton los fundadores de la compañía, Larry Page y Sergey Brin, se mostraron extrañamente ausentes, luego, en mayo de 2019, durante un encuentro general de la compañía reaparecieron solo para mantener una pequeña conversación con Pichai, el jefe ejecutivo, sobre sus trabajos en las subsidiarias de Alphabet (matriz de Google) Sidewalk Labs, enfocada en resolver problemas urbanos, y Wing, que desarrolla drones para reparto, respectivamente. Ambos se mostraron evasivos con las preguntas de los empleados, incluida una relacionada con las represalias a Stapleton.

La presentación principal del encuentro estuvo a cargo de Thomas Kurian, a la cabeza de la división de computación en la nube, un área donde la compañía se encuentra en un lejano tercer lugar detrás de Microsoft y Amazon. En su presentación Kurian se mostró deseoso de hacer negocios con el gobierno. En julio CBP anunció que ofertaría un importante contrato de tecnología de información. El ganador de la convocatoria ofrecería su servicio de computación en la nube para CBP. La idea de trabajar para la CBP inquietó a muchos empleados que circularon una petición para evitar ese proyecto pues consideraban que la compañía facilitaría abusos a los derechos humanos.

Uno de los empleados firmantes de dicha petición fue Rebecca Rivers, quien empezó a preguntarse si la compañía tenía ya contratos con CBP. Después de buscar en el intranet de la compañía encontró correos electrónicos que hacen referencia a un número de contratos con dicha agencia vendidos a través de terceros, incluido uno por 15 mil dólares de Google Cloud Services, uno por 250 mil dólares por una versión de Google Chrome y un tercero de 600 mil dólares con Google Maps.

La propia Rivers había desarrollado algunos aspectos de Maps que pensó en el peor de los casos harían a alguna gente rica, pero nunca que serían usados por una agencia que separa a menores de sus padres. Rivers compartió sus hallazgos con su compañera Sophie Waldman, que a su vez los complemento con sus propios hallazgos y los circuló entre más trabajadores. Muchos otros trabajadores fueron conscientes entonces que habían estado trabajando involuntariamente para CBP. La mayor parte de la indignación giró en torno al proyecto Anthos, un programa que permite a los clientes combinar sus servicios existentes de computación en la nube con los de Google. Cuando un reporte de Business Insider reveló que Google había otorgado a CBP un prueba del programa, los ingenieros que lo habían desarrollado se enfurecieron y empezaron a usar las listas de correos para expresar su indignación. Sin embargo, Kurian declaró que la compañía no estaba relacionada con “la frontera sur”. Para muchos esta respuesta fue satisfactoria, incluso algunos consideraron que de esa forma podrían supervisar el uso del programa.

No obstante, para los activistas la explicación de Kurian no tiene sentido, pues no hay nada en esos contratos que evitará a Google involucrarse con “la frontera sur”. La infraestructura de inteligencia artificial que le proveía Google a la agencia podría ser usada por la CBP en todas sus operaciones. Además, estaba el hecho de que la finalidad del proyecto había sido ocultada a los trabajadores que desarrollaron la tecnología, lo que de alguna manera los hacía cómplices.

Para el otoño de 2019, la disputa entre los empleados de la compañía y la gerencia continuaba escalando. Cuando los empleado de Google en Zurich organizaron una reunión sobre sindicatos y derechos laborales con dos sindicalistas, los directivos intentaron cancelarla pero los empleados desoyeron sus mensajes y celebraron la reunión de todas formas. Simultáneamente, los trabajadores descubrieron que los directivos de Google habían sostenidos reuniones con una firma de consultoría llamada IRI desde mayo, la firma se especializa en derrotar esfuerzos organizativos en lugares de trabajo. Ademas, la compañía también contrató al ex fiscal federal asistente Stephen C. King, con experiencia persiguiendo delitos de cuello blanco, como máximo responsable de seguridad interna.

En septiembre, la nueva división de seguridad interna interrogó a un grupo de trabajadores involucrados en la petición contra el contrato con CBP y con el descubrimiento de los documentos que demostraban los contratos ya celebrados con la agencia. Dentro de este grupo de trabajadores se encontraban Rivers y Berland quienes posteriormente fueron suspendidos, y después interrogados nuevamente. En noviembre 12, Walker defendió las suspensiones en una nota interna, acusándolos de acceder a documentos confidenciales. Más tarde ese mes, unos días antes de acción de gracias, la compañía despidió a cuatro empleados acusándolos de buscar materiales confidenciales de forma sistemática y compartirlos con gente externa, lo que consideró una forma de traición.

