En 1994, Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco, puso en operación una mina de oro y plata en la región Sierra Pinta, Baja California. Desde entonces, la mina San Felipe ha crecido de manera firme.

Al inicio, el proyecto no llamó la atención debido a que se presentó por partes. Las primeras autorizaciones fueron otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995, cuando la Compañía San Felipe utilizaba el minado subterráneo. No obstante, desde entonces se consideraba utilizar la minería a cielo abierto en el proyecto.

En 2001 la empresa suspendió sus actividades temporalmente debido a que Frisco consideró que las condiciones del mercado minero no eran propicias. Ocho años después, en 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, realizó un contrato de arrendamiento y ocupación que transformó las operaciones en una mina a cielo abierto. Este desarrollo fue presentado a Semarnat por partes (ver dato crucial 1).

Un proyecto del tamaño de la Ciudad de México

La adquisición de concesiones por parte del proyecto minero San Felipe son la evidencia de que nunca hubo un cese de las actividades en la mina. También es ejemplo del uso de subsidiarias para que una compañía madre se expanda (ver dato crucial 2).

¿Quién gana y quién pierde con la mina?

De toda la población local y flotante en la zona, solo un pequeño grupo de ejidatarios del Plan Nacional Agrario (PNA), que posee terrenos en donde se encuentra el proyecto minero, y algunos pescadores se han cuestionado el proyecto.

El PNA es uno de los ejidos más grandes del país. Cuando la mina reinició las actividades en 2010, un grupo de ejidatarios reclamó un pago más justo. Estas negociaciones terminaron en 2011, no obstante, las demandas fueron llevadas a juicio. En el Tribunal Agrario, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se acusó a la empresa de ocupar terrenos de manera irregular, adueñarse del agua y contaminar mantos acuíferos.

El actual representante legal del ejido señala que un contrato de explotación es ilegal debido a que los terrenos concernientes son de uso común del ejido. Asimismo, los integrantes del comisariado ejidal protestan por el trato inequitativo que reciben de las autoridades, en comparación con la empresa.

Las demandas no han logrado detener el crecimiento de la mina y los efectos de esta expansión comienzan a notarse, por ejemplo, en la escasez de agua. Frisco es la empresa minera que más cantidad de agua concesionada tiene en Baja California. Esta tiene dos concesiones de este recurso: una por 900 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.

En 2015 los ejidatarios exigieron a Conagua que clausurara los pozos que la empresa instaló sin un contrato previo y señalan a la empresa por extracción ilegal de agua (ver dato crucial 3).

La doble cara de la filantropía ambiental

La minera San Felipe, que utiliza mercurio en sus operaciones, se encuentra a escasos metros de la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado y a menos de 30 kilómetros del Mar de Cortés, en donde habitan una de tres especies de mamíferos marinos.

Desde décadas atrás, organizaciones ecologistas han hecho campañas para proteger a la vaquita marina en el Golfo de Baja California. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) argumenta que las muertes de la vaquita son causadas, principalmente, por la pesca, por lo que en 2015 decretó una veda a esta actividad.

Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron públicos dos análisis que detectaron una alta concentración de mercurio en el agua del golfo. Profepa respondió que los niveles de este material son normales.

Más de un año después, el presidente de la cooperativa de pescadores argumentó que la vaquita sigue apareciendo muerta a pesar de la veda. Ni las autoridades ni las organizaciones ambientales examinan la relación de este suceso con la mina.

Otros opositores a la mina han expuesto la afectación al borrego cimarrón y a los pobladores de sierra Las Pintas, quienes sufren malformaciones, asma y alergias.

La investigadora Jeanneht Armendáriz argumenta que la política conservacionista y de desarrollo sustentable de Carlos Slim es una inversión (ver dato crucial 4). “Paras las autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales tiene ‘solo un impacto local’ y ‘no hay evidencia de impacto en la Reserva’."