Jen Moore es una investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos (organización progresista dedicada a construir una sociedad más equitativa, ecológicamente sostenible y pacífica). Entre 2010 y 2018 coordinó el Programa de América Latina en MiningWatch Canadá, el cual apoya los procesos de defensa territorial y los esfuerzos para obtener justicia por los daños asociados con las actividades de las empresas mineras canadienses y los asuntos exteriores canadienses en la región latinoamericana.

Leny Olivera Rojas es socióloga por la Universidad de San Simón de Bolivia. Ha sido activista en organizaciones juveniles bolivianas desde el 2000. Es directora de la organización TerraJusta.

Introducción

La pandemia de COVID-19 ha tenido un sinnúmero de consecuencias. La erosión de las economías familiares y el efecto directo en la población ha provocado que las empresas mineras sigan teniendo un lugar privilegiado mientras las brechas de desigualdad existentes se acrecientan.

Debe añadirse que, como consecuencia de la privatización neoliberal y la corrupción estatal, el sistema de salud en varios países ha estado al borde del colapso; al mismo tiempo que la inequidad, la precariedad, la impunidad, la violencia y la militarización han sido una constante en varios países latinoamericanos. Los efectos de la pandemia han sido severos en muchas comunidades, mientras que en sectores como el minero no han existido mayores dificultades.

Como consecuencia de la pandemia, en algunos países de la región latinoamericana se presentaron breves suspensiones en las actividades mineras, lo cual provocó “pequeñas crisis” en contados casos. Por el contrario, la mayoría de empresas mineras en América Latina operaron sin ninguna suspensión. El alza de los precios de metales como el oro, la plata y el cobre durante esta coyuntura permitió que las empresas mineras conservaran su situación privilegiada, se recuperaran de las “pequeñas crisis” y generaran ganancias históricas.

Diversas comunidades en América Latina han experimentado el alto impacto de los niveles de contaminación de la tierra, el agua y el entorno en general como consecuencia del modelo extractivista minero. Ante los daños medioambientales, muchas comunidades se han movilizado para exigir a los gobiernos y a las empresas mineras la rendición de cuentas. De acuerdo con Salcedo (2021), los resultados de estudios de salud realizados a diversas personas arrojaron la presencia de metales tóxicos pesados en sus cuerpos. Ante estas deficiencias de salud y vulnerabilidad, dichas comunidades tuvieron que enfrentar los efectos del virus causante de la pandemia.

En países como Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala, los defensores de los territorios, del agua y del medio ambiente corren diversos peligros debido a que el modelo minero incrimina a los oponentes e incentiva la militarización de las comunidades. En este contexto, la defensa territorial ha enfrentado un sinfín de obstáculos.

De acuerdo con Leny Olvera y Jen Moore la búsqueda por parte de las comunidades de condiciones justas para sus territorios surgen por dos razones: 1) “los gobiernos realizaron ajustes administrativos o legislativos para favorecer la minería” o 2) “el sector minero ha jugado, o no, un rol protagónico en la denominada reactivación económica” (p. 8).

De igual forma, la discriminación racista y capitalista se hizo evidente con el acaparamiento de las vacunas por parte de algunos países de altos ingresos. Las farmacéuticas resultaron las más beneficiadas, mientras se “anuló la posibilidad de considerar otras formas factibles, integrales y colectivas para manejar el contagio” (p. 8).

En el contexto en el que se paralizó la economía, el sector minero se presentó como una alternativa para la reactivación económica y una “supuesta transición energética” (p. 8). Es así como se evidencia la importancia y la necesidad de reafirmar la lucha por la defensa del territorio, para así evitar la destrucción de los medios de vida a manos de sectores como el minero.

Panorama de los casos analizados

El trabajo Sin tregua. Resistencias por la vida y el territorio frente al COVID-19 y la pandemia minera se basa en estudios de caso realizados a través de entrevistas con organizaciones locales y nacionales, personas de comunidades afectadas, talleres internos e investigación de escritorio en México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

El análisis realizado evidencia que el modelo extractivista minero continúa y es respaldado por las autoridades, al mismo tiempo en que las asimetrías entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas se acrecientan en un contexto permeado por acciones de incriminación, represión, militarización y violencia. No obstante, también se observa “la resiliencia y la persistencia de las comunidades afectadas para promover la defensa del territorio y de exigencia de rendición de cuentas por los daños producidos a causa de los proyectos mineros” (p. 9).

Gobiernos y empresas, asegurando los intereses privados
Para el sector minero, no hubo pandemia

En varios países de América Latina la minería es considerada como “actividad esencial, prioritaria o de utilidad pública” (p. 12). En el contexto de pandemia, los protocolos sanitarios para proteger a los trabajadores en este sector así como a las comunidades aledañas fueron deficientes y no evitaron la propagación del virus (OCMAL, 2020).

