Valeria Guarneros-Meza es investigadora de los cambios económicos estructurales y reformas socio-políticas e institucionales en la gobernanza. Es profesora de política pública, administración pública, políticas urbanas, gobernanza y desarrollo en la Universidad de Montfort.

Gisela Zaremberg es Profesora e Investigadora, Doctora en Ciencias Sociales. Imparte docencia sobre género, feminismos, reacción conservadora, participación y sociología política.

Organizaciones como Global Witness han reportado violaciones a los derechos humanos contra defensores de la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo y México no fue la excepción.

Los sectores de la industria extractiva en México considerados por las autoras son la minería, hidrocarburos, represas hidroeléctricas y los parques eólicos. De estos sectores, el minero es el que cuenta con un mayor número de asuntos conflictivos, seguido por las represas hidroeléctricas y los campos petroleros.

Los conflictos reportados en la minería, hidrocarburos y represas hidroeléctricas generalmente están asociados a daños medioambientales, mientras que en los parques eólicos están relacionados con prácticas de mala planificación territorial. En la minería también se reportan violaciones en las normas laborales.

El sureste del país ha sido considerado para promover el desarrollo económico a través de proyectos extractivos y de infraestructura como el Tren Maya, a su vez. Los conflictos en esta zona están relacionados principalmente con represas hidroeléctricas, campos petroleros y minería. Por su parte, el norte del país ha sido considerado para promover el desarrollo económico a través de la minería; los conflictos en esta región están relacionados justamente con esta actividad.

Tabasco es el estado con más conflictos violentos en campos petroleros y gasoductos. Probablemente, los conflictos seguirán aumentando debido a la construcción de una nueva refinería en este estado, así como a los cambios en el código penal que fueron realizados en julio de 2019 que consistieron en aumentar a 20 años el tiempo de encarcelación por protestas callejeras y bloqueos.

México tiene un ambiente institucional que promueve la participación ciudadana, con el fin de disminuir los conflictos violentos. Son cinco los marcos de referencia institucionales que permiten la participación con relación a la industria extractiva: ambiental, de derechos humanos, agrícola, político y de derechos de propiedad. Y dependiendo de cómo las comunidades utilicen estos marcos de referencia el proyecto en su localidad puede ser aprobado o rechazado, pueden recibir una compensación económica y alcanzar acuerdos sin violencia. Cabe recalcar que para las comunidades indígenas, no pueden rechazar los proyectos una vez que se haya aceptado una compensación económica.

Las asambleas agrarias, surgidas tras la Revolución mexicana de 1910 son las principales instancias para detener un proyecto, siempre y cuando se combinen con el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas. Las asambleas agrarias se rigen por las leyes agrícolas para proceder con denuncias y mandatos judiciales en contra de los promotores empresariales y las agencias que los apoyan.

Los comités de planificación municipal comúnmente han sido ignorados al negociar los términos de un proyecto extractivo. Las asambleas agrarias y mesas de negociación improvisadas han sido las formas más utilizadas por las comunidades, los desarrolladores y las agencias para minimizar la violencia.

Los encuestados del sector privado creen que la presencia de ONG que aconsejan a las comunidades incrementa la violencia cuando va a comenzar un proyecto extractivo o está en desarrollo. Sin embargo, las comunidades y las ONG en México no protestan de forma violenta contra estos asuntos, sino que buscan soluciones de manera pacífica. Es importante recalcar que las acciones informales tanto de las empresas como de las agencias gubernamentales, pueden generar más violencia, ya que sus acciones son primordiales para el desarrollo del sector extractivo.

En contraste, los encuestados del sector público creen que la violencia aumenta cuando las comunidades están fragmentadas internamente, ya fuese por la presencia militar o del narcotráfico. Por su parte, los activistas y académicos consideraron que los promotores de los proyectos tienden a fragmentar a las comunidades a través de compensaciones económicas y que la violencia incrementa debido a la dependencia de las empresas hacia la fuerza militar que protege sus propiedades en caso de protestas.