El objetivo de este texto es desarrollar el concepto de territorios criminales para analizar la economía política del crimen organizado. Los grupos de este último está involucrado en dinámicas que tienen como fin controlar ratios de la economía, en las cuales también participan actores empresariales y políticos. Así, los territorios criminales son una representación de la expansión y/o posesión de poder de una serie de sujetos. “En este sentido, los territorios criminales son espacios donde se redefinen procesos de acumulación de capital que inauguran “nuevas relaciones”, “líneas de demarcación” y “jerarquías” altamente expoliadoras de recursos naturales, relaciones sociales, políticas y económicas inherentes al territorio” (p. 240).

Es posible identificar dos antecedentes conceptuales de los territorios criminales: las máquinas de guerra y los territorios ilegales. Mientras el primero de estos conceptos aparece para describir el uso de la violencia de por parte de milicias privadas en África para preservar el sistema poscolonial, el segundo se usó en México para describir el nuevo orden socioeconómico en el país que se generó a partir de la transición democrática del año 2000. Ambos conceptos explican el uso de la violencia por parte de actores privados que controlan los flujos económicos y los procesos sociales en un territorio.

El concepto que se propone ahora: territorios criminales, se diferencia de los otros dos en la medida en que contempla los crímenes que se suscitan a distintas escalas: desde lo local hasta lo global. Así, los territorios criminales contemplan a la globalización de los mercados y los avances tecnológicos como causas de nuevas muestras territoriales del capitalismo neoliberal, en las cuales se presentan oportunidades de alianzas o disputas entre actores empresariales, élites políticas y grupos del crimen organizado para obtener recursos por medio de actividades ilegales.

En la actualidad, la diversificación del capital ha ocasionado que las organizaciones criminales sean complejas al igual que las empresas legalmente establecidas y, por lo tanto, que sea difícil pensarlas sin el apoyo del Estado y de las empresas. Para el caso de México, el Estado ha expoliado las actividades económicas y las relaciones sociales en el territorio.

Los territorios criminales tienen cuatro características principales: 1) son espacios “multiescalares” que materializan alianzas o disputas entre diversos actores privados, quienes controlan las relaciones sociales, políticas y los flujos económicos en un territorio. 2) Se proyectan como una guerra económica, de clase, racial y de género, en donde el Estado administra el terror y la violencia. 3) Redefinen geografías y economías con recursos alto valor estratégico. 4) Reproducen la corrupciónen las instituciones del Estado-nación.

En este marco, se puede visualizar a la violencia y la criminalidad en México como parte del control de recursos de valor estratégico que se conectan con los circuitos de la economía global. El caso de la empresa Odebrecht es representativo de este proceso.

Odebrecht: captura del Estado y macrocriminalidad económica para la conformación de un cártel internacional

En 2016, la empresa Odebrecht fue señalada por “lavado de dinero, conspiración, crimen organizado y corrupción” (p. 244). Odebrecht transfirió ilegalmente dinero a políticos y empresarios de 12 países diferentes para obtener proyectos de construcción (ver dato crucial 1). Estos elementos, la cartelización de empresas y el pago de sobornos para ganar contratos públicos, son las principales características de la captura del Estado.

Además, en tres países (Perú, Colombia y Brasil), Odebrecht financió a grupos del crimen organizado o paramilitares (ver dato crucial 2). La existencia de dichos flujos ilícitos puede ser calificada como procesos de macrocriminalidd económica. El análisis de este último permite precisar las maneras en que los canales lícitos e ilícitos de la economía se entrecruzan con los “procesos estructurales de mercado del Estado-nación” (p. 246). “En dichos términos, la macrocriminalidad económica define la generación, el control o la transformación de los flujos ilícitos en lícitos y viceversa, mediante una mutua funcionalización entre lo legal, ilegal y lo criminal” (p. 246).

La macrocriminalidad económica se sirve de la captura del Estado para manipular a las rentas económicas desde las instituciones públicas. En este sentido, las acciones de macrocriminalidad y captura del Estado llevadas a cabo por Odebrecht pueden ser vistas como procesos complementarios cuyo fin era la homogeneización de las diferencias territoriales.

Los territorios criminales en México

Los niveles de violencia y corrupción institucional en México son fruto de tres procesos globales: 1) las políticas de apertura comercial en la década de los ochenta, que resultaron en la formación de grandes grupos industriales nacionales, así como el cierre de las rutas de tráfico de cocaína en el Caribe, lo que suscitó que los vacíos dejados por las organizaciones colombianas para surtir narcóticos en Estados Unidos fueran ocupados por los grupos del crimen en México; 2) la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que impuso una forma de acumulación relacionada con los grandes monopolios privados y convirtió a las ciudades fronterizas en el principal objetivo para la producción maquiladora y para la dominación de las rutas territoriales de tráfico de drogas; 3) el fin del modelo centralizador de toma de decisiones con la transición política en 2000, situación que devino en la falta de coherencia en la ley y su aplicación, así como en el fin del pacto corporativo y la protección a los grupos delictivos.

Esto último ocasionó un cambio cualitativo y cuantitativo en las organizaciones criminales, que puede observarse en una carrera armamentista, la diversificación de las actividades criminales, la mayor filtración en las instituciones de gobierno y el desarrollo, por parte de los actores delictivos de procesos de investigación y desarrollo (IyD). De igual forma, el fin del Estado corporativo y proteccionista se proyectó en el aumento de grupos criminales y empresas privadas en territorios con grandes reservas de recursos naturales.