Las empresas mineras continuaron sus actividades sin restricción en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Al inicio de la coyuntura, Honduras, Panamá y México, implementaron restricciones sobre la actividad minera; sin embargo, ante el hecho de que muchas empresas no respetaron lo planteado por los gobiernos, se levantaron dichas restricciones.

Los efectos de la pandemia en el sector minero fueron casi nulos. Si a lo anterior se agrega el alza de los precios de algunos metales, se entiende la rápida recomposición del sector. De acuerdo con un análisis de PWC Global, “la minería es una de las pocas industrias que emergió en excelente forma financiera y operativa de lo peor de la crisis económica causada por la COVID-19. De hecho, 2020 fue un año excepcional para el sector minero” (p. 12) (PWC Global, 2021).

Se ha afirmado que ante estos hechos es posible que se esté consolidando un nuevo “súper ciclo” de los minerales, similar al que se experimentó en América Latina entre 2004-2013 (OCM, 2021). Olivera y Moore argumentan que esta “bonanza” puede consolidarse en la medida en la que se incrementa la demanda global.

Ante la declaración de la pandemia, Perú decretó un estado de emergencia nacional por la COVID-19 el 15 de marzo de 2020. Las actividades económicas quedaron paralizadas a excepción de aquellas que se consideraron “indispensables”. Asimismo, las autoridades peruanas promovieron la continuidad de las operaciones denominadas “críticas”, entre las cuales se encontraba la actividad minera. En este sentido, debido a que la mayoría de las actividades productivas de la población fueron suspendidas, la economía de las familias más vulnerables y que no viven de la actividad minera fue afectada negativamente.

En Espinar, Perú, las promesas de desarrollo realizadas hace más de cuatro décadas por empresas mineras extranjeras que explotan cobre, plata y oro siguen inconclusas. Muchas familias tanto en áreas urbanas como rurales siguen sin tener acceso a servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Más todavía, las empresas mineras han acaparado y contaminado el agua al realizar sus actividades. De igual forma, las personas en esta localidad están expuestas a sustancias tóxicas (ver dato crucial 3), por niveles superiores a los valores permitidos, lo cual constituye un riesgo grave para la salud (Amnistía Internacional, 2021).

Las medidas implementadas por diversos gobiernos en los países latinoamericanos evidenció las profundas desigualdades entre las grandes empresas y su capacidad de adaptación y aquellas personas que no tenían acceso a un empleo formal y a un sistema de salud de calidad. A pesar de las condiciones en las cuales se encontraba la población de Espinar, Perú, y el elevado número de muertos (ver dato crucial 4) las empresas mineras en la región no interrumpieron sus actividades.

Por otro lado, en Panamá la mina Cobre Panamá de la empresa canadiense First Quantum Minerals estuvo exenta de medidas sanitarias. Debido a la rápida propagación del virus, el Ministerio de Salud del país ordenó la suspensión temporal de las actividades entre abril y julio de 2020. No obstante, los trabajadores manifestaron que las actividades en la mina continuaron a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno panameño (COVEC, 2020).

En Honduras, a pesar de que la actividad minera quedó suspendida desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta junio de 2021, el Estado siguió otorgando licencias ambientales de forma virtual y las comunidades afectadas reportaron que algunas empresas no interrumpieron sus actividades.

En el caso de México, la actividad minera ni la industria automotriz o de construcción no se encontraban en la lista de actividades esenciales publicada en el Diario Oficial el 31 de marzo del 2020. Sin embargo, la paralización oficial del sector minero únicamente tuvo una duración entre seis y nueve semanas debido a la presión política ejercida desde Estados Unidos para continuar con las actividades mineras. Asimismo, la Cámara Minera Mexicana (CAMIMEX), cuyos miembros están constituidos por grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, solicitaron que la minería fuera considerada “esencial”. Lo anterior se suscitó bajo el argumento de la necesidad de mantener activa la industria minera debido a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio renegociado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2020. De tal forma, la minería, la industria automotriz y la construcción se incluyeron como “actividades esenciales” en el Diario Oficial del Estado del 14 de mayo del 2020.

Olivera y Moore concluyen que “con pausa o sin ella, las decisiones tomadas en torno a la irrupción de la pandemia global de COVID-19 parecieron diseñadas a la medida del sector empresarial minero” (p. 14). Bajo el argumento de la necesidad de la reactivación económica, el sector minero mantuvo sus privilegios mientras que “para los pueblos organizados en resistencia y las comunidades afectadas hubo graves implicaciones” (p. 14).

La asimetría del modelo minero se profundiza

El inminente colapso de los sistemas de salud en varios países latinoamericanos, así como las miles de muertes provocadas por el virus han representado “duros golpes” para las comunidades y las organizaciones sociales.

