El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una organización internacional con sede en Londres y Nueva York dedicada a promover los derechos humanos y a erradicar los abusos por parte de las empresas.

La pandemia de COVID-19 ha visibilizado y aumentado tanto las desigualdades como las violaciones de los derechos humanos que, de por sí, ya existían en México. Las medidas que los gobiernos federales, locales y las empresas han adoptado ante la pandemia han sido blanco de críticas en medios de comunicación nacionales e internacionales, por asociaciones empresariales e incluso civiles. Sin embargo, nadie mejor que las y los propios trabajadores para percibir el impacto de dichas medidas.

El informe pretende visibilizar aquellos abusos en México, a quienes los cometen y las reacciones de las empresas ante las denuncias levantadas en su contra.

Entre el 23 de marzo y 30 de mayo de 2020 el gobierno mexicano impulsó el distanciamiento social y el cierre de actividades no esenciales como medidas de prevención ante la COVID-19. Sin embargo, ese periodo se prestó para que aconteciera una serie de abusos de los derechos humanos: desde aquellas empresas que, a pesar de no ser consideradas "esenciales" continuaron con actividades, hasta aquellas sí autorizadas operaron bajo un protocolo que no protegía a su personal, pero también los despidos injustificados, la reducción de salarios, vacaciones forzadas sin salarios e incluso sanciones a quienes exigían que sus derechos como trabajadores se les respetara.

Se esperaba que estas prácticas disminuyeran cuando la economía reabriera. Sin embargo, esto no sucedió, al contrario, las denuncias seguían haciéndose presentes.

Empresas como Alsea, Grupo Salinas y Grupo Carso son protagonistas en cometer violaciones generalizadas a la legislación laboral durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La industria maquiladora, agroindustrial, minera y energética, que son fundamentales para la economía mexicana fueron las actividades que presentaron el mayor índice de abusos en el país. Según los casos documentados, los abusos están relacionados con la violación al derecho a la salud y con despidos injustificados, arbitrarios o masivos.

El Centro de información sobre empresas y derechos humanos, que elabora el informe, plantea algunas recomendaciones para las empresas:

• Recontratar a las y los trabajadores y respetar los derechos y prestaciones que tenían antes de la pandemia.

• Adoptar medidas que garanticen los derechos humanos del personal, incluido el abastecimiento e inversión en equipo de protección.

Hallazgos clave

Las denuncias más comunes de abuso de derechos humanos por parte de empresas fueron: violaciones al derecho a la salud (incluida la falta de aplicación de medidas sanitarias, la exposición al riesgo y la falta de apoyo a las personas vulnerables) y los despidos injustificados, arbitrarios o masivos, entre otras.

La industria maquiladora y de servicios -ubicadas mayormente en entidades como Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa- se negaron a suspender operaciones a pesar de las restricciones establecidas por el gobierno, ocasionando que estos estados sean los que reportan mayor cantidad de abusos (Ver dato crucial 3).

En el caso de la maquila la no suspensión de actividades originó huelgas y protestas que, resultaron en despidos y detenciones. En el sector agroindustrial, las y los trabajadores migrantes fueron expuestos a hacinamiento y a escasas medidas para la protección de su salud. A pesar de que las acusaciones públicas contra empresas del sector agroindustrial son escasas, es difícil que éstas rindan cuentas como consecuencia de la poca transparencia con la que operan.

Por su parte, la industria minera fue acusada de poner en riesgo la salud de su personal, sus familias y las comunidades indígenas y campesinas donde operan; numerosas empresas de esta industria continuaron con su operación a pesar de no ser consideradas como actividades esenciales.

En el sector energético, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron acusadas por no garantizar el acceso a atención médica, así como por exponer a su personal. Incluso, según Bloomerg, PEMEX es la empresa con mayor número de muertes por COVID-19 a nivel mundial.

Por otro lado, numerosas compañías afirman haber realizado donaciones de alimentos y equipo médico, así como readecuaciones en sus instalaciones para responder a la pandemia por COVID-19. No obstante, es importante hacer hincapié en que las empresas necesitan adoptar un enfoque sistemático que garantice el respeto de los derechos humanos de las personas trabajadoras.

