La transición democrática no se limitó a la deposición de gobiernos militares, ya que la consolidación de instituciones democráticas requería esfuerzos colectivos de diversos sectores, incluyendo sociales, políticos, empresariales, religiosos y, en algunos casos, militares. Las formas de construir estas transiciones fueron diversas, involucrando apoyo de células militares disidentes o movimientos rebeldes.

En la actualidad, la expansión de la influencia militar, tanto activa como retirada, en diversas áreas gubernamentales en América Latina indica la debilidad institucional y fragilidad en los procesos de transición. Esto se vincula con la intensa violencia en la región, donde las fuerzas militares desempeñan un papel central en las estrategias de seguridad pública. En este sentido, la intervención directa e indirecta de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad civil está relacionada con la resistencia y organización social contra la violencia criminal y del Estado.

Incidencia de la violencia en la militarización

La crisis de la deuda y la apertura económica a la inversión extranjera generó un intenso flujo de capital que transformó los mercados regionales. Lo que dio pie a la creación de canales comerciales regulados e irregulares. Estos últimos orientados a suplir los intereses de grupos criminales beneficiados por la desregulación comercial.

La democratización regional, producto de la globalización a nivel internacional, permitió el contacto social con procesos externos; pero que dificultaban el control y la operación de grupos militares. Por otro lado, el establecimiento de proyectos de explotación ambiental empobreció a las poblaciones marginadas, causando destrucción en el territorio y fractura del tejido social.

Debido a la creación de redes criminales y el aumento de la violencia en la región, se comenzaron a formar grupos de crimen organizado (GCO) con coordinación fortaleza económica, influencia política, capacidad tecnológica y armamento poderoso. La violencia de los GCO se distinguía por el uso de tácticas militares y de guerrilla, así como su presencia en espacios urbanos y rurales.

El pluralismo de la violencia se entiende cuando el Estado es incapaz de garantizar el monopolio de la fuerza. En su lugar, el Estado disputa el control del territorio e instituciones con GCO, ya que carece de la fortaleza para legitimarse socialmente. De manera que, como los objetivos de los GCO no son políticas, pueden organizarse con mayor facilidad con gobiernos, e incluso con fuerzas policiales y militares.

En México, los cárteles de narcotráfico han colaborado con políticos y militares para atacar a grupos adversarios. Con el fin de evitar conflictos directos de gran magnitud para mantener la capacidad de operación política, los gobiernos generan acuerdos con los GCO. Sin embargo, esto ha generado situaciones más complejas.

La justificación de los gobiernos por acrecentar la influencia militar en la seguridad civil se deriva de la incapacidad de las corporaciones policiales para enfrentar a los GCO. En este sentido, las fuerzas militares, al ser conscientes de la corrupción institucional, son más propensas a caer en el mismo problema. Por lo que, ante la falta de atención integral ciudadana, los militares son los que ejercen la violación de derechos humanos hacia la población más vulnerable.

Seguridad pública en manos de militares

Algunas actividades criminales son catalogadas como tal debido a su influencia mediática y política. Existen GCO cuyas acciones requieren de la intervención de fuerzas del orden. Sin embargo, hay otras situaciones en dónde es innecesario expandir las instituciones de seguridad, pues para enfrentar estos problemas es necesario corregir problemas estructurales como el empobrecimiento y la violencia de Estado.

Dado a la mediatización de los GCO, se ha justificado la expansión burocrática del uso de la fuerza pública. Con el objetivo de garantizar la seguridad, se da un proceso de militarización directa, la cual consiste en que el Estado delega la seguridad pública a cuerpos castrenses, erosionando controles normativos desde las autoridades administrativas civiles.

La "guerra contra el narcotráfico" en México ejemplifica la dinámica mediática y política utilizada para justificar la intervención militar. No obstante, en lugar de fortalecer a las fuerzas policiales civiles, se buscó expandir la presencia militar. De forma que, se multiplicaron conflictos sociales y la violación de derechos humanos, especialmente en la población que rechaza los proyectos y megaproyectos públicos y privados que se instalan en sus territorios.