Los proyectos extractivos de Odebrecht en territorios criminales: inversiones en Veracruz

Los territorios extractivos que se configuraron al tiempo de la privatización de la economía mexicana quedaron en medio de complejas redes entre grandes empresas, actores políticos y económicos, así como grupos del crimen organizado. La disputa o el control de dichos territorios por parte de estos sujetos ha llevado a la formación de territorios criminales.

Un ejemplo de lo anterior es que, en México, la mayor acumulación de fosas clandestinas se encuentra en zonas con enormes flujos económicos relacionados con hidrocarburos y minerales (ver mapa 1). Asimismo, son estos espacios los que albergan la mayoría de los conflictos entre empresas mineras y comunidades, así como aquellos sometidos por el crimen organizado.

En el marco de la conformación de territorios criminales, Odebrecht desarrolló polémicos proyectos en distintas entidades federativas del país. Por ejemplo, en Michoacán, la empresa construyó una presa de 2006 a 2013. Durante ese periodo, una subsidiaria de Odebrecht transfirió 433 000 dólares a funcionarios del gobierno michoacano. Los municipios en donde se ubica la presa fueron la principal zona de confrontación entre autodefensas y “Los Caballeros Templarios” entre 2013 y 2014.

Otro territorio criminal en donde Odebrecht puso en marcha proyectos es Veracruz. En este lugar, aplicó la misma práctica que en Michoacán: transferencia de dinero a funcionarios públicos. Los traspasos se realizaron durante el curso de dos de los proyectos de obra pública más importantes de la constructora brasileña en México: la modernización de la refinería de Minatitlán y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos.

Dos años después, en 2013 el gobierno de Javier Duarte adjudicó a Odebrecht un contrato para construir la planta hidroeléctrica La Antigua, misma que es un negocio conjunto entre la constructora y el gobierno del estado de Veracruz. En 2015, el congreso de esta entidad asignó a Odebrecht y a otra empresa suiza una concesión para manejar por 30 años el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS).

Veracruz en la conformación de territorios criminales

La obra más relevante de Odebrecht en Veracruz fue el complejo petroquímico Etileno XXI, ubicada en el municipio de Coatzacoalcos. Este último concentra 85% de la producción petroquímica del país; enormes empresas como ExxonMobil, British Petrolum y Shell cuentan con pozos de petróleo y gas en su territorio.

Bajo la perspectiva de la conformación de territorios criminales, la instalación de Odebrecht en Coatzacoalcos responde no solo a la centralidad de la producción de hidrocarburos en el modelo económico, sino también a lo estratégico de esta zona para controlar los flujos de la economía criminal.

En Coatzacoalzcos, los flujos de la economía legal e ilegal se ponen en evidencia gracias a las alianzas entre sujetos del crimen y de la política local. Esta relación ha sido documentada por Guadalupe Correa, quien establece que Los Zetas consolidaron a Veracruz como “uno de los principales territorios energéticos bajo asedio criminal” (p. 256), gracias al apoyo de los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte.

Los Zetas: control territorial y de hidrocarburos en Veracruz

La presencia de organizaciones criminales en Veracruz, cuyos niveles de violencia se exacerbaron durante los gobiernos de Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016), ha provocado la combinación de actividades ilegales con flujos económicos ilícitos como sobornos y corrupción. Gran parte de los municipios con fosas clandestinas son zonas en donde se ubican proyectos energéticos y tomas clandestinas de hidrocarburos, las cuales, en su mayoría, son controladas por enormes entidades criminales (ver mapa 2).

La mayor manifestación de macrocriminalidad económica y territorios criminales de hidrocarburos en Veracruz lo representa la empresa ADT Petroservicios. El principal dueño de esta empresa, Francisco Colorado Cesa, era también un operador financiero de Los Zetas y del CDG. En cuanto a sus relaciones con funcionarios públicos: Colorado Cesa entregó 12 millones de dólares a la campaña de Fidel Beltrán Herrera por la gubernatura de Veracruz y estableció relaciones con Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de esta entidad de 2016 a 2018. Yunes Linares y sus hijos han sido señalados por contar con gran cantidad de inmuebles, cuentas en paraísos fiscales y al menos veinte empresas.

En el momento de la construcción y operación de Etileno XXI por parte de Odebrecht (2009-2012), Veracruz se enfrentaba a la corrupción en el gobierno estatal y la violencia ejercida por organizaciones criminales que buscaban controlar las rentas y los flujos económicos, incluida la explotación de petróleo y gas natural.

Además de su importancia en la producción de hidrocarburos, Veracruz se ha conformado como un territorio criminal, en donde los grupos delictivos, empresarios y políticos buscan “potencializar o maximizar la extracción de renta de forma legal e ilegal” (p. 261).

Conclusiones

Las prácticas de Odebrecht en México ejemplifican las asociaciones y dinámicas que llevan a cabo distintos actores de la economía legal e ilegal. En los territorios criminales, donde dichas asociaciones y dinámicas se ejecutan, se percibe que la economía criminal no opera fuera del sistema, sino que “es el centro mismo de las relaciones capitalistas extendidas sobre el territorio” (p. 261).

Las corporaciones criminales mexicanas han penetrado en los distintos regímenes de gobierno, por lo que es difícil pensarlas sin el apoyo del Estado y las empresas legales. De igual forma, estas organizaciones han establecido un modelo de violencia para controlar el acceso a recursos naturales que se conectan con circuitos globales de comercio.

En este marco, se puede afirmar que la empresa Odebrecht concentró sus inversiones en Veracruz debido a la posición estratégica de esta entidad en la industria energética y a las conexiones existentes entre políticos locales y nacionales, grupos empresariales nacionales e internacionales y miembros del crimen organizado. Esta capacidad macrocriminal le permitió penetrar en territorios criminales como Coatzacoalcos.