Para las comunidades afectadas por el sector minero, “el ‘quédate en casa’ visibilizó y profundizó las asimetrías existentes en torno al acceso a la información, la movilidad, la capacidad de reunión, organización y comunicación interna y externa” (p. 15). Para las comunidades fue sumamente difícil acatar las restricciones impuestas por los gobiernos para evitar la propagación del virus debido, en gran medida, a la economía informal. De igual forma, las políticas impuestas redujeron las posibilidades de realizar denuncias ante las autoridades competentes, lo cual acrecentó la marginación, las amenazas y la represión.

Así, las brechas existentes entre la relación de poder entre las empresas y las comunidades se acrecentó. Las empresas se presentaron como “un actor magnánimo y paternalista en medio de la pandemia, [...] [buscaron] posicionarse mediática y socialmente en un contexto de necesidades agravadas” (p. 15) al mismo tiempo que generaron divisiones sociales al favorecer a algunas comunidades sobre otras dependiendo de sus intereses.

El sector minero aprovechó las relaciones con las autoridades para omitir las restricciones y continuar con sus actividades mediante la renovación o la adquisición de permisos. Las empresas mineras siguieron causando daños irreversibles al medio ambiente y a la salud de miles de personas, en un contexto de pandemia y de erosión de las economías locales.

A pesar de la coyuntura, diversas comunidades conscientes de los impactos negativos de la minería se organizaron y manifestaron en contra de las prácticas mineras. Debido a las restricciones y confinamiento, la exigencia a las autoridades para la atención sobre los daños ambientales fue aún más difícil. El acceso a los espacios digitales para la resolución de problemas también fue una gran limitante para la participación local.

Tres Proyectos Mineros, México
Grupo minero el Puntal, grupo Male S.A. de C.V. (México), Chiapas

En 2015 se conformó el Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de junio’, FPDS, de Acacoyagua, Chiapas. El objetivo que motivó la conformación del FPDS fue la suspensión de la explotación de la mina Casas Viejas por la empresa mexicana Grupo Minero El Puntal, y prevenir la extracción en 20 concesiones más. De 2012 a 2015 el Grupo Male S.A. de C.V. de México estableció la mina Cristina y contaminó el río Cacaluta al descargar sus desechos en él.

En 2014, los habitantes de los municipios aledaños reportaron la aparición de distintas lesiones en la piel debido al uso del agua del río Cacaluta. Asimismo, se incrementaron los casos de cáncer y enfermedades renales. Por tales razones, en 2016 las comunidades exigieron un estudio al sector público de salud, así como análisis de la calidad del agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Sin embargo, esta petición fue ignorada y se evidenció la falta de respuesta por parte de las instituciones federales. Posteriormente, a causa de un plantón permanente como medida de protesta, se logró la suspensión del proyecto Casas Viejas y se prohibió la reanudación de la explotación por parte de Mina Cristina.

La actividad minera en Acacoyagua, uno de los municipios afectados por la contaminación del río Cacaluta, reapareció en abril del 2020 a pesar de que la estrategia nacional no contempló a la minería como actividad “esencial”. Lo anterior se debe a que con ayuda del gobierno de Chiapas, las empresas mineras manifestaron a las comunidades su intención de “reanudar el diálogo”. No obstante, miembros del FPDS “advirtieron del riesgo existente de volver a ser criminalizados y amenazados tras el diálogo” (p. 22), tal como había sucedido en 2017.

Ante la respuesta del FPDS, el sector minero emprendió una “campaña informativa” entre algunas comunidades, con la promesa de abrir caminos y escuelas a cambio de reiniciar operaciones de la Mina Cristina. Posteriormente a la campaña implementada por las empresas mineras, el FPDS emitió un comunicado en el que señaló que se informaría la situación a las autoridades locales, al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De tal forma, el FPDS impidió que Mina Cristina reanudara actividades.

Altos Hornos de México, Hidalgo

En 2010 se anunció el Proyecto Pachuca, liderado por la Minera del Norte S.A. de C.V. (MINOSA), subsidiaria de la empresa mexicana Altos Hornos de México (AHMSA). Este proyecto pretendía el traslado y depósito de 100 millones de toneladas de residuos mineros desde los municipios de Pachuca de Soto y Mineral de la Reforma, al municipio de Epazoyucan mediante una red de ductos de 36 km de extensión. Asimismo, “el proyecto ocuparía 417 hectáreas en Epazoyucan para construir y operar una planta de beneficio por lixiviación, así como una presa de residuos en la que depositaría los desechos resultantes del proceso de beneficio metálico” (p. 23). Así, el municipio de Epazoyucan recibiría los residuos trasladados de otros municipios y los materiales provenientes de las minas de MINOSA.

Ante el planteamiento de este proyecto y con la finalidad de resistir, nació la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C. (APTYBE) de Epazoyucan, Hidalgo. Afortunadamente la APTYBE ha frenado la implementación del proyecto debido a la declaración del municipio de Epazoyucan como un lugar libre de minería metálica. No obstante, en 2022 la empresa seguía tramitando permisos y autorizaciones ante las autoridades y se han llevado a cabo algunas obras de infraestructura como la supuesta construcción de un ducto de residuos de una empresa minera, en la cual ya fallecieron tres hombres a causa de un incidente. Estos hechos pueden estar relacionados con el Proyecto Pachuca.