Al menos 12 países en América Latina han empleado al ejército directamente para abordar problemas de seguridad civil o relacionados con grupos de crimen organizado. Estas naciones han pasado por etapas de dictaduras o regímenes militares antes de transitar a la democracia. En estos casos, se ha observado un aumento en la violencia, lo que ha llevado a que los grupos criminales adapten tácticas militares y viceversa.

En el caso mexicano, las fuerzas castrenses se han modificado en su modelo operativo, transformando las corporaciones policiales en grupos semimilitares. La creación de la Guardia Nacional en México es, por ejemplo, una forma de militarización indirecta. Este fenómeno se produce por la debilidad de organizaciones policiales frente a criminales comunes. Sin embargo, se han caracterizado por su tendencia hacia la represión ciudadana —grupos de choque— y su ausencia ante conflictos de crimen organizado.

A finales del siglo XX se empezó a fortalecer militarmente la policía en México. Con la creación de la policía federal y el uso de mandos militares se permitió el desarrollo de un organismo nacional que agrupara a todas las corporaciones estatales. En este sentido, se recurrió a militares para los procesos de entrenamiento; así también se comenzó a utilizar tecnología y armamento de uso exclusivo del ejército. Lo que ha dado como resultado una mayor facilidad del uso de fuerza letal y de violencia para cumplir sus objetivos.

Violencia sistémica en México

En este libro se recuperan varios casos en donde los grupos militares y policiacos entran en conflicto con la población civil debido a proyectos públicos y actividades extractivas, sobre todo en proyectos del sector minero, de hidrocarburos y de agua. Sin embargo, la población en resistencia a estos proyectos es estigmatizada de la misma manera que a los GCO.

En cambio, el uso excesivo de violencia contra la resistencia no ha generado resultados positivos, sino que ha aumentado el rechazo de la población. De forma que, en las áreas con intervención policial y militar se han multiplicado los crímenes y asesinatos de defensores de la naturaleza. Los proyectos que generan violencia se vuelven centrales en las estrategias gubernamentales para el desarrollo, legitimando el uso de la fuerza para garantizar su propia existencia.

La policía y el ejército se convierten en instituciones prioritarias para controlar a la población. En esta lógica, la policía se usa para control social, mientras que el ejército tiene un entrenamiento enfocado en eliminar objetivos de manera violenta. No obstante, el uso del ejército debe ser legitimado en el plan de acción del Estado, pues a menudo se presenta como responsable de labores humanitarias para aumentar su aprobación popular. Mientras que su accionar violento se muestra públicamente para demostrar que su actuar se justifica en la defensa de amenazas públicas.

El ejército está vinculado como recurso de coerción del Estado en diferentes niveles.
En el nivel económico, en la medida que actúe puede fomentar la inversión para aumentar su capacidad. En el nivel social, ya que su papel legitimador llega a reemplazar los programas sociales con el fin de crear cierta dependencia con la institución. Por último, en el nivel político, donde genera recursos económicos para la propia supervivencia del Estado.

Este libro aborda la militarización y el extractivismo en diversos megaproyectos en México, centrándose en análisis documental y teórico de la situación sobre la militarización en la Región. Se basa en datos obtenidos durante visitas de campo, entrevistas y observación directa en áreas conflictivas. Además, incluye análisis conceptuales y evaluaciones de la situación práctica en casos específicos de actividades extractivas.

Los capítulos exploran temas como la militarización en América Latina, la regulación normativa de las fuerzas armadas en México, el neodesarrollismo, los megaproyectos y la intervención militar en el pasado y presente de México. Además, se examinan casos específicos, como la resistencia en Puebla, los efectos de la militarización contra el robo de combustible y el conflicto con Industrias Peñoles en Sonora. La obra destaca la debilidad institucional evidenciada por el uso de la fuerza pública y aboga por el debate sobre la militarización debido a sus amplias implicaciones sociales, ambientales, culturales y políticas en México y América Latina.