Introducción

La COVID-19 desenmascaró los problemas estructurales y los abusos contra los derechos humanos en México. El país se ha visto afectado por las fluctuaciones en la economía mundial de la cual depende en gran medida. La reanudación de las actividades no esenciales durante los momentos con mayor tasa de infección se explica por la presión ejercida por empresas y gobiernos extranjeros cuyas cadenas de valor involucran a México.

Industria maquiladora

Las maquiladoras son empresas que fabrican productos que son destinados a otras industrias, como la automotriz, electrónica, textil, entre otras. Su producción masiva implica el empleo de grandes cantidades de personas; por lo regular, las actividades se llevan a cabo en espacios cerrados, lo que ha sido un problema en estos últimos meses ya que en su mayoría son espacios insalubres, lo que ha ocasionado fallecimientos por COVID-19.

Las maquiladoras llevan a cabo sus actividades principalmente en estados fronterizos, puesto que esto garantiza la cercanía al mercado estadounidense, bajos salarios y condiciones laborales flexibles. Dentro de esta industria se presentaron más de 100 casos de violaciones a los derechos laborales y de la salud, lo que explica el alto nivel de infecciones por COVID-19 entre las empresas del sector. A pesar de las muertes en las maquiladoras, las personas trabajadoras organizaron una serie de manifestaciones para exigir que se detuvieran operaciones.

Una de las medidas que adoptaron las maquiladoras fue informar a sus trabajadoras que podían irse a sus casas, pero sin pago de salario, con una reducción de él o a cuenta de vacaciones. Esto significaba que las personas trabajadoras se verían obligadas a trabajar a pesar de las condiciones ya que la mayoría vive al día consecuencia de los bajos salarios. También hubo reportes de empresas que amenazaron a sus empleados con despedirles; a quienes tenían permisos por decreto gubernamental por ser población vulnerable se les pidió que reanudaran sus actividades, de lo contrario no recibirían completo su pago, ni bonificaciones o prestaciones.

Hubo casos en los que las maquiladoras desaparecieron tras suspender actividades y comunicar a su personal que no se les pagaría como consecuencia de la insolvencia de la empresa. La respuesta final de algunas empresas consistió en negar cualquier responsabilidad y desaparecer.

Otra tendencia recurrente fue la de los despidos masivos tras las protestas organizadas por personas trabajadoras para exigir la suspensión de actividades debido a la muerte de compañeros de trabajo y de un número indeterminado de infecciones.

Agroindustria

Las personas trabajadoras del sector agrícola se han caracterizado por sufrir exclusión, discriminación y falta de protección. En el contexto pandémico actual se han visto aún más expuestas y desprotegidas.

El sector agroindustrial fue considerado como actividad esencial de la economía. El informe se cuestiona si los casos registrados de abuso de derechos humanos contra personas trabajadoras agrícolas son consecuencia de la falta de implementación de protocolos de seguridad.

En las últimas décadas, la demanda de exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos ha incrementado y con ella el número de personas trabajadoras agrícolas (Ver dato crucial 5). No obstante, las condiciones de informalidad en la contratación, así como la falta de seguridad social han expuesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las y los trabajadores.

Según el Colegio de la Frontera Norte, “las y los jornaleros agrícolas constituyen una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo; las formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el hacinamiento”.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” afirman que el número de agricultoras y agricultores creció y, según organizaciones de la sociedad civil, la alza podría deberse al aumento de migración infantil y adolescentes tras la suspensión de clases, así como las condiciones económicas que se prevé empeorarán.

En este sector, según el informe, fue muy difícil identificar a las empresas responsables del trabajo en campos agrícolas ya que muchas de ellas cambian constantemente de razón social o arriendan las tierras, por lo que no fue posible saber el nombre de la empresa incluso para las personas jornaleras. En estas circunstancias, no es sencillo identificar a los responsables de los abusos empresariales cometidos en este sector.

Margarita Nemecio, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas declaró que las inspecciones son aleatorias y que, en su mayoría se realizan en empresas grandes, por lo que es difícil que se le brinde algún tipo de protección a las personas trabajadoras agrícolas.

A principios de mayo, en la región de Vizcaíno en Baja California, las personas trabajadoras agrícolas denunciaron que en las granjas no se habían adoptado medidas sanitarias para detener la propagación de la enfermedad, incluso mujeres embarazadas y personas mayores continuaban trabajando en el campo. Y la misma situación se repitió en los estados de Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Michoacán.

