Óscar A. Castillo Oropeza es doctor en Ciencias sociales y humanidades e imparte clases en la Universidad Intercultural de Hidalgo.

Jorge A. Hernández Gamboa es licenciado en Estudios socioterritoriales y maestro en planeación y políticas metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Introducción

“El vínculo entre el capitalismo en su fase neoliberal, la participación del Estado como facilitador del capital y la transformación de los territorios y las naturalezas, está ampliamente discutido” (p.242). En América Latina, los megaproyectos de infraestructura son ejes centrales del desarrollo de los estados nacionales y del crecimiento económico. Sin embargo, las relaciones de poder político y económico se territorializan en ellos, de manera que, desde la racionalidad costo-beneficio, se convierten en instrumentos de legitimación política más que de utilidad pública. Además, su diseño e implementación están sujetos a decisiones verticales poco incluyentes.

Las consecuencias de los megaproyectos abarcan el cambio de uso de suelo, la alteración de las dinámicas políticas, económicas y de las prácticas socioculturales. Para los pueblos originarios representa una pérdida de los bienes comunes materiales e inmateriales que posibilitan su reproducción generacional.

La literatura sobre la instauración de megaproyectos en México y el resto del continente americano analiza, desde diferentes enfoques, el despojo de tierras a campesinos e indígenas para el desarrollo de proyectos turísticos, los conflictos socioambientales por la minería, las consecuencias territoriales, políticas y sociales de la construcción de plantas termoeléctricas y las resistencias comunitarias por la privatización de los servicios públicos.

En este artículo se expone cómo la construcción del megaproyecto Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía (BAMSL) en la Zona Norte del Valle de México (ZNVM), está provocando sufrimiento hídrico mediante la sobreexplotación del manto acuífero Cuautitlán-Pachuca y en lo político se traduce en la formación del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua (FPODA). Para ello se realizaron observaciones de campo, revisión de notas de periódico y entrevistas semiestructuradas a informantes clave con la intención de recuperar sus testimonios al respecto.

Ecología política del sufrimiento hídrico

La ecología política es un campo multidisciplinario que intenta problematizar políticamente la relación sociedad-hombre-naturaleza y analizar a fondo las causas de los cambios socioambientales, a partir de la influencia de las relaciones de poder político-económicas. De esta manera, la ecología política permite estudiar el papel del estado y el capital en el control de territorio y de la naturaleza a todas escalas.

En las últimas tres décadas, en México, así como Latinoamérica, el desarrollo de la ecología política se ha concentrado en la problematización de los conflictos por el manejo o explotación de los recursos naturales (agua, suelo, etc.), la invasión y destrucción de las áreas naturales protegidas, los movimientos socioambientales, la explotación y contaminación de la actividad minera. Adicionalmente hay un particular interés en el estudio del impacto de zonas rurales.

Como subcampo, surge la ecología política del agua que, de manera general, estudia “los cambios en el modelo de apropiación y gestión del agua que benefician a actores privados nacionales y trasnacionales y conllevan nuevas formas de colonización del territorio, resistencia social y conflicto” (p. 19). En América Latina, se identifican tres ejes en torno al debate del agua: los conflictos relacionados con el agua, las formas de gobierno del agua, los extractivismos y el despojo del agua. En México, se problematizan principalmente desastres por inundación, megaproyectos y conflictos por el agua, intermediarios políticos y clientelismo hídrico.

Por otro lado, el sufrimiento hídrico se refiere a las formas en las que los sujetos experimentan la incertidumbre en relación con la explotación de los mantos acuíferos y pozos comunitarios; se trata de un sentimiento socialmente compartido y es el resultado de cómo las relaciones de poder político-económicas transforman el territorio, determinan el (des)orden y el futuro incierto del agua de las poblaciones menos favorecidas en dicho proceso.

La condición desigual frente a la apropiación del agua estimula acciones políticas multidimensionales y organizadas ante la falta de intervención activa del estado y las empresas privadas en el abastecimiento del agua local, como el FPODA. Cuando los sujetos padecen de incertidumbre hídrica a causa de megaproyectos canalizan el sufrimiento hídrico a través de organizaciones colectivas, toman calles y cuestionan el actuar de las instituciones.

El megaproyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su impacto hídrico

En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) comenzó la construcción del Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) en los terrenos del extinto Lago de Texcoco. En 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó la viabilidad técnica, social y económica por: i) el impacto ambiental sobre los cuerpos de agua, ii) el crecimiento urbano acelerado con desabasto de agua, iii) la falta de infraestructura para servicios básicos (agua, alcantarillado y electricidad), así como espacios para la convivencia social cotidiana y iv) que la decisión de construir el NAICM se tomó sin los estudios técnicos.

