Andrea Kendall es directora del Programa de seguridad transatlántica en el Centro para una nueva seguridad estadounidense.

Erica Frantz es profesora asistente de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Michigan.

Joseph Wright es profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Pensilvania.

La Stasi, el servicio de seguridad de Alemania Oriental, tenía la capacidad de monitorear individuos y controlar los flujos de información de sus ciudadanos. En 1989, sus trabajadores y recursos le permitieron controlar prácticamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos de Alemania Oriental interceptando teléfonos, infiltrándose en movimientos políticos clandestinos e informando sobre relaciones personales y familiares. Durante décadas, la Stasi fue un modelo de cómo un régimen autoritario altamente capaz podría usar la represión para mantener el control social.

Según el artículo, después del establecimiento de la democracia liberal al final de la Guerra Fría, los estados policiales de este tipo ya no parecían viables debido a que las normas globales sobre regímenes legítimos se habían modificado. Más recientemente, las nuevas tecnologías, como internet y los celulares, prometieron empoderar a los ciudadanos, permitiendo un mayor acceso a la información y la posibilidad de establecer nuevas conexiones.

No obstante, las nuevas tecnologías ofrecen a los gobernantes métodos innovadores para preservar el poder y el control: la vigilancia impulsada por inteligencia artificial (IA), por ejemplo, permite automatizar el monitoreo y el seguimiento de los movimientos de oposición, con menos recursos humanos y con costos menores. Además, una vez que los ciudadanos asumen que todas esas cosas están sucediendo, alteran su comportamiento sin que el régimen recurra a la represión física.

La idea del empoderamiento tecnológico, que acompañó la expansión del internet y las redes sociales, alcanzó su punto máximo a principios de la década de 2010, ya que las redes sociales facilitaron el derrocamiento de cuatro de los dictadores más antiguos del mundo: en Egipto, Libia, Túnez y Yemen. Sin embargo, la tecnología no necesariamente favorece a quienes buscan hacer frente a los regímenes represivos. Por el contrario, los autores plantean que los regímenes autoritarios están evolucionando y adoptando la tecnología para remodelar el autoritarismo de la era moderna: liderados por China, las autocracias digitales de la actualidad utilizan tecnología para potenciar las tácticas autoritarias y aprovechan las herramientas digitales para contrarrestar lo que se ha convertido en la amenaza más importante para un régimen autoritario típico: las protestas masivas contra el gobierno.

El espíritu de protesta

Erica Frantz y Joseph Wright junto con otros politólogos ayudaron a recopilar los datos del Proyecto de movilización masiva, que rastrea a los regímenes autocráticos y los datos obtenidos revelan que entre 2000 y 2017, 60% de las todas las dictaduras participantes enfrentaron al menos una protesta antigubernamental con 50 o más participantes (ver Dato crucial 1).

Históricamente, los golpes de estado de las élites militares y los oficiales representaban la mayor amenaza para las dictaduras: entre 1946 y 2000, los golpes de estado derrocaron aproximadamente un tercio de los 198 regímenes autoritarios que colapsaron en ese período. Las protestas, por el contrario, se desmantelaron mucho menos, representando alrededor de 16% de ese total.

De esta manera, el artículo señala que el aumento de las protestas marca un cambio significativo en la política autoritaria en este siglo: los golpes de estado derrocaron alrededor de 9% de las dictaduras que cayeron entre 2001 y 2017, mientras que los movimientos de masas llevaron al derrocamiento del doble de gobiernos. Además de derrocar a los regímenes en la Primavera Árabe, las protestas condujeron al derrocamiento de dictaduras en Burkina Faso, Georgia y Kirguistán. Las protestas se han convertido en el desafío más importante que enfrentan los regímenes autoritarios del siglo XXI.

Sin embargo, a medida que aumentaron las protestas, los regímenes autoritarios han adaptado sus tácticas de supervivencia para mitigar la amenaza de la movilización masiva (ver Dato crucial 2), y aunque la tecnología ha ayudado a facilitar las protestas, los actuales regímenes autoritarios con conocimientos digitales están utilizando algunas de las mismas innovaciones tecnológicas para hacer frente a las peligrosas movilizaciones populares.

Medios de control

Los datos de los proyectos Varieties of Democracy y Movilización masiva muestran que las autocracias que utilizan la represión digital enfrentan un riesgo menor de protestas que los regímenes autocráticos que no emplean estas herramientas.

La represión digital no sólo disminuye la probabilidad de que se produzca una protesta, sino que también reduce las posibilidades de que un gobierno se enfrente a largos esfuerzos de movilización, como las protestas Tailandia en 2010 o las protestas anti-Mubarak en Egipto en 2011.

Sin embargo, este tipo de regímenes no sustituye la represión tradicional con la digital: por ejemplo, en Camboya el gobierno del primer ministro Hun Sen, en el cargo desde 1985, además de emplear la fuerza policíaca para contener las protestas contra las elecciones fraudulentas de 2013, contrató a un proveedor de servicios de internet que bloqueó temporalmente Facebook y cerró numerosos cibercafés. Estas aplicaciones tecnológicas también permiten que el régimen identifique a su oposición, lo que puede resultar en tortura o asesinato de los oponentes al régimen.