La pandemia ha imposibilitado el acceso a la información y a la documentación, así como la organización social. Se suspendió el diálogo entre las comunidades y las autoridades municipales, estatales y federales, facilitando la desarticulación de la APTYBE debido al largo periodo de confinamiento. En este sentido, es sumamente importante que la asociación logre tejer nuevamente las relaciones y retome los procesos de obtención de información.

Argonaut Gold (Canadá), Guanajuato

Las organizaciones Acción Colectiva Socioambiental y la Hermandad de la Cuenca de la Independencia unieron fuerzas para defender el territorio conocido como la Cuenca de la Independencia en el estado de Guanajuato. La Cuenca abarca siete municipios del norte del estado, entre los cuales se encuentran Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende y se enfrenta a una sobreexplotación por parte de las empresas (ver dato crucial 5). Es un hecho que la situación de la Cuenca empeorará si la empresa minera canadiense Argonaut Gold implementa el proyecto Cerro de Gallo con la finalidad de explotar oro a tajo abierto.

El proyecto Cerro de Gallo se ubicaría en la comunidad rural San Antón de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo y, de acuerdo con Environmental Justice Atlas (2021), afectaría de manera directa a otras 20 comunidades de la región. Antes de la pandemia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó el permiso en materia de impacto ambiental para desarrollar este proyecto. No obstante, en noviembre de 2020 la empresa presentó nuevamente la solicitud aprovechando la coyuntura.

Al igual que en casos anteriores, la organización comunitaria enfrentó grandes dificultades debido al impacto de la COVID-19. En julio de 2021, tras una reunión entre los directivos de la empresa y el gobernador de Guanajuato, se comunicó que no se iba a otorgar ningún permiso para la mina. Ante estos hechos, quedó de manifiesto que la movilización social continua de habitantes de las comunidades afectadas de toda la Cuenca sigue organizada y busca frenar la intervención minera en su territorio aun cuando los efectos de la pandemia sobre la economía se siguen haciendo evidentes.

Fortuna Silver Mines (Canadá), México

En 2011 la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines comenzó a explotar la mina San José ubicada en el valle de Ocotlán, Oaxaca. La empresa minera inició operaciones gracias a la violencia y represión, pues varias comunidades zapotecas se opusieron a la explotación.

Después de trece años, las autoridades del municipio de San Pedro Apóstol han manifestado el surgimiento de “problemas graves por la contaminación del ambiente, entre los que se pueden mencionar la pérdida de flora y fauna, la aparición de enfermedades y muerte del ganado, la erosión de la tierra y la pérdida de cosechas” (p. 31) (Ayuntamiento San Pedro Apóstol, 2021).

El río El Coyote ha sido contaminado por actividades mineras y, a pesar de las evidencias de laboratorio sobre los contaminantes, las autoridades exoneraron a la empresa responsable. Ante estos hechos algunas organizaciones como el grupo Articulación por la vida contra la minería del valle de Ocotlán, han trabajado “para exigir atención en salud y la solución ambiental” (p. 31).

En plena pandemia, los esfuerzos de la organización social para encontrar soluciones a las problemáticas medioambientales han estado dirigidos a la SEMARNAT. No obstante, debido a la paralización provocada por la COVID-19, las respuestas por parte del gobierno han sido limitadas y han estancado el proceso de resistencia por un largo periodo de tiempo. A pesar de la “nueva forma de atención al público” mediante las plataformas virtuales, los problemas de acceso a internet y el desconocimiento del uso de las plataformas han complejizado los procesos para que la empresa se responsabilice por las aguas contaminadas.

La empresa Fortuna Silver Mines únicamente tuvo que suspender sus actividades durante ocho semanas y a lo largo de la pandemia se ha promocionado como “un actor de desarrollo”. En diciembre de 2021, la empresa informó que logró la extensión de su licencia ambiental por 12 años (Ganoza, 2021).

¿Minería por encima de la vida?: reactivación económica y transición energética

En el contexto de la pandemia por COVID-19, muchos países de América Latina declararon como actividad “esencial” a la minería. La necesidad de una supuesta reactivación económica y la necesidad de una transición energética motivó una desregulación para facilitar las operaciones mineras, acrecentando sus privilegios.

Desregulación

Desde principios de 2020 y con el inicio de la pandemia, en muchos países la desregulación del sector minero “logró relajar la normativa ambiental y de protección de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales” (p. 34). En Brasil se promovieron cambios en el código de minería y en la Constitución Federal, con el fin de permitir que el sector minero siguiera operando en territorios indígenas y en la Amazonía.

