idro Téllez es miembro del posgrado de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aleida Azamar es parte del Departamento de producción económica de la Universidad Metropolitana-Unidad Xochimilco.

1. Introducción

Esta investigación está influenciada por otros trabajos que dan cuenta de los oligopolios locales que dominan la producción minero-metalúrgica y que explotan los recursos mineros que son exportados. Para entender el oligopolio minero en México, es necesario tomar en cuenta la adopción de políticas neoliberales; éstas son factores que explican el crecimiento de las grandes corporaciones mineras por encima de las foráneas.

Este artículo tiene dos objetivos: 1) identificar los “cambios políticos, económicos y territoriales” que contribuyeron a que el gran capital minero nacional se consolidara en el sector minero-metalúrgico nacional; 2) hacer un análisis de las “continuidades y contradicciones” de la concentración de capital durante 1982-2018.

La investigación se centra en 5 corporaciones mineras: Grupo México, Industrias Peñoles, Grupo Acerero del Norte, Minera Frisco y Grupo Ferrominero. Éstas representan grupos mineros, los cuales son empresas conformadas por diferentes subsidiarias con una integración vertical y horizontal. También están interconectadas mediante lazos familiares. Cuentan con una “estrategia de crecimiento, control y obtención de ganancias”.

El método de investigación es mixto: por un lado, se analizan fuentes estadísticas oficiales. Por el otro, se hace una interpretación cartográfica de las concesiones mineras para determinar su localización, distribución y tamaño.

La intención de este trabajo es hacer una documentación panorámica de las contradicciones del gran capital minero de México con una perspectiva espacio-temporal.

2. El despojo para la acumulación del capital minero

Los proyectos mineros en América Latina se han abordado mediante dos enfoques teóricos: el extractivismo y la concepción de la acumulación por desposesión.

El extractivismo es un concepto que refiere al desarrollo caracterizado por “la extracción intensiva de grandes volúmenes de recursos, sin procesar o con un procesamiento limitado” el cual afecta diferentes latitudes. Este desarrollo está destinado a la exportación de materias primas y tiene un gran impacto socioambiental que afecta a los territorios donde se lleva a cabo.

La acumulación por desposesión es un concepto planteado por el geógrafo inglés David Harvey, que recupera el concepto de acumulación originaria introducida por Karl Marx en El capital. Harvey interpreta el concepto marxista y señala que la acumulación por desposesión es un proceso de “acumulación constituido por numerosas prácticas basadas en medios extraeconómicos que representan la forma predominante de acumulación” en el contexto del neoliberalismo. La acumulación por desposesión es también un mecanismo que posibilita la solución de las crisis recurrentes de sobreacomulación de capital.

Ambas posturas teóricas señalan que el origen de las problemáticas derivadas de la minería es la adopción del neoliberalismo como modelo económico. En ello, el estado tiene un papel importante, ya que promueve las instituciones capitalistas y privatiza bienes elementales para la acumulación de capital.

Por su parte, el extractivismo tiene limitantes para explicar la situación en México. En su conceptualización, la minería no está categorizada como una industria. Esta noción deja de lado la integración vertical alcanzada por los grupos mineros (objeto de estudio del presente artículo).

Las operaciones mineras de los grupos mineros mexicanos no se limitan a la extracción, sino que abarcan etapas como la fundición y refinación metalúrgica. Esto no significa que exista un encadenamiento con la industria mecánica o que la mayor parte de la producción de consuma en el territorio.

Pero si los estudios sólo se enfocan en el extractivismo, se deja fuera el análisis del control de los conglomerados de varios yacimientos y complejos metalúrgicos. Además, el extractivismo no pone énfasis en otras operaciones que se articulan con actividades no extractivas (servicios financieros, telecomunicaciones, infraestructura de transporte y energía).

De esa forma, esta investigación toma en cuenta que la acumulación de capital minero no sólo resulta del libre mercado, sino de la imposición de prácticas depredadoras como las concesiones de tierra para la minería. Así, los grupos económicos se apropian de bienes naturales de propiedad social.

El artículo explica las relaciones y los mecanismos de despojo que configuran el funcionamiento de las grandes corporaciones mineras del país y sus impactos en la reproducción ampliada de su capital.