Aunque los despidos aterrorizaron a los activistas que habían firmado las peticiones, también, sorprendentemente, movilizaron a cientos de otros empleados que habían estado al margen de las movilizaciones previas. Las reuniones organizativas semanales que usualmente atraían a un centenar de empleados empezaron a duplicar, e incluso triplicar, su convocatoria en poco tiempo.

Por otro lado, entre más agresiva fue la estrategia de la compañía, los activistas se fueron convenciendo de que la única manera de protegerse era conformar un sindicato. Por un tiempo, la idea de un sindicato de solidaridad, sin certificación oficial, fue popular entre los trabajadores de la compañía, pues fundar dicha organización no necesita de ganar la mayoría de los empleados en una elección. Pero desde los despidos, los trabajadores se fueron convenciendo de la necesidad de un sindicato oficial. Algunos comenzaron a acercarse al Sindicato de Empleados Profesionales y Oficinistas, que representa a trabajadores de cuello blanco, como enfermeros, podólogos, personal administrativo y universitario, así como al Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones, que representa a los trabajadores de las compañías telefónicas, de las aerolíneas y a muchos periodistas.

Además de sortear los obstáculos culturales de la sindicalización en una industria donde este tipo de organización ha estado ausente, otros obstáculos son determinar qué empleados son elegibles para unirse a la organización en una compañía tan grande y descentralizada como Google. En ese sentido, muchos han tomado nota de un grupo de 80 trabajadores de Google en Pittsburgh que lograron sindicalizarse en septiembre. Una forma de sortear estos obstáculos logísticos es, descubrieron, sindicalizar oficina por oficina, función laboral por función laboral.

Muchos consideran que la ola de protestas que inició en Google ha trascendido dicha compañía. En enero, cientos de trabajadores de Amazon empezaron a protestar las prácticas de negocios de la compañía. Para ellos, la protesta de abandono del lugar de trabajo en Google fue determinante.

Sin embargo, es difícil determinar qué tanto ha sido dañada la vieja reputación de Google, después de todo, solo tiene que mostrarse un tanto más abierta con los trabajadores que sus rivales. Para muestra, tan solo un día después de que comenzó la protesta en Amazon, el reclutador de Google felicitó a los activistas de Amazon en un post de LinkedIn, y los alentó a acercarse a Google. Por otro lado, el peligro de dañar la reputación de Google limita el rango de acción de su gerencia que, sin duda, busca limitar el descontento de su fuerza de trabajo. Es por ello que el jefe de recursos humanos de la compañía ha sido depuesto y Pichai, el director ejecutivo de la compañía, anunció que está considerando volver al formato irrestricto de las reuniones semanales abiertas llamadas T.G.I.F..

No obstante, los activistas continúan presionando a la compañía. En la encuesta anual de la empresa, los trabajadores expresaron su descontento con la política de datos confidenciales. También está el asunto del despido de cinco trabajadores de la compañía en diciembre por el que el Sindicato de trabajadores de las Comunicaciones ha presentado una demanda contra Google en la Junta de Relaciones Laborales, pues considera que fue en respuesta a su activismo.

Por otro lado, no está claro cuándo la CBP abrirá la licitación del contrato que anunció en julio. Si Google presenta una propuesta, podría volatilizar el ambiente en la compañía aún más. Mientras tanto, los activistas que aún sobreviven en Google, a pesar de temer lo peor para ellos, consideran que hay razones para intensificar su activismo. Para algunos, los trabajadores de Google tiene perspectivas para obtener la victoria pues, en primer lugar, han construido coaliciones mas allá de la compañía, lo que los hace difíciles de aislar. Segundo, han construido alianzas que trascienden las clases y las categorías del trabajo. Finalmente, se han situado políticamente dentro de la reacción en contra de la desigualdad extrema que la industria tecnológica ha personificado.

Además, la revuelta dentro de la compañía coincide con un momento de escrutinio de la tecnología sin precedentes que pone a los trabajadores en un lugar cualitativamente distinto a momentos anteriores. Los trabajadores de Google son ahora cada vez más conscientes del poder que tienen y, consideran algunos, de seguir ejerciendo prevalecerán.

Nexo con el tema que estudiamos: 

La relación que hay entre el gran capital y el Estado queda de manifiesto en los contratos de los gigantes tecnológicos con el Departamento de defensa y otras agencias de seguridad en Estados Unidos, una alianza que nos habla tanto del carácter transversal como estratégico de la tecnología que producen estas empresas. El hecho de que los empleados de estos gigantes tecnológicos, en su mayoría ingenieros altamente calificados, hayan comenzado recientemente a ganar poder e influencia dentro de estas compañías, desarrollando incluso poder de veto en cuanto a algunos contratos, empieza a representar una especie de contrapeso a la instrumentalización de esta tecnología en tareas de vigilancia y control social, así como en el área militar, que por el momento parece difícil de desarmar.