Asimismo, antes de la pandemia las autoridades de Chile facilitaron grandes inversiones mineras e implementaron nuevos mecanismos para dar mayor seguridad a los inversionistas. En este sentido, se reformó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental creando una nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables con el objetivo de “destrabar” proyectos mineros. De tal forma, se incrementaron exponencialmente las evaluaciones de impacto ambiental presentadas ante las autoridades chilenas. Los proyectos siguen siendo respaldados con el argumento de ser un factor clave para la reactivación económica de la región y ser una fuente de empleo para los habitantes locales. Las autoridades plantean que la recuperación económica post covid 19 “se basará en la minería responsable”. A lo cual añaden que “en esta crisis, la minería una vez más no le ha fallado a Chile” (p. 35).

Otros países han ofrecido ventajas administrativas y tributarias al sector minero. En Honduras, en medio de la pandemia se aceleró el otorgamiento de licencias ambientales mediante vía virtual y se reformó la ley de minería con el fin de otorgar beneficios fiscales a las empresas mineras.

En 2020, el gobierno de Colombia implementó la política denominada “reactivación sostenible”, la cual incluye 35 proyectos mineros, petroleros y de energía eléctrica que se visualizan como “estratégicos y prioritarios”. De igual forma, el proceso de evaluación de permisos ambientales se agilizó mediante una plataforma virtual, lo cual limitó la participación de las comunidades afectadas.

En varios países los protocolos sanitarios laborales y las restricciones para evitar la propagación del virus causante de la pandemia se relajaron como consecuencia de la presión del sector minero. Especialmente en Perú con el argumento de lograr la “recuperación económica” y debido al alza de los precios de los minerales, las autoridades redujeron los procesos de monitoreo y fiscalización ambiental.

Pueblos, resistencia y violencia
Medidas de contingencia frente al incremento de la represión, violencia y militarización

Las empresas, los estados y otros actores han perpetuado e intensificado la violencia y represión en América Latina. Durante la pandemia se han registrado varios asesinatos de defensores de los territorios (ver dato crucial 6). A pesar de las cifras registradas, la frecuencia de amenazas, ataques, criminalización y otras formas de intimidación y amedrentamiento de las comunidades y organizaciones involucradas en la defensa territorial sin duda es mayor.

Los casos revisados en el informe de Olivera y Moore, ejemplifican tres dinámicas de control territorial a través de la fuerza: a) la represión de la protesta social; b) las amenazas, violencia y criminalización en contra de las y los defensoras/es; y c) la cooptación, militarización y violencia generalizada (p. 45). Dicho lo anterior, las autoras proceden a plantear ejemplos con el fin de evidenciar el aumento de la violencia y criminalización en contra de los procesos de defensa territorial en América Latina, hechos que se han intensificado durante la pandemia de COVID-19.

Represión de la protesta social

En Perú, las autoridades reprimieron brutalmente una movilización orquestada en la población de Espinar, en la región de Cusco cuyo objetivo era exigir el pago de un bono único de 1,000 soles para así poder enfrentar la crisis económica. Esta represión tuvo lugar debido a que desde hace varios años las autoridades peruanas han implementado una serie de normas y acciones encaminadas a garantizar la inversión extranjera privada al mismo tiempo que se sofocan las manifestaciones en contra del sector minero.

Asimismo, en Chubut, Argentina, el pueblo indígena Mapuche Tehuelche se ha manifestado en contra del desarrollo de una ley cuyo objetivo es la creación de una zona minera en la provincia. Ante estos hechos, la comunidad fue reprimida por el Estado. A pesar de la represión, el proyecto de ley fue derogado.

De manera similar, en Ecuador las organizaciones de la sociedad civil han denunciado un incremento de la militarización y la represión en el país durante la pandemia. El gobierno declaró al inicio de la pandemia el “estado de excepción” con el fin de “normalizar la suspensión de derechos constitucionales y la presencia de militares en las calles” (Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, 2020). El gobierno ecuatoriano ha buscado “obstaculizar el ejercicio del derecho de movilización, resistencia y protesta social” (p. 47).

A principios de la pandemia, en Putaendo, Chile, la población se movilizó después de que las autoridades aprobaran el proyecto de exploración de Los Andes Cooper. Ante este escenario, el gobierno desplegó un contingente militar y un grupo de fuerzas especiales para así intimidar y provocar a la población.

Amenazas, violencia y criminalización en contra de las y los defensoras/es

Perú es uno de los países con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales. En 2020 seis defensores fueron asesinados; sin embargo, otros asesinatos no han sido esclarecidos y no forman parte de ningún registro. La provincia de Espinar se encuentra en el denominado “corredor minero” del Sur del Perú. En este corredor, existen varios proyectos mineros importantes que afectan a 37 comunidades campesinas quechuas y han exacerbado varios conflictos socio ambientales. Estos conflictos han dado lugar a la criminalización de los defensores del territorio.