3. La imposición del modelo neoliberal y la concentración de capital minero

El Programa Nacional de Modernización de la Minería y la Ley Minera de 1992 fueron las bases legales y jurídicas para la “consolidación del modelo neoliberal minero”. Con estas modificaciones, el capital minero se benefició ya que se fortaleció el fomento a las exportaciones en 1983 y 1986. También se llevó a cabo un rescate crediticio mediante el Fideicomiso para la cobertura de riesgos cambiarios (FICORCA). Este fideicomiso “ofreció el prepago y la reconversión de la deuda externa adquirida por las compañías mexicanas” durante las décadas de los años 60 y 70.

Esta medida rescató a las empresas mexicanas, entre ellas las mineras, de la crisis de deuda externa privada. Los grupos económicos nacionales concentraron 80% de los recursos económicos del fideicomiso, equivalente a 10 mil millones de dólares.

Gracias al rescate crediticio, las empresas fueron capaces de recuperarse financieramente, lo que les posibilitó la obtención de recursos económicos para adquirir los activos estatales.

La “desincorporación de las reservas nacionales” fue una medida que consistió en declarar como terreno “libre” más de 98% de las zonas de reserva minera que el Estado creó para la satisfacción de la demanda futura de México, (ver Dato crucial 1).

Otra medida ejecutada por el gobierno mexicano fue privatizar a las corporaciones minero-metalúrgicas estatales. En 6 años se vendieron 23 empresas mineras con participación estatal.

En 1989 se remató la participación estatal de la Compañía Minera de Cananea. El estado se la adjudicó a Grupo México por 175 millones de dólares, un valor 3.7 inferior a lo propuesto por otra compañía interesada (Proxeta Monterrey, que ofreció 975 millones de dólares).

Grupo México, encabezado por Jorge Larrea, también obtuvo la “cancelación del contrato colectivo, cuyo valor se calculaba en 1989 en 10 mil millones de pesos, a cambio de otorgar 5% de las acciones de la compañía a los trabajadores”. Después de la revocación del contrato colectivo de los mineros, Grupo México realizó la adquisición de la mina La Caridad por 680 millones de dólares, una tercera parte de su valor.

También en 1989, el grupo Para México, subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, compró la compañía Real del Monte y Pachuca por 6 millones de dólares (su valor estimado era de 105 millones de dólares). Gracias a esta privatización, 205 mineros fueron despedidos.

Aunado a lo anterior, el estado realizó una serie de reformas constitucionales en beneficio de los grupos económicos controlados por el capital nacional monopólico. Dichas reformas se realizaron en el sector minero y su objetivo era la atracción de la inversión extranjera directa.

Algunas de estas reformas fueron:

1) Modificación al artículo 27 constitucional en 1991

2) Modificación de la Ley reglamentaria (Art. 27) en materia ejidal en febrero de 1992

3) Reforma de Ley minera en 1992

4) Reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 1992

5) Modificación de la Ley de Inversión Extranjera en 1993

6) Tratado de Libre Comercio con América del Norte

7) Reforma del artículo 28 constitucional de 1998.

8) Legislación ambiental débil

Con estas reformas neoliberales la minería de México transitó hacia una industria controlada por los grupos mineros aunado a la presencia de las corporaciones de capital extranjero, como las canadienses (orientadas a la explotación de metales preciosos). Las corporaciones beneficiadas fueron: Grupo México, Grupo Peñoles, Grupo Acerero del Norte, Minera Frisco y Grupo Ferrominero (hoy Autlán Holding). Esas empresas también fueron capaces de lograr una integración vertical, se diversificaron hacia otras ramas económicas y absorbieron operaciones extranjeras, (ver Dato crucial 2).

4. La expansión territorial en México del gran capital minero a principios del siglo XXI

Desde la modificación de la Ley Minera en 1992, la superficie concesionada creció, especialmente durante la presidencia de Ernesto Zedillo; en ese periodo, las hectáreas en concesión ascendieron a 992 783. En la primera década del siglo XXI, “se registró un aumento inédito de la superficie concesionada, tendencia que mantuvo una relación de causalidad entre el alza de los precios de los metales preciosos y de los derivados de oro”.

Entre 2007 y 2012, se entregaron concesiones mineras por 3 587 hectáreas en promedio coincidiendo con el periodo de altos precios de metales preciosos a nivel internacional. La superficie acumulada hasta finales de 2017 fue de 35 891 hectáreas concesionadas; 21 millones están en calidad de vigentes, lo que cubre 11% del territorio nacional.

