Mirra Banchón es una periodista freelance quien actualmente labora para la revista Deutsche Welle

El crimen medioambiental se encuentra en un punto de inflexión, según se aseveró en el foro European Development Days.

Gracias al acuerdo firmado entre la cooperación europea para la lucha contra el crimen medioambiental y las instituciones de Panamá, se ha logrado detener la exportación ilegal de más de 300 ranas. Este proyecto, presentado en los European Development Days (EDD por sus siglas en inglés) engloba la exportación de madera, la minería ilegal y el tráfico de especies.

Actualmente no existe una definición universal para el concepto “crimen ambiental”, esto obstruye la labor legal en la materia. Algunos países consideran crímenes ambientales lo que otros permiten, como la minería ilegal o la caza.

El delito ambiental se presenta en las Jornadas Europeas de Desarrollo ya que existe un vínculo muy fuerte entre el desarrollo y el crimen medioambiental. Comunidades rurales se ven desplazadas por el crimen organizado para así talar sus árboles. La minería ilegal, la deforestación y el tráfico de especies tienen graves consecuencias en las poblaciones y en el medio ambiente.

Las regulaciones deficientes, las penas no muy altas y la corrupción facilitan el crimen medioambiental transnacional.

“En los países más vulnerables, donde no hay límites, se tala y se vende como si los recursos fueran infinitos” afirma Ricardo Pineda Guzmán, representante de Honduras en los EDD. Igualmente afirma que “Honduras no tiene un plan de desarrollo a largo plazo, para ello no tienen ni las capacidades ni los recursos ni la visión”. El narcotráfico, las autoridades estatales y los terratenientes se encuentran coludidos en los crímenes medioambientales en Honduras, el país con la mayor tasa de deforestación en los últimos 25 años.

La pandemia desató un punto de inflexión para la lucha contra el crimen medioambiental, opina Marc Reina, especialista en el tema. La situación actual se presenta como una oportunidad ya que se responsabiliza a los delitos ambientales de las crisis sanitarias. No solo basta con las normativas, sino que también hace falta una labor preventiva; dejar en claro a los consumidores que estas prácticas afectan a los derechos de la naturaleza, el bienestar poblacional y la protección ambiental, concluye.