En Brasil, la empresa minera canadiense Equinox Gold ha criminalizado las protestas, logró la prohibición del bloqueo de calles y presentó una demanda contra cinco líderes locales. Una líder local demandada expresó que “La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias [...] con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia” (p. 49). De esta forma, Brasil también registra una tasa alta de amenazas y ataques contra los defensores del territorio y se encuentra entre los de mayor índice de asesinatos en América Latina.

En Ecuador alrededor de 449 personas defensoras del territorio han sido amenazadas, hostigadas, intimidadas, criminalizadas y perseguidas por parte de las autoridades y el sector minero. Colombia es uno de los países más peligrosos para las y los defensores del territorio, del medio ambiente y los derechos humanos (ver dato crucial 7). Debido a la pandemia del COVID-19, la situación de violencia, intimidación y amenazas de muerte se ha exacerbado en contra de las personas que denuncian los efectos ambientales de las empresas mineras.

En Honduras, el autoritarismo del régimen de la narcodictadura ha aumentado durante la pandemia. La militarización e incriminación ha sido una constante. Asimismo, en 2019 siete defensores de los territorios fueron detenidos, detenciones que fueron calificadas como “arbitrarias” por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. A principios de 2022, después de un largo proceso jurídico, seis de los siete defensores fueron liberados.

En México, la violencia en general y la violencia hacia las personas que luchan por la defensa ambiental y territorial sigue en aumento. Un ejemplo de ello es que en Sonora desde 2013 miembros del ejido El Bajío han enfrentado un panorama violento debido a que lograron que se declararan nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras de los ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont. Las 67 sentencias favorables ordenaron resarcir los daños ocasionados por la extracción de oro en las tierras del ejido. No obstante, la violencia en contra de las y los ejidatarios sigue aumentando y se manifiesta a través de secuestros, intimidación, desapariciones forzadas, amenazas y muertes. La minera Penmont ha negado su relación con estos actos y los ha atribuido al crimen organizado y al “clima de violencia” generalizado.

Cooptación, militarización y violencia generalizada

La empresa Macusani Yellowcake de propiedad de la canadiense American Lithium, junto con las autoridades del departamento de Puno, Perú, han cooptado organizaciones locales para aumentar el nivel de vigilancia y control territorial y así ejercer control en la población rural y su resistencia. Bajo este esquema se han implementado las “rondas campesinas” con el objetivo de “mantener la seguridad de sus territorios”. De tal forma, las rondas campesinas junto a la policía municipal tienen un mayor control en las zonas con mayor presencia de actividades mineras.

A finales de 2020, tuvo lugar una incursión militar al territorio del Pueblo Shuar Arutam PSHA, Ecuador, previo a la presentación de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del Estado ecuatoriano. Posteriormente, en septiembre de 2021, el PSHA denunció públicamente a la empresa canadiense Solaris por intentar ingresar maquinaria pesada de manera violenta en la comunidad Maikiuants con el objetivo de construir el proyecto vial Warintz-Yawi. La maquinaria vial fue incendiada y las autoridades responsabilizaron, sin prueba alguna, a los dirigentes. De tal forma, el Estado utilizó este incidente “para justificar medidas legales contra sus dirigentes y amenazar con la militarización de su territorio” (p. 53).

En Honduras, la empresa Inversiones Los Pinares está protegida por los militares. Los militares imponen miedo y control social en los territorios en los cuales se han implementado proyectos. La militarización, el encarcelamiento y la criminalización mediática y judicial en el contexto de la pandemia por COVID-19 han limitado y reprimido la protesta social. Las empresas han aprovechado esta situación para avanzar con sus proyectos. Ante el cambio de régimen en Honduras, el movimiento social condensado en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, espera que la nueva administración discuta y evalúe los proyectos mineros y sus impactos ambientales que perjudican a las comunidades.

En México, la militarización y el despliegue de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional ha sido la respuesta del gobierno ante el aumento de los niveles de violencia en el país. En 2020 se inauguró la “Policía Minera” para la protección de las instalaciones mineras bajo el argumento de la necesidad de la reactivación de la minería ante la nueva normalidad. El Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han entrenado militarmente a efectivos federales. Cabe destacar que la SSPC tiene la responsabilidad de salvaguardar las instalaciones públicas y no las privadas.

De acuerdo con el gobierno mexicano, la “minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales” (p. 54). Así, el entrenamiento de efectivos protegería los intereses y recursos de las instalaciones mineras.

Asimismo, con el fin de apoyar a la industria minera, el gobierno mexicano anunció la especialización del Servicio de Protección Federal SPF. Mientras tanto, el sometimiento, la extorsión, el desplazamiento forzado y la violencia en contra de las comunidades que habitan las zonas mineras siguen en aumento, al mismo tiempo que se recortan los presupuestos para la protección ambiental.