La realidad en este sector según declaraciones María del Carmen Ventura del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, es que las empresas no buscan proteger la salud de las y los trabajadores agrícolas. En caso de contagio de COVID-19, las personas trabajadoras agrícolas son dadas de baja y abandonadas a su suerte sin seguro ni prestaciones.

Aunado a ello, el riesgo aumenta al final de la temporada cuando las y los agricultores regresan a sus lugares de origen, pues no hay nada que garantice que no han contraído la enfermedad y en los casos positivos o de defunción no hay ninguna información sobre que la empresa haya apoyado a sus trabajadores.

Minería y energía

Los sectores mineros y energéticos son parte fundamental de la economía mexicana (Ver dato crucial 6). No obstante, también representan conflictos sociales relacionados a una gran variedad de denuncias de abusos de derechos humanos, entre los que destacan la falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la responsabilidad ambiental y la violación de derechos de las personas trabajadoras causadas por accidentes durante las operaciones.

Minería

A pesar de la pandemia, la minería es unos de los sectores que no ha detenido sus actividades e incluso se han beneficiado de las condiciones. Según informes, las empresas mineras han aprovechado la contingencia sanitaria para impulsar legislaciones en las que relajan las normas ambientales en países como Honduras y Colombia. También han ofrecido ayuda en especie a las comunidades afectadas por sus operaciones generando mayor división, desconfianza y tensiones dentro de las comunidades.

Por ejemplo, en Puebla, la minera Gorrión declaró que busca contribuir al desarrollo social de la comunidad, así como mejorar la imagen de las empresas del sector como actores responsables; no obstante, a pesar del apoyo que ha dado, la comunidad los ve con desconfianza. Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida “Atcolhuac” declaró que el apoyo por parte de la empresa no es sinónimo de responsabilidad ni solidaridad, porque no es un apoyo generalizado, sino que han dividido esa ayuda, es decir, han estado comprando a las personas. También dijo que las empresas se aprovechan de la situación de emergencia actual y la vulnerabilidad que les atraviesa como comunidad. Y sugirió que, en lugar de regalar alimentos y productos de higiene personal, las mineras deberían parar actividades pues son espacios y lugares de posible contagio.

A pesar de que el sector no fue considerado como esencial, la fecha que se les brindó para suspender actividades fue hasta el 30 de mayo; sin embargo, la mayoría de las empresas no tomó medidas de prevención hacia con su personal. Aquellas empresas que sí pausaron sus actividades fueron acusadas de cometer abusos como vacaciones forzadas sin pago y despidos masivos sin compensación.

Ocampo Mining, por ejemplo, fue denunciada por personas trabajadoras de preferir recibir una multa en lugar de suspender actividades, exponiendo a sus trabajadores y a sus familias al contagio por COVID-19.

Otro caso fue el de la minera canadiense Equinox Gold la cual reportó un brote de infección entre su personal y aproximadamente 500 personas trabajadoras se negaron a volver a actividades hasta que la empresa les garantizara seguridad ante el riesgo de contagio. La respuesta de la minera fue que ya había realizado pruebas PCR a todas y todos los trabajadores en el sitio; no obstante, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” declaró que la empresa aún no estaba preparada para la reapertura pues no contaba con las instalaciones para la estancia y resguardo de las y los trabajadores. Además, para los casos positivos, no se les garantizaba la protección adecuada durante el confinamiento que deberían de cumplir.

Energía

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el sector energético nacional representa 2% del PIB nacional. Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos empresas más importantes del sector, no están exentas de haber registrado muertes de personas trabajadoras consecuencia de brotes de contagio en sus instalaciones. Ambas fueron consideradas como esenciales por el gobierno federal, por lo tanto, no hubo suspensión de actividades.

Entre las acusaciones que se le hacen a Pemex destacan: exámenes de salud cuestionables; falta de medidas y protocolos de salud para prevenir el contagio, principalmente en el traslado de personal a las plataformas petrolíferas en Tamaulipas y Campeche; omisión por parte de los encargados cuando alguien declaraba tener síntomas de COVID-19; y negligencia, ya que personal considerado como vulnerable continuó actividades junto a compañeros que dieron positivo a COVID-19.