Los 5 principales grupos mineros mexicanos controlaron, hasta 2017, 24% de la superficie otorgada en concesiones mediante 4 mil títulos mineros.

Grupo Peñoles y Altos Hornos de México son las compañías concesionarias que acapararon dos de cada diez hectáreas otorgadas en concesión (ver Dato crucial 3).

Como tal, los minerales en el subsuelo son propiedad de la nación; no obstante, el acaparamiento del área concesionada se asocia con una “ventaja monopólica”. Esto sugiere que el acaparamiento de lotes mineros permite un aprovechamiento privado de los bienes estatales. Como consecuencia, las ganancias extraordinarias surgen del “derecho exclusivo de propiedad que los grupos mineros mexicanos detentan sobre grandes proporciones del subsuelo” (p.46). Lo anterior significa que esas empresas mineras se apropian de una renta que comienza con “la acumulación basada en la concesión de los minerales que el Estado posee en nombre del pueblo que representa”. De 50 unidades mineras que controlan los cinco grupos mineros, 29 están en manos de Grupo México e Industrias Peñoles (ver Tabla 3).

AHMSA posee 4 instalaciones mineras en Coahuila, entidad federativa donde este grupo obtuvo 2.5 millones de hectáreas en concesión, cuya vigencia concluye en 2050.

5. ¿Quién controla la minería mexicana en el siglo XXI?

Los grupos mineros mexicanos controlan la producción nacional en periodos de bonanza y refuerzan la diversificación de sus actividades económicas. Un factor clave para que el capital minero aumentara su dominio en el país fue el incremento de las cotizaciones internacionales de los principales metales producidos y exportados por México.

Así, el capital minero concentró, en 2018, 31% de la producción nacional de oro y 41% de plata (ver Dato crucial 4). Asimismo, los grupos mineros del país controlaron 85% de la producción de cobre en 2018 (ver Dato crucial 5).

El capital extranjero también toma parte en la explotación del subsuelo mexicano: Newmont Goldcorp, Torex Gold, Agnico Eagle y Alamos Gold son las principales empresas extranjeras que incrementaron su producción aurífera (ver Dato crucial 6).

El artículo observa que el capital extranjero se “diluye en el negocio de fundición y refinación, áreas en las que el control por parte de los principales grupos mineros mexicanos es total”. Actualmente, se formó otro núcleo empresarial integrado por Grupo México e Industrias Peñoles; éstas son las únicas corporaciones que funden y refinan oro primario. Como resultado, la competencia y el desarrollo de cadenas productivas independientes están limitadas (ver Dato crucial 7).

La concentración de la producción no se limita sólo al oro, sino a la plata, cobre, plomo, y zinc. Los conglomerados mineros controlan las únicas plantas donde se refinan dichos metales. Así, Grupo México integró verticalmente la extracción, beneficio y refinación de los yacimientos de cobre en México.

Por su parte, Industrias Peñoles tiene la hegemonía nacional en refinación primaria de los otros metales producidos en México: 89% de plata, 69% del zinc y 100% de plomo. Ese control posiciona a la empresa como “el principal productor mundial de plata afinada y los ubica entre los principales productores globales de zinc”. Sin embargo, Grupo México es el principal grupo minero del país (ver Tabla 5). Grupo México multiplicó por 6 sus ventas netas pasando de 17 mil millones de pesos en el año 2000 a 102 mil millones de pesos en 2010.

Asimismo, Grupo México realiza actividades mineras, de transporte y de infraestructura. El grupo tiene presencia en Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.

Lo anterior demuestra un grado de integración, diversificación e internacionalización que le permite, al Grupo México, aumentar sus ganancias (ver Dato crucial 9).

6. Reflexiones finales

El sector minero-metalúrgico mexicano se encuentra bajo el control de cinco grupos mineros de base nacional: Grupo México, Industrias Peñoles, Grupo Acerero del Norte, Minera Frisco y Grupo Autlán.

El éxito económico de esos grupos se nutrió del despojo de los recursos naturales y productivos de México promovido por las reformas neoliberales. Lo anterior se logró con la “desincorporación de reservas mineras federales, la privatización de operaciones altamente productivas y el acaparamiento de concesiones mineras”.

A pesar de lo anterior, los grupos mineros aún son considerados como “abastecedores de minerales y aleaciones” de los países del Norte global.

El gran capital nacional minero continúa profundizando el despojo colonial, el cual no beneficia al país, sino a los grupos mineros que concentran la riqueza mediante el monopolio.