Los ciudadanos de Hong Kong quieren dos cosas: elegir cómo se rigen y estar sujetos al estado de derecho. El Partido Comunista Chino encuentra ambas ideas tan aterradoras que era de esperarse que enviara tropas para aplastar las protestas en ese país durante 2019.

Sin embargo, la nota señala, la pandemia por covid-19 dio a China la distracción social para mantener su hegemonía en Hong Kong, el Mar del Sur de China y Taiwán.

El 21 de mayo de 2020, China declaró que los residentes de Hong Kong que se consideren amenaza al partido, sufrirán las consecuencias. Además, se anunció una nueva ley de seguridad que definirá nuevos delitos de subversión y secesión, términos que han sido usados en China para encerrar a los disidentes, incluidos los uigures y los tibetanos. La nota menciona que Hong Kong no tendrá voz en la redacción de la ley, lo que permitirá a China estacionar allí a su policía secreta.

De esta manera, China está atacando el acuerdo “un país, dos sistemas”: cuando la colonia británica fue devuelta a China en 1997, China acordó que Hong Kong disfrutaría de un "alto grado de autonomía", incluidos los tribunales imparciales y la libertad de expresión.

No sólo los ciudadanos, también los inversionistas están asustados. La bolsa de valores de Hong Kong cayó 5.6% el 22 de mayo de 2020, su mayor caída en cinco años. La nota continúa describiendo que Hong Kong es un centro comercial global no sólo porque está situado al lado de la parte continental de China, sino también porque disfruta del estado de derecho.

A The Economist le preocupa que China imponga los caprichos del partido en Hong Kong, lo que haría de este territorio un lugar menos atractivo para las empresas globales.

De igual manera, se supone que el sistema "un país, dos sistemas" también aplica para Taiwán. Pero la reelección en enero 2020 de un presidente taiwanés escéptico de China, Tsai Ing-wen, habría convencido a los gobernantes de China de que las posibilidades de una reunión pacífica son muy pocas.

El artículo enlista los desacuerdos que China tiene con otros países, por ejemplo: en la construcción de fortalezas insulares en el Mar del Sur, China ignora tanto el derecho internacional como las quejas de sus vecinos. Recientemente, cientos de tropas chinas cruzaron la disputada frontera de China con India en el Himalaya. La última incursión se produjo en medio de nuevas reclamaciones de tierras que India considera suyas. Al mismo tiempo, las relaciones con Estados Unidos son problemáticas, desde el comercio y la inversión hasta la colaboración científica.

En Hong Kong, el partido quiere detener una "revolución de color", que cree que podría llevar a los demócratas al poder a pesar de los mejores esfuerzos de China para manipular el sistema. El territorio sigue siendo un lugar importante para que las empresas chinas recauden capital internacional, especialmente porque la disputa sino-estadounidense le dificulta y arriesga hacerlo en Nueva York (ver Dato crucial 1).

Los gobernantes de China suponen que las empresas multinacionales y los bancos mantendrán una base en Hong Kong, simplemente para estar cerca del amplio mercado chino. Además, la imagen que el presidente Donald Trump proyecta de Estados Unidos y China en una confrontación se adapta bien a los gobernantes de China ya que los insultos de Trump alimentan la ira nacionalista china que el partido está encantado de explotar. Además, retrata el movimiento democrático en Hong Kong como un complot estadounidense.

En el caso de Taiwán, China enfrenta un poderoso elemento disuasorio: una sugerencia en la ley estadounidense de que Estados Unidos podría acudir en ayuda de Taiwán si la isla fuera atacada y, según el artículo, existe un riesgo cada vez mayor de que China pueda decidir poner eso a prueba.

Regresando al caso de Hong Kong, la Ley de política de ese país requiere que Estados Unidos certifique anualmente que en este territorio, el comercio y otros asuntos deben son tratados como separados de China. De esta manera, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró que "los hechos sobre el terreno" muestran que Hong Kong ya no es autónomo.

Lo anterior permite a Estados Unidos imponer aranceles a las exportaciones del territorio, como ya lo hace a las del continente. Esa es un arma poderosa pero eso podría dañar a los habitantes de Hong Kong y expulsar a las empresas y bancos globales. Según el artículo, sería mejor, como lo propone la ley, imponer sanciones a los funcionarios que abusan de los derechos humanos en Hong Kong.

Además, Gran Bretaña debería otorgar derechos de residencia completos a los cientos de miles de hongkoneses que poseen una especie de pasaporte británico de segunda clase. Sin embargo, para The Economist, nada de esto impedirá que China imponga su voluntad en Hong Kong.