Respuestas comunitarias esenciales

La defensa del territorio ha sido obstaculizada por el impacto económico de la pandemia y por la imposibilidad de realizar movilizaciones. Sin embargo, a pesar de los efectos de la pandemia y los riesgos sanitarios, de la profundización de las asimetrías entre las empresas y las comunidades y el aumento de la represión, la violencia, la criminalización y la militarización, las autoras sostienen que su “investigación también ha arrojado como resultado que la organización colectiva en defensa del territorio y los esfuerzos encaminados a trabajar y cuidar la tierra y salud colectiva, han sido más importantes que nunca” (p. 55).

En este contexto, Olivera y Moore señalan que “los más afectados son siempre la mejor defensa”. La lucha ambiental y en contra de la minería, también debe ser una lucha “antipatriarcal, anticolonial, antirracista, no puede seguir invisibilizando las voces y a [los] pueblos originarios” (p. 55), ya que son los más afectados y los que luchan con mayor fuerza.

La importancia de la organización comunitaria para prevenir daños a la salud por COVID-19 y la minería

A pesar de que en varias comunidades las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus generaron desarticulación de los movimientos, la organización comunitaria ha sido sumamente importante para cuidar la salud ante los daños mineros. Asimismo, el ejercicio de la autodeterminación, los procesos informativos permanentes y las experiencias de resistencia han sido igualmente importantes. Las respuestas gubernamentales, por su parte, han sido limitadas.

En Chiapas, México, la población fue la que tomó sus propias decisiones para gestionar su salud y prevenir la propagación del virus. De tal forma, las comunidades indígenas y campesinas decidieron cerrar sus asambleas y controlar la entrada y salida de personas. Sin embargo, las medidas aplicadas no fueron suficientes y los contagios y muertes fueron en aumento. A pesar de esto, el gobierno siguió proporcionando poca información sobre las medidas necesarias y las vacunas, por lo cual la población rural e indígena continuó siendo aún más vulnerable a los contagios.

Por otra parte, la organización social articulada en otros países como Panamá, Argentina y Chile fue fundamental para mantener la lucha en contra de la industria minera aún en el contexto de la pandemia. En los lugares en donde ya se encontraban proyectos mineros, la organización ha sido crucial para el autocuidado de las comunidades y para responsabilizar en alguna medida a las empresas por los daños ambientales causados.

El proyecto Cerrejón ha explotado carbón por décadas en la Guajira, Colombia, afectando y despojando de sus territorios a miles de personas. Ante estos hechos, la resistencia y la organización ha sido fundamental para exigir a la empresa en alguna medida la reparación de los daños, aunque en muchas ocasiones son daños irreparables.

En Espinar, Perú, la organización también ha sido vital para enfrentar los efectos de la pandemia. La Asociación de Defensoras del Territorio y la cultura K´ana se encargó en gran medida de los cuidados que se requerían durante la pandemia a pesar de las condiciones precarias y la falta de agua que, por si fuera poco, está contaminada con metales pesados.

La soberanía alimentaria y la importancia del territorio, tierra, agua y aire

De acuerdo con las autoras, “otro aspecto esencial que se reivindica es el valor del territorio y de las fuentes de agua como bienes comunes esenciales para resistir, frente a los daños generados por las empresas mineras” (p. 58). Estos recursos se encuentran en disputa y el acceso a ellos son esenciales para hacer frente a los estragos ocasionados por la pandemia por el COVID-19.

De tal forma, las resistencias buscan retomar “prácticas milenarias que garantizan formas de subsistencia que no degradan la naturaleza” (p. 58). No obstante, las resistencias se enfrentan a diversas dificultades, como el aumento de la violencia, el desplazamiento forzado, la contaminación de tierras por la industria minera y un mercado que sirve a los grandes agronegocios.

En Espinar, Perú, como consecuencia de la explotación minera, las formas de subsistencia en las comunidades se han debilitado. Las comunidades han resistido y sobrevivido por décadas a los impactos de la industria minera. Durante la pandemia, las comunidades han solicitado apoyos para la producción de alimentos para autoconsumo y así mitigar los efectos de la crisis económica. Ante este escenario, la empresa Glencore y el Estado tienen como objetivo que las comunidades dejen sus territorios a cambio de compensaciones.

En la Guajira, Colombia, como se mencionó anteriormente, muchas comunidades han sido desplazadas de sus territorios. Por esta razón, exigen “la recuperación de la tierra y las semillas” (p. 59).

En la región del Aguán, Honduras, las comunidades han promovido cultivos diversificados para hacer frente a la crisis alimentaria. Debido a que las grandes empresas cuentan con sus cadenas de distribución y una estrategia publicitaria que se consolida cada vez más, la estructura productiva campesina no puede participar en el mercado. En este contexto las comunidades han implementado una estrategia integral de cambio. La estrategia MILPA, busca que la producción alimentaria satisfaga las necesidades locales, al mismo tiempo que se lucha por los “territorios, el agua, la cultura, la salud, entre otros derechos fundamentales” (p. 59).