El modelo chino

El artículo señala que la inteligencia artificial ha revolucionado los métodos de vigilancia gracias a las cámaras de alta resolución, el reconocimiento facial, el espionaje de malware, el análisis de texto automatizado y el procesamiento del big data.

Se menciona que China es el país que más ha utilizado estos métodos de control social que le permiten recopilar una gran cantidad de datos sobre individuos y empresas (declaraciones de impuestos, información bancaria, historiales de compras, penales y médicos).

China instrumentaliza la inteligencia artificial para analizar esta información y compilar "puntajes de crédito social", que buscan establecer los parámetros de comportamiento aceptable y mejorar el control ciudadano. Las personas o empresas consideradas "no confiables" son excluidas de los beneficios estatales, como alquileres de apartamentos sin depósito, o se les prohíben los viajes aéreos y ferroviarios.

En Xinjiang, el gobierno chino ha detenido a más de un millón de uigures para mandarlos a campos de "reeducación". Los que no están en los campamentos están atrapados en ciudades donde los vecindarios están rodeados de puertas equipadas con software de reconocimiento facial. Ese software determina quién puede pasar, quién no y quién será detenido a la vista. China ha recopilado una gran cantidad de información sobre la población uigur: los datos de teléfonos celulares, registros genéticos así como información sobre prácticas religiosas, ya que son consideradas perjudiciales para el orden público o la seguridad nacional.

Las nuevas tecnologías también brindan a los funcionarios chinos un mayor control sobre los otros miembros del gobierno: con las nuevas herramientas digitales, los líderes pueden controlar a los funcionarios del gobierno, midiendo hasta qué punto avanzan los objetivos del régimen y eliminando a los funcionarios de bajo rendimiento que con el tiempo pueden empañar la percepción pública del régimen.

Aunque China es el jugador líder en la represión digital, en otros países se llevan a cabo este tipo de acciones. En Irán, el gobierno denegó el acceso a internet en todo el país en medio de protestas generalizadas en noviembre 2019. De igual forma, el gobierno ruso, está tomando medidas para controlar la relativa libertad de sus ciudadanos en línea.

El guante de terciopelo

Continuando con el ejemplo de China, los autores mencionan que las tecnologías actuales no sólo facilitan a los gobiernos la represión, también permiten la cooptación, es decir, que la integración tecnológica entre agencias gubernamentales posibilitan al régimen chino el control con mayor precisión del acceso a los servicios (desde la distribución de pases de autobús y pasaportes hasta el acceso a la educación).

El naciente sistema de crédito social en China tiene el efecto de castigar a las personas críticas con el régimen y recompensar la lealtad. De esta manera, las nuevas tecnologías ayudan a los regímenes autoritarios a ajustar su uso de recompensa y rechazo, borrando la línea entre la cooptación y el control coercitivo.

Por otro lado, también se menciona el microtargeting, que permitiría que las autocracias adapten el contenido digital a individuos o segmentos específicos de la sociedad, así como el mundo comercial usa características demográficas y de comportamiento para personalizar los anuncios. Los algoritmos impulsados por la inteligencia artificial permitirán que las autocracias se dirijan a las personas con información que refuerce su apoyo al régimen o busque contrarrestar fuentes específicas de descontento.

Autocracias digitales durables

Gracias a la cooptación de estas nuevas tecnologías, las dictaduras se han vuelto más duraderas: entre 1946 y 2000, el año en que las herramientas digitales comenzaron a proliferar, la dictadura típica gobernó durante unos diez años. Desde 2000, este número se ha más que duplicado, a casi 25 años (ver Dato crucial 3).

También se menciona a Huawei, ya que ha desplegado su tecnología de vigilancia digital en más de una docena de regímenes autoritarios. En 2019, surgieron informes de que el gobierno de Uganda la estaba usando para hackear las cuentas de redes sociales y las comunicaciones electrónicas de sus oponentes políticos.

Los proveedores de tales tecnologías también provienen de países que el texto considera “no autoritarios” y “democráticos”, como Israel e Italia, ya que han vendido software de vigilancia digital a Uganda. Además, las compañías israelíes han vendido software de espionaje y recopilación de inteligencia a varios regímenes autoritarios en todo el mundo, incluidos Angola, Bahrein, Kazajstán, Mozambique y Nicaragua. Las empresas estadounidenses también han exportado tecnología de reconocimiento facial a los gobiernos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Una pendiente resbalosa

El artículo concluye con este apartado que brinda una serie de propuestas para Estados Unidos respecto a cómo manejar el autoritarismo digital:

-Estados Unidos debe modernizar y ampliar la legislación para ayudar a garantizar que las entidades estadounidenses no permita abusos contra los derechos humanos.

-Se resalta la necesidad de que el congreso estadounidense restrinja la exportación de hardware que incorpore tecnologías de identificación biométrica habilitada con inteligencia artificial.

-Imponer sanciones adicionales a las empresas y entidades que brindan tecnología de vigilancia y considerar la legislación para evitar que se invierta en compañías que están construyendo herramientas para la represión, como la compañía china SenseTime.

De esta manera, Estados Unidos, faro de la democracia, podrá poner en marcha la defensa a los derechos humanos, liderando esta gran batalla en contra de los regímenes represivos y construyendo las normas que regulen la inteligencia artificial por medio del uso de la creatividad de las sociedades abiertas.