A partir de estos cuestionamientos, se propuso edificar un nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía (BAMSL) con la promesa de reducir el tiempo de construcción y los costos económicos y sociales. Para ello, se hizo una consulta popular en octubre de 2018 en 537 municipios de las 31 entidades federativas. En ellas participaron 1 067 859 personas, 29% votaron por continuar con la remodelación del NAICM, mientras que 70% prefirieron la opción de la BAMSL.

La Secretaría de la defensa nacional (Sedena), mediante la empresa Aifa es la encargada de construir la infraestructura básica (pistas, calles de rodaje y terminales) del aeropuerto, otras empresas privadas construirán los estacionamientos, terminales de carga y combustible. Las empresas Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Omega, Egis Road Operation, Aleatica y Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) construirán las vías externas de comunicación y acceso al aeropuerto, ya que desde el gobierno anterior son las principales beneficiadas por la construcción o reparación de importantes vías de comunicación y transporte.

Desde que empezó la edificación del nuevo aeropuerto, éste ha sido cuestionado por sus impactos urbanos y ambientales en la región donde se ubica. La Manifestación de impacto ambiental (MIA) de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (Semarnat) estima que los principales impactos negativos son las emisiones contaminantes a la atmósfera y el uso desmedido del acuífero Cuautitlán-Pachuca. Semarnat ha propuesto alternativas de mitigación como la construcción de una planta de tratamiento biológico y la captación de agua pluviales.

La Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (Sedatu) estima que para 2022 el nuevo aeropuerto incrementará la población en la ZNVM en 110 mil 667 habitantes hasta llegar a 302 mil y 595 mil habitantes en 2042 y 2052, respectivamente. Por lo anterior, resulta esencial garantizar la disponibilidad de agua. Aunque en el nuevo aeropuerto se contempla el abastecimiento del agua con el Acuífero Actopan-Santiago de Anaya en Hidalgo y el río Tecolutla-Necaxa en Puebla y Veracruz, todo indica que el megaproyecto tendrá un enorme costo económico, cultural, político y social, en especial para los municipios aledaños (Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango y Tizayuca, Hidalgo).

“Se cree que el aeropuerto fortalecerá las economías locales, incrementará el nivel de desarrollo y el bienestar social en estos lugares. Pero, hasta el momento, sólo ha acrecentado la sobrecarga hídrica en el territorio y el descontento social entre los habitantes de los pueblos aledaños, que defienden el agua de sus pozos comunitarios” (p. 250).

El Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua

El FPODA es el principal movimiento opositor al megaproyecto del aeropuerto, está integrado por los pueblos originarios y organizaciones civiles de los municipios de Tecámac y Zumpango. En 2018 debido a los resultados de la consulta, el Frente denunció que solo se tomó en cuenta a uno de los 20 pueblos afectados. Cuando se aprobó la construcción del aeropuerto, el siguiente sábado tuvieron la primera reunión, a la cual llegaron representantes de Morena, que únicamente dijeron que lo habitantes no tiene otra opción más que aceptar el aeropuerto y las consecuencias que se derivan del megaproyecto.

Ante la negación del estado, el FPODA se declaró en contra del nuevo aeropuerto. Sus primeras acciones han consistido en la interposición de dos amparos para impedir la obra aeroportuaria y una demanda en la Comisión interamericana de derechos humanos. En 2019 un día después de la inauguración de las obras, Ricardo Ovando, integrante del FPODA dijo: “Vamos a resistir, si los compañeros de San Salvador Atenco resistieron 16 años y evitaron la construcción de un aeropuerto, nosotros también podemos resistir y evitar que se construya ese monstruo”.

El aeropuerto en la BAMSL representa para los pueblos originarios, una vez más, un desafío sociopolítico y la disputa por el control y manejo de sus recursos hídricos. Semarnat ha determinado que el acuífero Cuautitlán-Pachuca está sobreexplotado y que es prácticamente imposible que abastezca de agua al puerto aéreo. Sin embargo, las autoridades ya están considerando explotar el acuífero vecino en el Valle del Mezquital.

Conclusiones

La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las acciones del Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua muestran como las relaciones de poder político-económicas inciden ampliamente en el sufrimiento hídrico de los pueblos originarios, en el territorio y los recursos naturales, como el suelo y el agua. “De ahí que el sufrimiento hídrico que viven los habitantes de los pueblos cercanos al aeropuerto se traduce en diferentes formas de organización y acción política, de demandas y amparos legales, hasta la protesta” (p. 255).