Por otra parte, en Chiapas, México, debido a la creciente preocupación por el aumento de casos de cáncer, enfermedades renales y las lesiones en la piel, el Frente Popular de Soconusco (FPDS) inició su resistencia para la protección de sus ríos que estaban siendo contaminados por la industria minera. Esta lucha ha generado conciencia sobre la salud socio-ambiental y en un contexto de pandemia, se torna crucial para construir formas de vida en equilibrio con su territorio y sus bienes naturales. En este sentido, de acuerdo con las autoras, es necesaria la deconstrucción de “un pensamiento de desarrollo hegemónico impuesto por el modelo extractivo y desafiar las estructuras de dominación de las cuales éste depende” (pp. 58-59).

Durante la pandemia, en varias regiones de México el control del territorio por parte de grupos delictivos y de las inversiones de las empresas aumentó. En la frontera sur del país se consolidó la conexión con el proyecto nacional del Corredor Transístmico “para la producción y exportación de monocultivos de mango y plátano, así como el aumento de plantas procesadoras de palma aceitera” (p. 59).

El FPDS convocó a las mujeres para capacitarse en el uso de medicina tradicional con el objetivo de fortalecer su organización ante las secuelas en la salud provocadas por la pandemia, la crisis económica y la desarticulación territorial para evitar el avance de las empresas. Con estas acciones el FPDS también buscó concientizar a la población del valor de los conocimientos comunitarios y los bienes naturales del territorio.

Flexibilidad, adaptabilidad y medios de comunicación de las organizaciones en pandemia

Las organizaciones recurrieron a estrategias de comunicación propias para continuar resistiendo, al mismo tiempo que se adaptaron y aprendieron nuevas formas de comunicación y tecnologías. Así, a pesar de las dificultades, algunas personas se podían incorporar a las luchas locales. No obstante, esta adaptación no fue posible en comunidades que eran mayoritariamente rurales, por lo cual los medios virtuales no fueron una alternativa para sustituir el trabajo informativo y organizativo de forma presencial.

En Chile, por ejemplo, las comunidades que se oponen al ingreso de la empresa Los Andes Copper en sus territorios, desarrollaron eventos virtuales mediante la plataforma de Facebook Live. De igual forma, realizaron marchas siguiendo los protocolos de bioseguridad y crearon una radio local con el objetivo de difundir los eventos y “promover la conciencia social sobre las posibles afectaciones del proyecto minero” (p. 60).

En Argentina, los movimientos que se oponen a la empresa Pan American Silver han destacado la importancia de generar alternativas de comunicación para informar a la población sobre lo que realmente está sucediendo en las comunidades.

En Brasil, las comunidades que resisten frente a la empresa minera Equinox Gold han encontrado alternativas para continuar con sus luchas sin importar la distancia geográfica. Al respecto, las autoras destacan un testimonio que evidencia que “la gente entiende que en la pandemia, las vivencias, el proceso de lucha, de organización es posible de hacerse y de continuar. Entonces la lucha es necesaria especialmente en estas coyunturas, necesitamos osadía, creatividad, disposición, energía, coraje para continuar construyendo la lucha” (p. 61). De igual forma, bajo el lema “¡La minería no es esencial, la vida sí!”, más de 100 organizaciones brasileñas han expresado su rechazo a los privilegios otorgados a la industria minera.

Conclusión

Sin duda alguna, las empresas mineras fueron favorecidas y fortalecidas por la coyuntura de la pandemia por COVID-19. Mientras tanto, hay un impacto desigual en los sectores sociales y económicos.

Las empresas mineras no interrumpieron sus actividades y las comunidades que buscan proteger sus territorios y recursos se han enfrentado a nuevos riesgos y amenazas. La desregulación de actividades y ajustes administrativos han favorecido a la industria minera en varios países de la región de América Latina. El avance de los proyectos mineros se ha justificado debido a la necesidad de “reactivación y recuperación económica”.

En este contexto, las luchas por el territorio se tornan más cruciales que nunca. Las resistencias a los proyectos extractivos buscan prevenir los daños irreversibles que causan las empresas. De igual forma, las comunidades han optado por defender y utilizar sus conocimientos y asì garantizar su soberanía alimentaria, salud comunitaria, el cuidado de su territorio, la naturaleza y la biodiversidad.

La resiliencia es necesaria ante un contexto como el de la pandemia. Algunas de las luchas y resistencias tuvieron que adaptarse al uso de las nuevas tecnologías; otras, reafirmaron y valoraron las formas de comunicación y prácticas sociales propias.

La expansión acelerada de los proyectos mineros obligó a muchas comunidades a reanudar sus reuniones informativas y así poder ejercer sus derechos a la autodeterminación para evitar costos mayores a largo plazo. Estas acciones por parte de las comunidades fueron realizadas a pesar de los riesgos implicados debido a la pandemia por COVID-19. Ante esta realidad, “no se puede ‘quedar en casa’ si esto significa perder el territorio, el agua, la fuente de vida y las formas de subsistencia”.