Dulce Olvera es egresada de la Facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad nacional autónoma de México. Se desempeña como reportera para Sin Embargo y cubre temas de economía, derechos humanos, medio ambiente, innovación tecnológica y política.

De acuerdo con la investigación “Los millonarios del agua”, publicada por la Universidad autónoma metropolitana (UAM), en México 3 304 usuarios privados acaparan 13 millones 183 hectómetros cúbicos anuales (hm³/año) de agua para fines lucrativos. En contraste, 30% de los hogares mexicanos sufren recortes o racionamiento diario de agua y saneamiento.

Este fenómeno comenzó con la Ley de aguas nacionales de 1992, con la cual la Comisión nacional del agua (Conagua) ha otorgado concesiones a empresas, asociaciones civiles y personas físicas, que emplean el recurso hídrico para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. Esto significa que 1.1% de todos los usuarios del agua en México, explota 22.3% del recurso hídrico nacional.

Según "Los millonarios del agua", legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua que puede ser concesionado a un actor privado; esto, implica que las concesiones se otorgan tomando en cuenta la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan el recurso, dejando de lado los efectos que dichas concesiones generan sobre el bienestar colectivo. Asimismo, como parte del sistema de concesiones, los actores privados deben pagar de forma diferenciada el recurso de acuerdo con el uso que se le dé.

Bajo esta lógica, la Ley de aguas nacionales ha permitido que el sector privado monopolice legalmente el agua en México con fines de lucro bajo tres mecanismos: 1) los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua; 2) un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y usos de agua; y, 3) un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombres de parientes, socios y/o prestanombres. A lo mencionado, debe agregarse que las concesiones pueden transmitirse y, el hecho de que existe la extracción ilegal de agua por parte de grupos delictivos e incluso, algunos actores privados.

En respuesta a la Ley de aguas nacionales, surgió una iniciativa ciudadana para crear una Ley general de aguas, a través de la cual se busca exigir un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones, en lo que sería un intento por garantizar el derecho al agua a través de la regulación al tipo de uso y a la transmisión de concesiones. A pesar de que algunos legisladores coinciden con la iniciativa, esta se encuentra atorada en la Cámara de diputados.

Empresas acaparadoras

A lo largo del país, entre los millonarios del agua se pueden encontrar 966 empresas, 1 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles, que controlan 22.3% de toda el agua concesionada en México. Estos usuarios privados han estado involucrados en conflictos por el agua, en particular en el despojo de los actores locales, ya que los pueblos y comunidades no fueron ni son considerados respecto a las concesiones, lo que ha producido enfrentamientos por los grandes volúmenes de agua.

Existen diferentes tipos de concesiones de acuerdo al tipo de uso que se da al agua, entre ellos se encuentra: uso único industrial; uso único para diferentes usos; uso único para servicios; uso-único agrícola; “usos otros”, que comprende industrial-otros, agrícolas-otros; y, usos mixtos.

Entre los millonarios del agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial se encuentra Kimberly-Clark, una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, misma que ha sido denunciada por contaminar ríos y manantiales en Veracruz, Querétaro y Michoacán. Asimismo, los bancos BBVA y Banco Azteca cuentan con grandes concesiones, lo que responde a la creación de un mercado internacional del agua y su cotización en el mercado de futuros de California.

Además de Kimberly-Clark y algunos bancos, Proyectos Hidroeléctricos de Puebla también cuenta con concesiones para uso único industrial, mismas que han afectado a comunidades totonacas cercanas al rio Ajajalpan en Puebla. A la lista, se suma la siderúrgica más grande del mundo, AcelorMittal, la cual además de contar con minas a cielo abierto, ha tenido constantes reclamos por contaminación en el ejido Las Truchas y en el Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán.

En el caso de las concesiones de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort en Baja California. Por su parte, en el caso de uso único para servicios, sobresalen las concesiones a cadenas hoteleras en la Península de Yucatán y, la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, la cual se dedica al transporte de gas u gasoductos.

Es importante resaltar que, de toda el agua concesionada en México, 48.7% se emplea en uso-único agrícola. En este sentido, el mayor gasto de agua es realizado por campesinos; no obstante, el sector privado utiliza grandes cantidades de agua, como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi que cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche; y, la compañía Agropecuaria La Norteñita, productora de manzanas.

En cuanto a las concesiones a personas físicas, destaca José Manuel Tricio Cerro, relacionado con accionistas de Grupo Industrial Lala, empresa acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera.

Las concesiones a “usos-otros” agrupa a 613 millonarios del agua que tienen un control sobre 1 millón 851 hm³/año de agua, es decir, 14% del total de agua concesionada. En el caso de industrial-otros, destaca la minera Peñasquito, acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades en el municipio de Mazapil, en Zacatecas. Asimismo, Bebidas Mundiales y Bepensa, de grupo FEMSA, es culpable de la explotación y el agotamiento del agua en Chiapas y Tlaxcala.

En el caso de agrícolas-otros, destaca la empresa Berrymex en Baja California, la principal responsable del conflicto entre jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida. Asimismo, Agro Industrias Vigor y Bayer, con Seminis Vegetable Seeds Mexicana, son otras empresas que sobreexplotan los acuíferos de Baja California. En este rubro, la empresa NatureSweet Invernaderos, productora de tomates cherry, y la empresa de biotecnología Enerall, tienen grandes concesiones en los mantos acuíferos de Yucatán.

La empresa Buena Vista del Cobre de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene grandes concesiones para uso industrial. No obstante, también cuenta con concesiones para diferentes usos, por lo que se ha eximido de pagar tarifas más altas por el agua.

Finalmente, las concesiones para usos mixtos agrupan a 16 millonarios del agua que controlan 0.5% del total de agua concesionado en México a privados; entre estos millonarios se encuentran Bachoco, la cual explota agua en 20 estados de la república, Cementos Cruz Azul y Herdez.