En el caso de CFE, reportó un gran número de casos positivos de COVID-19 y muertes entre su personal a pesar de las supuestas medidas que la empresa adoptó. Por otro lado, CFE suspendió el suministro de electricidad por falta de pago a miles de hogares mexicanos durante la pandemia, lo que violó el derecho a un nivel de vida adecuado durante una crisis sanitaria. Posteriormente, en una reunión con un grupo de representantes federales, CFE aseguró que los cortes de energía durante la emergencia sanitaria no continuarían.

Acciones reportadas por las empresas

También se dieron casos en los que algunas empresas tomaron acciones responsables en sus comunidades: respetar la contingencia sanitaria, obedecer los protocolos y medidas sanitarias recomendadas cuando fuera momento de regresar a los espacios. Las micro y pequeñas empresas son un ejemplo clave pues son las que más protegieron el empleo y la integridad salarial durante el periodo más largo posible.

Empresas de múltiples sectores realizaron donaciones en efectivo y especie en las comunidades locales. Otras optaron por modificar sus líneas de producción para satisfacer la demanda de equipo necesario para combatir la pandemia. Otras más contribuyeron al suministro de gel de alcohol para ser donado a las clínicas de salud pública, otras crearon cadenas de suministro para la producción de ventiladores a corto plazo y bajo costo.

Hay ejemplos en los que sectores empresariales destinaron recursos para apoyar a otros sectores que se encontraban en mayor vulnerabilidad por la caída del consumo y el cese de actividades.

Entre los ejemplos destaca que varias empresas junto con el Gobierno mexicano realizaron esfuerzos para fortalecer la infraestructura sanitaria y generar más espacios para el tratamiento de pacientes COVID-19.

El sector empresarial debe considerar realizar ajustes a sus actividades y ser responsable con los derechos laborares y de salud de sus personas trabajadoras y así garantizar una vida digna.

Ante la pérdida de millones de empleos y el crecimiento del empleo informal, el modo de operar de las empresas es más crucial que nunca y junto con ello, el gobierno debe garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, así como la generación de soluciones creativas e innovadoras para construir un sistema económico más justo.

Recomendaciones

Las empresas tienen la obligación de garantizar la salud y seguridad no sólo dentro de sus instalaciones sino también con las familias de sus personas trabajadoras y en las comunidades en las que se encuentran. Los casos de abuso suscitados durante la pandemia por COVID-19 demuestran que las empresas deben poner mayor énfasis en el respeto de los derechos humanos y en particular, los relativos al trabajo y a la salud de su personal sea en contexto de emergencia sanitaria o no.

Durante la recuperación de la pandemia, las empresas deben:

• Brindar información al personal sobre las medidas de prevención y adaptación, considerado la diversidad de personas trabajadoras, incluido su género, edad y origen étnico.

• Trabajar en cooperación con las autoridades locales en los lugares aislados y en donde existe limitación en el acceso a servicios de salud y vivienda.

• Adoptar medidas que garanticen la protección continua de los derechos de las personas trabajadoras.

• Extender contratos justos e integrales para así evitar la precariedad laboral.

• Recontratar al personal despedido y corregir cualquier medida contra los derechos laborales que hubiese sido adoptada.

• Fortalecer las normas de salud y seguridad.

• Considerar suspender actividades mientras existan controversias legales o sociales en las que la empresa se encuentre involucrada.

• Apoyar públicamente la defensa de los derechos humanos

• Procurar el diálogo abierto.

Para prevenir violaciones de derechos humanos en caso de una crisis futura, las empresas deben:

• Contar con un plan para identificar los posibles riesgos de derechos humanos en las operaciones de la empresa y sus cadenas de suministro.

• Eliminar los modelos precarios de empleo.

• Mejorar la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el corto y largo plazo.

• Respetar la libertad sindical, la negociación colectiva, las condiciones de trabajo seguras y la erradicación de la discriminación.

• Implementar políticas de salarios dignos para todas las personas trabajadoras.

Mientras la pandemia por COVID-19 continúe en México, las empresas juegan un papel clave en la protección de las personas trabajadoras y sus familias. Los cambios que se adopten tendrán un impacto en la construcción de un futuro más justo y sostenible, uno en el que la garantía de los derechos esté en el centro de la toma de decisiones.

Las desigualdades que se han evidenciado durante este periodo deben ser la base para un cambio de paradigma en el sistema económico.